El gas carga contra Red Eléctrica por vetar el cierre de ciclos combinados en pérdidas
Centrales sin utilizar por falta de demanda eléctrica, más impuestos a la generación… La crisis y la última reforma energética del Gobierno amenazan con empezar a
“¿Candidatos a cerrar? Hay que preguntar a REE y que diga cuáles son los que se pueden cerrar y cuáles no. Su respuesta hasta ahora está siendo que no puede prescindir de ninguno. Y no es una decisión propia del ciclo, sino que se precisa una autorización administrativa. En los próximos meses veremos, pero no me puedes obligar a perder dinero”, zanjó Margarit. Se trata, en todo caso, de consultas preliminares, sin que de momento se haya producido ninguna petición formal, como matizó Sedigás y confirmaron las empresas consultadas. La responsable de la asociación, que incluye a las grandes compañías del sector, llegó a apuntar que habrá firmas que se planteen trasladar sus plantas a otros países.
Las eléctricas han culpado tradicionalmente del parón de sus ciclos al boom de las renovables, que tienen prioridad de entrada en el sistema y detienen esas instalaciones, que quedan como mero back-up o respaldo para garantizar el suministro. Eso sí, la pelea de las compañías en los últimos años ha pasado porque se les retribuya la disponibilidad por si las energías limpias fallan. Lo consiguieron en la última parte del mandato del PSOE, con Miguel Sebastián al frente del Ministerio. De hecho, el extitular de Industria no sólo incrementó los denominados pagos por capacidad para cubrir picos de demanda, sino que incluyó como receptor de los mismos a las centrales hidráulicas.
Claro que la alegría no fue completa. Y es que fue precisamente esa una de las partidas que tocó José Manuel Soria nada más llegar al Ministerio, apenas meses después, en su intento de atajar un déficit de tarifa fuera de control, superior a los 24.000 millones. El ministro redujo esos pagos por garantía de suministro en un 10%, en volumen unos 84 millones de euros. El argumento esgrimido desde el frente contrario, desde tecnologías como la fotovoltaica o la termosolar, es que nadie obligó en su día a compañías como Gas Natural a acometer ingentes inversiones en ciclos combinados y que deben asumir el riesgo de ese desembolso.
En este escenario, la cuestión es cuánto pueden –o quieren- resistir las empresas. Como adelantó El Confidencial en abril, GDF Suez Energía España se planteaba entonces desinvertir en España ante el caos regulatorio en que se mueve el sector y a la vista del desempeño de sus ciclos combinados. “En Cartagena [el factor de carga] está en un 9%, mientras que la de Castelnou está parada”, se lamentaba Loreto Ordóñez, consejera delegada de la firma en España. Hace apenas un mes, la compañía cumplía su amenaza y ponía a la venta parte de sus activos en la península. La compañía gala encargaba a Société Générale la búsqueda de inversores para adquirir el 51% de sus dos ciclos y sus cuatro parques eólicos en un plan de desinversiones de 3.000 millones.
Falta de planificación energética
“Es verdad que estamos en uno de los momentos de mayor exceso de capacidad. Pero lo que no se entiende bien es que se sigan primando proyectos termosolares y tengamos ociosa capacidad instalada más barata, como es el caso de los ciclos combinados –argumentan fuentes del sector-. Si se plantean solicitudes para cerrar estas instalaciones, lo normal es que REE realice un informe de la zona y decida si es necesario su mantenimiento para garantizar el suministro, que es lo primero. Otra cosa es que se eche de menos una planificación energética. Vivimos en la incertidumbre sobre la incertidumbre”. Fuentes de REE no aclararon a este diario si existe un procedimiento tasado para responder a una demanda de cierre.
Margarit añadió que las instalaciones de cogeneración también están en peligro, incapaces de soportar el nuevo impuesto del 6% a la producción eléctrica, al que se une el céntimo verde del 7% para el gas. Su esperanza es que el Gobierno acceda a rebajar ese gravamen “al mínimo de la directiva europea” durante la tramitación de la norma en el Senado. Según expuso la secretaria general, el impuesto supone “cuatro veces” ese umbral mínimo. “La subida de ese coste va a suponer el cierre o la deslocalización”, remató, al tiempo que se quejaba de que el sector del gas aportará el 24% de la recaudación vinculada a los nuevos tributos. Y zanjó: “La reforma no es una reforma. Es un proyecto de ley recaudatorio. De hecho, se sigue generando déficit”. Y, con el problema de fondo intacto, vaticinó una segunda reforma fiscal el año próximo.
“¿Candidatos a cerrar? Hay que preguntar a REE y que diga cuáles son los que se pueden cerrar y cuáles no. Su respuesta hasta ahora está siendo que no puede prescindir de ninguno. Y no es una decisión propia del ciclo, sino que se precisa una autorización administrativa. En los próximos meses veremos, pero no me puedes obligar a perder dinero”, zanjó Margarit. Se trata, en todo caso, de consultas preliminares, sin que de momento se haya producido ninguna petición formal, como matizó Sedigás y confirmaron las empresas consultadas. La responsable de la asociación, que incluye a las grandes compañías del sector, llegó a apuntar que habrá firmas que se planteen trasladar sus plantas a otros países.