Más de 70 firmas solares atacan el 'tasazo' retroactivo de Soria en una carta a Bruselas

La retroactividad en el sector fotovoltaico compromete la confianza en Europa y su capacidad para atraer inversiones. Así de contundentes se muestran más de 70 firmas punteras en la industria solar en una carta remitida esta semana al comisario europeo de Energía, Günther Oettinger. La misiva –que hace especial hincapié en la situación que viven las empresas en España- no sólo critica abiertamente las restricciones a las primas acordadas en su día por el Gobierno socialista, sino que cuestiona la moratoria y el nuevo canon sobre la facturación de las instalaciones promovidos por el actual ministro de Industria, José Manuel Soria.

“Se está considerando la adopción de medidas retroactivas en España. En octubre de 2012 se propuso la adopción de una tasa de un 7% de sus ingresos a los productores de electricidad, discriminando a los productores de energías renovables y favoreciendo a los operadores convencionales (…) Sin mencionar la serie de moratorias que se han puesto en marcha en varios países, como España y Portugal en la actualidad o Francia en el pasado”, reza el documento. También se recuerda al comisario que a finales de 2010 se “adoptaron medidas retroactivas sobre todas las inversiones fotovoltaicas, limitando el número de horas que pueden operar para recibir primas”.

Entre las compañías que suscriben la declaración –canalizada por la Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea (EPIA, por sus siglas en inglés)- se encuentran gigantes como General Electric, Enel Green Power, Saint-Gobain Solar, Sunpower, DuPont Photovoltaic Solutions, Applied Materials, Infineon o Kyocera. “Pedimos una reacción decidida a estas decisiones y que se recurra, cuando proceda, a todos los medios legales a disposición de la Comisión Europea para detener esta tendencia, que amenaza el clima de confianza que necesita Europa para atraer inversiones”, solicita el documento, que además reclama que las planificaciones energéticas de los diferentes países obvien cualquier veleidad retroactiva.

Según la última liquidación facilitada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la tecnología solar fotovoltaica recibió en primas hasta octubre 2.567,3 millones de euros, una tercera parte de los 7.416,96 millones que se embolsaron el conjunto de las renovables. Los subsidios al régimen especial –que suponen casi la mitad de los costes del sistema- han sido tradicionalmente señalados por las grandes eléctricas como responsables del agujero que acumula el sector, el denominado déficit de tarifa. Los intentos de los Gobiernos para parchear la legislación y contener la creciente burbuja han chocado con los diferentes lobbies de energías verdes, que ven dichos intentos como cambios retroactivos que quiebran la seguridad jurídica.

Proyectos a pique

La carta –firmada por el presidente de EPIA, Winfried Hoffmann- detalla los países en los que, en opinión de la asociacion, se están tomando disposiciones retroactivas. Y se cita a República Checa, Bulgaria, Grecia, Bélgica y Francia. “Se trata de medidas que dañan el clima de inversión en general y para las renovables en particular, no sólo en los países donde se toman, sino también en toda Europa. Incluso más allá de Europa puede desarrollarse un sentimiento negativo general sobre la fiabilidad de las decisiones políticas europeas”, expone el documento, que advierte del “innecesario coste del capital” que tendrán que afrontar las empresas privadas para financiar este tipo de proyectos y de que los objetivos de energías limpias para 2020 están “seriamente en peligro”.

La seguridad jurídica en el sector energético era una de las principales inquietudes de José Manuel Soria al llegar al cargo. No en vano, una quincena de fondos ya han denunciado a España ante un tribunal de arbitraje internacional por las medidas sobre el sector fotovoltaico adoptadas en época de Miguel Sebastián. Sin embargo, no parece que la incertidumbre de los inversores internacionales se haya disipado. Precisamente, la semana pasada, el embajador estadounidense en Madrid, Alan D. Solomont, se dirigía en conference call a unas 40 multinacionales norteamericanas para explicar la situación real de España. Entre las empresas presentes, la propia General Electric. A este respecto, las firmas de EEUU no dejaron de expresar sus dudas por los problemas regulatorios en sectores como la energía.

El argumento del Ejecutivo socialista se centraba en que la retroactividad denominada impropia, que cambia las reglas de juego pero no obliga a devolver las primas ya concedidas, tiene sostén jurídico. De hecho, el Tribunal Supremo avala esta fórmula si mantiene la garantía legal de una “retribución razonable” para las inversiones realizadas. Precisamente, para evitar esos planteamientos nacionales los fondos foráneos prefirieron canalizar su demanda a través del arbitraje internacional. “Las posibilidades de que el fallo responda a un proceso más independiente y diligente son mucho más altas”, exponían entonces fuentes jurídicas. Desde otro despacho se recordaba que “los fondos buscan evitar la jurisprudencia española. Es en ese marco donde pueden encontrar un área mayor de confort y principios mucho más abstractos”.