Industria penalizará a los que más luz consuman para contener el déficit de tarifa

El Ministerio de Industria no logra cuadrar los números para atajar el déficit de tarifa. Y ya busca soluciones alternativas para ingresar más. Según consta en el borrador de orden ministerial de peajes eléctricos a partir del 1 de enero de 2013 remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el departamento de José Manuel Soria aplicará a partir del año próximo un nuevo peaje progresivo a la Tarifa Último Recurso (TUR), por el que los consumidores domésticos tendrán cinco tramos de consumo ,y unas diferencias de precios entre el primero y el último del 700%.

El peaje progresivo se aplicará a partir de los 3 kilovatios (kW) de potencia, de modo que dejará fuera a los hogares acogidos al bono social, así como a muchas segundas viviendas con consumos generalmente bajos. A partir de este umbral y hasta los 10 kW, habrá siete perfiles de consumidor, cada uno de ellos con cinco tramos en función del consumo. 

En la memoria que acompaña a la orden ministerial se indica que el objetivo de los nuevos peajes progresivos es "establecer medidas que incentiven el consumo responsable de energía a través de la introducción de una progresividad en los precios de los peajes de acceso". El coste económico será mayor para los usuarios con consumos superiores a la media, si bien el impacto para los hogares "no se prevé elevado", señala Industria.

En todo caso, la orden ministerial congela los peajes eléctricos, como había anunciado el ministro José Manuel Soria, de forma que la revisión de la tarifa en enero dependerá únicamente del resultado de la subasta eléctrica del próximo 21 de diciembre. La previsible subida en esta puja tendrá un peso cercano al 50% sobre la tarifa final. Industria señala en la memoria económica que la subida "nula" de peajes no provocará "alteraciones sobre el IPC" ni "por tanto, sobre la competitividad de la economía española".

Por otro lado, la orden ministerial vuelve a dar un año de plazo a los consumidores con potencias superiores a 10 kilovatios (kW) para la firma de un contrato de suministro en el mercado libre. Estos consumidores, generalmente Administraciones públicas y empresas, disponían de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para pasar al mercado libre si no querían exponerse a recargos cercanos al 20% en su recibo.

Esta exigencia se había convertido en un problema para algunas Administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, que se encuentran acuciados por la falta de recursos económicos y que tienen mucha dificultad para encontrar un suministrador eléctrico a precio competitivo. Por otro lado, Industria ha recogido en sus previsiones de costes del sistema eléctrico las sentencias del Tribunal Supremo en las que se exime a las eléctricas de financiar el mecanismo del bono social. 

De esta forma, serán los consumidores eléctricos, mediante la tarifa, los que costeen esta medida apoyo a colectivos vulnerables. En concreto, Industria ha recogido un coste de 161 millones de euros imputable a la tarifa de 2012 relacionada con el bono social, así como de 187 millones de euros para el ejercicio 2013.