Industria negocia de urgencia con las eléctricas ante la inminente subida de la luz

Las urgencias han llegado por fin al Ministerio de Industria tras un trimestre perdido en ponerse al día. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) alteraba el pasado viernes la calma chicha en la que vivía el ministro José Manuel Soria al publicar su informe con las medidas para atajar el déficit de tarifa. Era sólo el principio. El Tribunal Supremo terminaba de romper el impasse esta semana, al obligar al Ejecutivo a subir la luz para recoger los costes reales de los peajes con efectos 1 de enero. Ante esta nueva situación, el Ministerio ha retomado los contactos con las eléctricas, que hasta ahora habían estado excluidas de los planes de un departamento casi bunkerizado. Soria necesita acompañar el alza de la electricidad de medidas que demuestren que todos aportan. Incluidas las empresas.

“No se trata de encuentros conjuntos con las compañías. La idea es irse viendo con ellas una por una”, explican fuentes del sector. El propio secretario de Estado, Fernando Martí, tenía previsto reunirse ayer con representantes de las eléctricas. Desde el entorno de una compañía se va más allá y se constata que “se están produciendo contactos estos últimos días”, si bien los desligan de la sentencia del Supremo. En todo caso, este acercamiento supondría un giro a la política mantenida hasta ahora por el Ministerio, después de que las propias firmas se hayan quejado sotto voce de que no tenían interlocución alguna con Industria. “Las eléctricas están desesperadas porque no saben nada de lo que hace el Gobierno”, aseguraban recientemente estas fuentes.

Soria no cambia el paso por casualidad. El tiempo apremia y las cosas se han complicado mientras él diseñaba apaciblemente su plan. Su Ministerio trabajaba en la revisión de las tarifas del segundo trimestre, que entran en vigor el 1 de abril. Tras congelar el recibo en el arranque de año, el sector esperaba una subida en el segundo envite del ejercicio para evitar que el déficit se disparara, rumbo a los 5.000 millones a final de año. La sentencia del Supremo lo cambia todo, en tanto incluso fuerza al Gobierno a revisar la orden de peajes de enero. Según explican fuentes conocedoras de la situación, el ministro sabe que la subida de la luz –y el rejón a los consumidores- es inevitable y busca acompañarlo de otras medidas que mitiguen el coste social de incrementar la factura de la luz en plena crisis económica y después de que el Ejecutivo arrancara la partida con una subida de impuestos.

Todas las opciones sobre la mesa

¿Qué medidas están sobre la mesa? Lo cierto es que, a día de hoy, casi todas. El ministro ha dejado pocas pistas sobre su hoja de ruta. Sí ha insistido en que no habrá una quita para las eléctricas. También ha dejado claro que la carga tendrán que asumirla a partes iguales operadores, consumidores y administración. Fuera de ahí, Industria maneja propuestas varias y diversas combinaciones de medidas. Una tasa general a la generación en función de determinadas variables generaría ingresos extra y evitaría el agravio de introducir gravámenes en función de la tecnología. Tampoco se descarta alargar el plazo para acabar con el déficit, cuya eliminación está inicialmente fijada para 2013. Ni siquiera se evita el céntimo verde impulsado por la CNE.

Eso sí, el escollo que afronta es fenomenal. Y no tanto por los 24.000 millones que se adeuda a las compañías por el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre el precio de la luz que paga el consumidor en la factura y el coste real de producir la electricidad. El principal problema es que la bola sigue creciendo. Según los cálculos del sector, la brecha podría alcanzar este año los 5.000 millones de euros, lejos de la obligación de 1.500 establecida por ley. Tampoco ayuda que cada uno de los lobbies que en estos días lanzan sus propuestas para acabar con el agujero tarifario tengan muy claro qué pueden aportar los demás, pero eviten pronunciarse sobre las concesiones que les caben. “Lo único que podemos hacer por el déficit es cobrarlo”, aseguraba la semana pasada el presidente de la patronal eléctrica (Unesa), Eduardo Montes.

El informe de la CNE fue un impulso a esa pretensión de las compañías, al no recoger ni quitas ni nuevas tasas a nucleares o hidráulicas. Es más, el regulador adoptaba alguna de las propuestas de las empresas. Por ejemplo, la aplicación de un impuesto sobre el gas natural y los carburantes para que carguen con parte del coste que suponen las primas a las renovables y la cogeneración, así como que se elimine el sistema de incentivos al uso de carbón. También apostaba por incrementar los peajes de acceso entre el 2-3% anual hasta 2015 o 2016, para que el impacto en la factura fuera lo más suave posible. Subrayaba que, de no realizarse estas subidas progresivas, sólo en 2012 haría falta subir el 35,5% los peajes, la parte del recibo de la luz que remunera los costes regulados y que supone en torno a la mitad del recibo.

También el Supremo avalaba las tesis de las empresas, al aceptar las medidas cautelares solicitadas por Endesa e Iberdrola en sendos recursos contra la congelación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz en enero. En uno de sus autos, la sala tercera del Alto Tribunal considera insuficiente el aumento de peajes del 10% en enero, medida con la que el Gobierno lograba congelar la tarifa tras bajar el coste de la energía en un porcentaje similar. En su solicitud de cautelares, Endesa pedía que se reconozca un desajuste temporal de 904 millones de las actividades reguladas de 2011, así como 116 millones correspondientes a 2012. La sentencia obliga al Gobierno a elaborar una nueva orden de peajes con efectos a partir del 1 de enero para recoger el nuevo escenario.