El Gobierno aprueba el proyecto de Ley del Juego, que contempla gravar con impuestos el juego online

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Juego, que regula el sector, establece medidas de protección para los colectivos más sensibles, como los menores o las personas con ludopatía, y crea nuevos impuestos que gravarán la actividad de las empresas de apuestas 'on line', que hasta ahora no tributaban, y nuevas licencias para los operadores.

Cuando se apruebe la Ley, estas casa de apuestas tendrán que tener una licencia para operar en España, como la de los casinos y bingos, y comenzarán a pagar impuestos, que irán a parar en su mayor parte a las comunidades autónomas, que tienen atribuidas las competencias, según adelantó el director general de LAE, Gonzalo Fernández, en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

En concreto, fuentes del sector señalan que cada comunidad autónoma recaudará los impuestos generados por los usuarios que apuesten desde su territorio, cualesquiera que sea la página web en que se metan, siempre que tenga licencia para operar en España. Mientras, el Estado recaudará lo generado por los usuarios que jueguen en páginas web de operadores con licencia en España desde fuera del territorio español.

Para evitar que las páginas de apuestas traten de burlar el pago de estos nuevos impuestos operando desde servidores instalados en otros países, el proyecto de Ley del Gobierno contempla actuaciones para cortarles los ingresos a través de los intermediarios, como los medios en que se anuncian, las entidades financieras a través de las que los jugadores pagan sus apuestas o incluso tratando con los propios operadores de telecomunicaciones.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que la nueva Ley viene a regular "una realidad muy distinta a la que conocía la legislación anterior" y ha subrayado que el proyecto ha sido pactado con las comunidades autónomas, que tienen transferidas la mayoría de las competencias en materia de juego y recibirán la recaudación de los nuevos impuestos sobre las apuestas 'on line'.

Asimismo, Rubalcaba ha señalado que el Ejecutivo ha aprovechado esta ocasión para dar rango de ley a la normativa básica que rige la ONCE para que tenga "una normativa lo más estable posible", por lo que, a su juicio, la organización "queda reforzada" con esta norma, que el Gobierno ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, las únicas actividades reguladas eran las del juego presencial, como casinos o bingos, que se rigen por leyes autonómicas y pagan impuestos en cada autonomía. Además, la actividad de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE también están controladas por sendas normas que les otorgan ciertos privilegios, como la capacidad de explotar en exclusivo algunos juegos, como la lotería.

Sin embargo, hasta el momento no existía una ley de carácter estatal que regulara el sector en su totalidad y tampoco había ninguna norma que contemplara la existencia de las empresas de apuestas por Internet, a pesar de que este tipo de casas de apuestas llevan tiempo operando en España y tienen una importante influencia en otros sectores.

Así, cada año estas compañías invierten en publicidad y patrocinios más de 100 millones de euros, según diversas asociaciones de empresas, y el año pasado obtuvieron unos beneficios con su actividad en España de alrededor de 315 millones de euros. Para el Ejecutivo, algunas de estas actividades de juego electrónico aparecidas en los últimos años "se han venido desarrollando en circunstancias que no cumplen los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto las explotación de los servicios de juego".

La Ley del Juego también supondrá dar más competencias a la Comisión Nacional del Juego, que se convertirá en un órgano encargado de supervisar el sector y aplicar las sanciones que contempla la ley, y al Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado en el que estarán presentes las CC.AA. y el Gobierno, que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.