Los despachos presionan a Montoro para que prorrogue la amnistía fiscal un mes

Los grandes despachos de derecho tributario están presionando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que retrase el fin de la amnistía fiscal un mes, hasta el 31 de diciembre, porque están literalmente colapsados con las solicitudes de regularización de sus clientes. El departamento mantiene oficialmente una negativa tajante a esta prórroga, pero en privado algunos altos cargos se han mostrado receptivos, según fuentes conocedoras de la situación; la posibilidad de incrementar la recaudación es muy apetitosa en un momento en que se plantean nuevos endurecimientos fiscales como el de los blindajes.

"Es lógico que Hacienda esté negando que vaya a haber prórroga para que los que se lo estén pensando se decidan de una vez y se den prisa", explica una de las fuentes. En cambio, otra asegura que "desde Hacienda han animado a algunos despachos a que presionen para que se prorrogue la amnistía porque es posible que logren convencer al ministro". "No hay ninguna razón técnica para no prorrogarla, pero en todo caso no lo anunciarán hasta el último minuto", explica una tercera.

El principal argumento a favor de la prórroga es la posibilidad de incrementar la recaudación en ese plazo extra de un mes (en ningún caso se prolongaría más allá del 31 de diciembre). Una posibilidad que pesa mucho cuando el Gobierno está tratando de recaudar de donde sea, lo que ha provocado que incumpla su promesa electoral de no subir impuestos e incluso que esté preparando nuevas figuras tributarias como la 'tasa Tobin' o el impuesto a las indemnizaciones millonarias de los altos directivos. Además, dentro de la Agencia Tributaria se siguen quejando de que la recaudación por la regularización sigue siendo muy escasa.

Como informó El Confidencial, la amnistía va a atraer a muchos defraudadores pero las cantidades que se van a recaudar no serán muy elevadas, porque el recargo del 10% no se va a aplicar sobre todo el patrimonio regularizado, tal como se pretendía inicialmente, sino sólo sobre el generado a partir de 2008; el anterior se considera prescrito y no tendrá que pagar por regularizarse. Algunas fuentes consideran que, si se amplía el plazo, la recaudación de la regularización fiscal puede crecer hasta en un 25%.

Pero, además, hay un argumento jurídico que permitiría salvar la cara a Hacienda después de las negativas de los últimos días. Se trata del segundo informe de la Dirección General de Tributos sobre la regularización, en que se despejan las últimas dudas sobre cómo hay que acogerse a ella (por ejemplo, no incluye los fondos de inversión en paraísos fiscales). Este informe se publicó a finales de octubre, y el Ministerio podría escudarse en que muchos interesados en regularizar no han tenido prácticamente tiempo después de que se publicara para poner en orden sus cuentas. Asimismo, la nueva Ley de medidas antifraude que se aplicarán a quienes no acudan a la amnistía ha entrado en vigor este mismo mes.

Convencidos a última hora

Muchos defraudadores que inicialmente eran reacios a acudir a la amnistía se han convencido con el tiempo de que era la mejor opción. Y ahora se les echa el tiempo encima. En primer lugar, se han convencido por las seguridades que ha dado el Gobierno respecto a la confidencialidad de sus declaraciones y a que no va a inspeccionar a quienes regularicen voluntariamente. En segundo lugar, por el endurecimiento de las medidas antifraude a partir del próximo año, como la obligación de presentar una declaración de patrimonio en el extranjero o la no prescripción del dinero oculto en paraísos fiscales.

Finalmente, les ha animado el rechazo de la Audiencia Nacional a suspender cautelarmente la amnistía como solicitaba el PSOE; ahora, su recurso se verá en el Constitucional, cosa que ocurrirá dentro de varios años, y sería muy raro que este Tribunal tumbe unas situaciones consolidadas que se basaban en la confianza legítima.

Esta oleada de adeptos a la amnistía es lo que ha colapsado los despachos de asesores fiscales. Y no sólo a ellos. Algunas de las fuentes citadas aseguran que los bancos también están hasta arriba de trabajo para suministrar toda la información que necesitan para poder presentar la declaración excepcional. Además, en muchos casos esta información ha cambiado de oficina por el cierre de sucursales acometido por muchas entidades en proceso de fusión, o incluso la persona que la conocía ha sido objeto de un ERE, lo cual complica todavía más esta tarea.