El Gobierno acelera las reformas económicas angustiado por la dimensión de la crisis

El paquete de reformas económica largamente anunciado por el presidente del Gobierno ya tiene calendario. Lo acaba de desvelar José Luís Rodríguez Zapatero, que ha adelantado que el próximo 22 de enero enviará a los agentes sociales -empresarios y sindicatos- su propuesta de reforma laboral. Una semana más tarde, el día 29, les hará llegar a los interlocutores sociales y parlamentarios la reforma del sistema de pensiones que plantea el Ejecutivo, y ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobará un plan de recortes del gasto público. Según Zapatero, este plan será “muy exigente”. El Gobierno intenta que las comunidades autónomas incorporen también medidas similares, toda vez que más del 50% del gasto públicos depende de las administraciones territoriales.

Según Zapatero, este paquete es ineludible para afrontar la recuperación económica y en este sentido ha dejado claro que su intención es hacer compatibles estas reformas con el mantenimiento del sistema de protección social.

El presidente adelantó otras dos fechas. El día 8 de enero, el Consejo de Ministros aprobará una nueva Ley de Registro Civil, al tiempo que remitirá al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo de Estado el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Una semana más tarde, aprobará un paquete de decretos que desarrollan la llamada Ley Ómnibus, que no es otra cosa que la trasposición a la legislación española de la Directiva de liberalización de los servicios.

Según Zapatero, “la recuperación económica está empezando”, pero todavía  quedan varios trimestres  para que la economía vuelva a crear puestos de trabajo. Es, por lo tanto, incipiente, y eso ha podido influir en que el Gobierno ponga por fin fecha a las reformas económicas. Según Zapatero, los cambios en el modelo laboral se centrarán en la negociación colectiva, en la contratación de los jóvenes, en la temporalidad, pero sin contemplar ninguna cuestión relacionada con la rebaja de las cotizaciones sociales o el despido.

El Gobierno quiere que las negociaciones se cierren antes de acabar el primer trimestre del año.