Soria pone a las eléctricas en guardia tras anunciar una subida del 7% en el recibo de la luz

El revés electoral sufrido por el PP en Andalucía debilita al Gobierno en una semana en que tiene que tomar decisiones clave en un sector estratégico como el eléctrico. Un escenario que complica todavía más el panorama para las compañías, que ya tienen asumido un duro rejón a los ingresos que perciben anualmente por distribuir la electricidad. Y es que los analistas apuntaban ayer que el traspié en los comicios puede inducir al Ejecutivo a refugiarse en medidas “populistas”, véase más dañinas para las empresas. Sobre todo cuando el ministro, José Manuel Soria, anunciaba hoy una fuerte subida de la luz y tiene que demostrar que todos aportan. Incluidas las eléctricas. El Ministerio enseñará esta semana parte del paquete de reformas que prepara para atajar el déficit de tarifa.

De momento, el propio titular de Industria anunciaba esta mañana que el recibo de la luz subirá aproximadamente entre un 5% y un 7% a partir del 1 de abril. En declaraciones a Antena 3, Soria recordó que este incremento en la factura de la luz viene impuesto por un auto del Tribunal Supremo en el que se obliga a refacturar los consumos de más de 20 millones de clientes desde octubre del año pasado para recoger los costes reales del sistema eléctrico. Incluso añadió que, para recoger todos estos costes, la luz debería subir un 40%, algo que descartó porque los consumidores "no pueden soportar toda la carga del desajuste que hay entre los ingresos y los costes" del sistema eléctrico. "Yo creo que se puede pensar que vamos a estar en el entorno de un 5% a un 7%", remachó.

Desde las compañías, sin embargo, se negaba ayer la mayor y se restaba importancia a esa hipótesis. “Puestos a tomar medidas populistas, podían haberlas tomado antes. Ahora ya no tendría ningún sentido, el daño electoral está hecho. Sería una reflexión muy poco inteligente por parte del Gobierno. Además, se trata de disposiciones que llevan trabajando muchas semanas, no van a retroceder ahora”, se aseguraba desde una firma, bajo condición del anonimato. Las empresas también cuestionan abiertamente la utilidad de rebajar la remuneración a la distribución, y se advierte que cualquier modificación de esas partidas comprometerá las inversiones futuras.

“No solucionan nada. Si tocan por ahí, lo único que van a hacer es que las empresas no inviertan en redes y que se reduzca la calidad del suministro a medio plazo. Hablamos de un actividad muy intensiva en capital”, zanjaban. Desde otra de las compañías afectadas se dejaba claro que el sector “es lo suficientemente técnico como para que no quepa demasiada creatividad”. En este sentido, se añadía que las medidas no pueden depender de cuestiones electorales y sí de reflexiones técnicas. “Eso sí, lo más relevante de esos informes es que enlazan con la incertidumbre y la preocupación que los analistas tienen sobre el futuro del sector en España”, remachaban, insistiendo en que es necesario tener un marco legal estable más pronto que tarde.

Guardar las formas

Por ahora y a la espera del real decreto que llegará el próximo viernes, se guardan las formas. Precisamente ayer coincidieron todas las partes en la entrega de los XXIII Premios de la Energía, acto en que se agasajó a Pedro Rivero, ex presidente de Unesa, y en el que el ministro esbozó las líneas maestras de la reforma que prepara el Ejecutivo. Sobre todo dejó claro que se cumplirá el calendario y no habrá déficit en 2013, pese a que se había especulado con la posibilidad de que el gabinete Rajoy se diera más tiempo para poner el contador a cero. “El ambiente fue normal, no se respiraba especial tensión”, templaba gaitas uno de los asistentes. Y eso que los contactos entre Ministerio y compañías están actualmente rotos, pese a los acercamientos de las últimas semanas.  

Según datos del año 2011, las eléctricas recibieron una retribución por distribuir la electricidad de 5.462 millones de euros, una tercera parte del total de los costes de acceso. Este año se quedan en los 5.093, según datos del BOE. La estimación que hace el Sentander pasa por un ajuste de 700 millones de euros, por encima del 10% del total. La más afectada, Endesa, dejaría de ingresar 309 millones. Le sigue Iberdrola, con un impacto de 237,9 millones. Se trata del 1% y el 3% de sus respectivos beneficios bruto de explotación (ebitda).