El Gobierno poda el sector público y lo deja con un presupuesto de ‘guerra’

Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, lo dejó ayer meridianamente claro. ‘Lo primero es el déficit; lo segundo es el déficit, y lo tercero, también es el déficit’. Y con esta declaración de principios, parece coherente que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no sólo sea el más restrictivo de la democracia, sino que, además, deja al Estado al borde de la inanición.

En particular, algunas partidas como las inversiones reales o las transferencias de capital. En el primer caso, el descenso es del 19,6%, y en el segundo -destinado a dar cobertura económica a las empresas públicas- del 46,4%. Tanto recorte explica que la financiación para programas de investigación caiga un 34%; las ayudas para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, un 31%, mientras que el dinero destinado al Fondo de Compensación Interterritorial, descienda un 37%.

Hay, incluso, partidas que se quedan sin asignación presupuestaria. Por ejemplo, el cumplimiento de lo que establece el Estatuto de Cataluña sobre inversiones, que en 2011 tuvo una dotación presupuestaria de 950 millones y en 2012 de cero euros. Como se lee.

Lo mismo sucede con la asignación destinada a compensar los extracostes generados por el sistema eléctrico de Canarias y Baleares, que también pasa de 256 millones a cero. No se salvan ni las ayudas a la construcción naval (-21%) ni las subvenciones a las regiones mineras (-79%) ni los convenios para conservación de carreteras (-62%), ni siquiera el capítulo de becas y ayudas a estudiantes, que cae un 11,6% pese a que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria aseguró el viernes pasado que se mantendrían en 2012. No ha sido así.

Tampoco se salva el capítulo de inversiones reales en capítulos como infraestructuras (-2,5%), defensa (-35,4%), I-D-i civil (-13,9%) o seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias (-29%).

La causa de tanto recorte tiene que ver, lógicamente, con la anemia del Estado, que dispondrá este año para gastar (excluida la financiación territorial, las obligaciones de ejercicios anteriores y las aportaciones al Mecanismo de Rescate de la UE) de 122.083 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 9,6%. Sin embargo, generará un déficit equivalente a 36.976 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 3,5% del PIB.

Una financiación insuficiente

Quiere decir esto que, pese a la subida de los impuestos (algo más de 12.300 millones de euros), el Estado sólo será capaz de cubrir algo más de las dos terceras partes del gasto público. El resto lo tendrá que financiar acudiendo al mercado.

¿Y a dónde va tanto dinero? Por primera vez, el servicio de la deuda se convierte en la partida más voluminosa del Estado. Nada menos que 28.913 millones de euros se destinarán a gastos financieros. La segunda asignación más elevada se destina a desempleo, 28.805 millones, de los que casi la mitad se financiación con aportaciones del Estado, el resto con cotizaciones sociales.

La tercera partida por tamaño va dirigida a pagar las nóminas de los empleados públicos del Estado (599.900), que se come 27.339 millones. Esto significa que nada menos que 85.057 millones  -de un presupuesto no financiero equivalente a 122.083 millones excluida la financiación de las AATT- se destinan a esas tres partidas.

Incluyendo no sólo las operaciones corrientes (personal, gastos financieros o gastos de funcionamiento), sino también las operaciones de capital (inversiones reales y transferencias de capital), además de las operaciones financieras (emisión de activos y de pasivos), el gasto total del Estado se situará este año en 214.701 millones. Pero si se añaden los presupuestos de los organismos autónomos, la Seguridad Social, las agencias públicas y las transferencias internas entre administraciones, las cuentas públicas ascienden a 362.115 millones. O lo que es lo mismo, alrededor del 36% del PIB, a lo que hay que sumar el gasto de las comunidades autónomas y las corporaciones locales.