EL AGUJERO DEBE SER CERO POR LEY EN 2013

Soria cuadra 'a martillazos' los 2.270 millones que necesita para acabar con el déficit de tarifa

José Manuel Soria se ha conjurado para cuadrar las cuentas del sector eléctrico en 2013, año en que, por ley, el déficit debe ser cero. Eso sí,

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Soria cuadra 'a martillazos' los 2.270 millones que necesita para acabar con el déficit de tarifa

José Manuel Soria se ha conjurado para cuadrar las cuentas del sector eléctrico en 2013, año en que, por ley, el déficit debe ser cero. Eso sí, por ahora sólo ha logrado hacerlo a martillazos. Y es que según consta en la "Memoria Justificativa" a la última orden de tarifas publicada por el Ministerio, de nuevo los costes sobrepasarán con mucho a los ingresos el año próximo, una brecha que el ministro salva con una partida de “ingresos extraordinarios” en el entorno de los 2.270 millones de euros. “Lo que no dice es de dónde van a salir esos fondos adicionales. Parece que se ha dejado así a la espera de ver cómo se soluciona”, explican fuentes del sector tras analizar la letra pequeña del documento.

Según el desglose de las cifras, los costes del sistema se situarán en 2013 en casi 20.374 millones de euros, un importe en el que llama la atención el gasto para primar las energías renovables, que roza ya los 9.100 millones de euros, casi la mitad de todo el desembolso. Por el contrario, los ingresos regulados apenas alcanzan los 14.844 millones de euros. Industria prevé compensar el desfase -de más de 5.700 millones- mediante los nuevos impuestos cargados sobre las compañías -3.000 millones- y con los ingresos por subasta de emisiones de dióxido de carbono -450 millones más-. Pero ni así le llega. Es ahí donde entran en liza esos 2.270 millones de ingresos extraordinarios que, según sugiere la "Memoria", podrían cargarse a los Presupuestos Generales del Estado.

“A lo largo de 2013 el sistema obtendrá otros ingresos, que se destinarán a cubrir parcialmente las partidas correspondientes al fomento de las energías renovables en el sistema eléctrico mediante la contribución de los Presupuestos Generales del Estado y la correspondiente a otros mecanismos de financiación”, reza la orden, un planteamiento para el que Soria no cuenta por ahora con el visto bueno del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyo plácet es imprescindible. De hecho, los pasados enfrentamientos entre ambos ministros -llevados incluso a la arena pública- no auguran una resolución fácil. Lo confirma que el PP planteara recientemente en el Congreso una enmienda para llevar a las cuentas públicas parte de las primas a las renovables y la retirara apenas días después.

Soria se metió sin ayuda en el laberinto al no relajar dentro de su reforma global del sistema las obligaciones de reducción del déficit que fija la ley. No en vano, parte de los técnicos del Ministerio eran partidarios de esa medida para ganar tiempo ante la magnitud económica del problema. Según contempla la disposición adicional vigésima primera de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, “a partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas sin que pueda aparecer déficit ex ante”. En roman paladino, déficit de tarifa cero el año próximo. La legislación aún concedía a Industria un margen de 1.500 millones en 2012.

Por ahora, Soria ya se ha puesto la venda. Y es que en ese esfuerzo de recaudar más y enjugar el agujero que se avecina debe entenderse la introducción de la tarifa progresiva vendida eufemísticamente por Industria como una fórmula “para impulsar un consumo de energía más responsable”. De hecho, aunque el Ministerio asegure que “el coste económico de la medida para los hogares no se prevé elevado”, las asociaciones de usuarios estiman que supone una subida encubierta del recibo. Por ejemplo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avanza que la reforma -que fija recargos suplementarios al kilovatio hora en función del consumo- encarecerá el recibo en un 3% para el consumidor medio y puede llegar al 7% en casos extremos. Eso supondría 200 euros más al año.

A este incremento hay que añadir la subida del 3% en el recibo de la luz a partir de enero, toda vez que la última subasta Cesur ha determinado un mayor coste interanual de la energía, del 6% a lo largo del último trimestre. A grandes rasgos, la tarifa eléctrica se compone en un 50% de la evolución de las materias primas y otro 50% viene dado por la actualización de los llamados peajes de acceso. El Gobierno ha decidido que mantendrá invariables los costes de estas infraestructuras trasladando sólo a los precios finales el importe de la energía, algo a lo que, por otra parte, está legalmente obligado. La moraleja de todo este sortilegio se resume en que, además de pagar más cara la electricidad, los ciudadanos van a seguir acumulando una deuda con el sector eléctrico. El Gobierno, por otro lado, intentará hacer malabarismos para presentar ante los mercados una cuenta equilibrada que, en realidad, nadie se termina de creer. 

El lastre de las renovables

El propio Ministerio admite abiertamente que al cierre de 2012 no va a poder cumplir las previsiones establecidas por ley. La previsión de déficit para este año recogida en la orden de tarifas se sitúa en 1.951,6 millones, más de 450 millones de desfase. Industria apunta a las renovables: “Es necesario destacar que las partidas que han tenido valores superiores a los esperados han sido las relativas a las primas del régimen especial, que de acuerdo al informe de octubre de 2012 de la Comisión Nacional de la Energía se espera que asciendan a 8.444 millones de euros”. En efecto, según la última liquidación facilitada por la CNE, el desembolso en energías limpias alcanzaba los 7.416,96 millones hasta octubre. De ese importe, la tecnología solar fotovoltaica recibió en primas 2.567,3 millones de euros, una tercera parte del total.

Los subsidios al régimen especial han sido tradicionalmente señalados por las grandes eléctricas como responsables del mencionado déficit de tarifa, un verdadero agujero negro para el sector. Las medidas de los Gobiernos para parchear la legislación y contener la creciente burbuja han chocado con los diferentes lobbies de energías verdes, que ven dichos intentos como cambios retroactivos que quiebran la seguridad jurídica. Sin ir más lejos, 70 firmas punteras en la industria solar remitían esta misma semana una carta al comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en la que criticaban abiertamente las restricciones a las primas acordadas en su día por el Gobierno socialista, así como la moratoria y el nuevo canon sobre la facturación de las instalaciones promovidos por el actual ministro de Industria.

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