La industria solar recurrirá ante el Supremo por las medidas retroactivas de Sebastián

La batalla sigue abierta. Las distintas patronales que representan al grueso de la industria fotovoltaica trabajan con sus asociados para presentar una oleada de recursos ante el Tribunal Supremo por la última medida del Ejecutivo, aprobada el pasado 20 de Noviembre, según la cual rebajarán de las primas un 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para las de techo, limitando además el derecho a la ayuda a los 25 años de vida útil de la instalación.

 

Este nuevo marco regulatorio recogido en el nuevo Real Decreto 1565/2010 ha sido considerado retroactivo por todas las patronales -Asif, AEF, APPA-, que desde hace dos semanas trabajan de manera individual con sus respectivos asesores jurídicos para presentar recursos directos ante el Tribunal Supremo. Las acciones se realizarán tanto a nivel colectivo, por parte de las patronales, como de manera individual, por cada uno de las empresas asociadas e inversores que opten por recurrir.

El principal argumento jurídico que sostendría las actuaciones judiciales de los demandantes sería en base al principio de retroactividad impropia. Dado que no existe una prohibición constitucional que impida legislar de manera retroactiva, salvo para normativas sancionadoras o para las que afectan a derechos individuales, la industria solar considera que en su caso no se cumplen varios de los requisitos necesarios (previsibilidad, interés general y alcance) que justificarían la legalidad de las nuevas medidas retroactivas. 

La jugada de Industria ha sido clara. Según recoge el anterior Real Decreto 661/2007, las instalaciones fotovoltaicas acogidas bajo este marco jurídico tenían derecho a cobrar un 80% de la prima a partir de los 25 años del huerto solar. La eliminación de esta bonificación a partir de esa fecha tiene que ver con la conclusión del periodo de amortización del proyecto, de manera que la supresión no afecte a la estructura de financiación del proyecto, es decir, a la banca, pero sí a la rentabilidad del huerto solar.

Como ya informó este diario, según los datos manejados por la patronal AEB, las entidades financieras que operan en España tienen comprometidos en el sector de las renovables más de 40.000 millones de euros, en su mayoría respaldando proyectos donde la deuda bancaria supone un 85% de la inversión. Por este motivo, un eventual cambio regulatorio trasciendía más allá de los operadores energéticos con los que Industria estaba negociando durante meses.

Estas presiones hicieron reconsiderar a Industria sus pretensiones iniciales, pero no de manera definitiva. De momento, el nuevo RD 1565/2010, además de los recortes incluidos, deja la puerta abierta a la aplicación de más medidas retroactivas, como reconocen con temor desde las patronales, por lo que buena parte de su intención de acudir al Tribunal Supremo tiene un carácter preventivo, para evitar males mayores, ya que esperan futuras revisiones (como la revisión de los perfiles horarios) más restrictivas.

Con todo, la nueva regulación de Industria no resuelve el principal problema del ministro Miguel Sebastián. Esto es, el boom de instalaciones creadas al abrigo del real decreto 661/2007, bajo el que se recogen el grueso de las primas, que Industria buscaría moderar limitando las horas con derecho a ayuda. El Ministerio habla de retroactividad impropia, en tanto no afectaría al dinero ya percibido. El sector no lo ve tan claro, ni tampoco los cerca de 50.000 inversores con dinero en huertos solares.