La bolsa ‘premia’ a Enagás con fuertes subidas tras el nombramiento de un nuevo presidente

Se acabó la incertidumbre. Como anunció este periódico (ver noticia), Antonio González-Adalid renunció ayer a su cargo como presidente de Enagás, que ocupará a partir de ahora Antoni Llardén, representante en el consejo de Gas Natural y hombre del PSOE de Cataluña. Hasta ahora, Llardén era director general de Recursos de Gas Natural y presidente de Sedigas, la patronal del sector, cargos a los que ha renunciado.

La noticia ha sido bien recibida por los inversores. Las acciones de Enagás se revalorizaron ayer un 3,47% y cerraron a 17,30 euros, mientras que el Ibex-35 subió un 1,2%. De esta forma acaba la senda bajista en la que estaba inmersa la compañía, que empezó a finales de diciembre cuando se conoció la intención del Gobierno de sustituir a González-Adalid y de cambiar el cálculo de la rentabilidad por las inversiones en infraestructuras gasistas. El 15 de diciembre Enagás cotizaba a 21,09 euros.

Según el comunicado enviado ayer por la empresa a la CNMV, González-Adalid renuncia también a su sillón como consejero de Enagás por considerarlo “de interés para la empresa” y para “evitar que se prolonguen situaciones de incertidumbre perjudiciales para la compañía”.

Mejora el beneficio un 18%

Por otra parte, Enagás hizo públicos ayer también sus resultados del año 2006. La compañía gasista ganó 225,3 millones de euros, lo que supone mejorar el resultado del año anterior en un 18%. El Ebitda subió un 17,8% hasta los 563,6 millones de euros. En una nota de prensa, la compañía explicó que el beneficio habría aumentado en un 20,8% si no se hubieran contabilizado los siete millones de euros de plusvalías anotadas en los beneficios de 2005.

El consejo de Enagás también ha analizado el nuevo marco regulativo que ha propuesto el Gobierno y su impacto en las inversiones previstas por la empresa en el periodo 2007-2012. Según la compañía, se mantiene la plena viabilidad de todas sus inversiones anunciadas en el Plan Estratégico aprobado en julio del año pasado, que suman más de 4.000 millones de euros.

González-Adalid se opuso a los planes del Gobierno de modificar la forma de cálculo de la rentabilidad de las inversiones y criticó que una decisión así ni se comunicara ni se dialogara con la empresa que iba a resultar más afectada por esos planes.