El abogado general de la UE pide dar la razón a la UEFA y la FIFA en el caso de la Superliga

El abogado general de la Unión Europea, Athanasios Rantos, cuya opinión no es vinculante pero que el tribunal suele seguir en su sentencia final, establece que, aunque los clubes son libres de crear "su propia competición de fútbol independiente fuera del ecosistema de la UEFA y la FIFA", no pueden, además, "continuar participando en las competiciones de fútbol organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esas federaciones". La decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se espera para la primavera de 2023.

Por lo tanto, el abogado general defiende que las normas de ambas organizaciones, que establecen que deben dar el visto bueno a cualquier nueva competición, son compatibles con el derecho de la Unión en materia de competencia. El abogado general señala que "las normas de la Unión en materia de competencia no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes afiliados a esas federaciones en caso de que estos participen en un proyecto de creación de una nueva competición que pudiera vulnerar los objetivos legítimos perseguidos por esas federaciones de las que son miembros".

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En abril de 2021, un grupo de los clubes de fútbol más poderosos de Europa, como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Juventus o el Liverpool, anunciaron el proyecto de creación de una nueva Superliga europea. La UEFA y la FIFA se movieron rápidamente para frenar la aparición de esta competición y amenazaron a los clubes y a los jugadores con la expulsión de sus competiciones. De los 12 equipos que se rebelaron para crear la Superliga, solamente el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus mantienen su apoyo. Estos tres clubes fueron los que llevaron el asunto al Juzgado de lo Mercantil Número 13 de Madrid, donde el magistrado elevó la cuestión a la Justicia europea.

La European Super League Company acusa a UEFA y FIFA de abuso de posición dominante, y las dos organizaciones defendiendo su derecho a vetar una competición dentro de su circuito. Y esa es la clave para Rantos: los clubes que anunciaron la creación de la Superliga son libres de crear una nueva competición, pero, si quieren seguir participando en los circuitos de la FIFA y la UEFA, deben contar con su autorización. De lo contrario, pueden igualmente crear la Superliga, pero asumiendo entonces que saldrán de los circuitos de fútbol de las otras dos organizaciones.

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El proyecto fue muy criticado desde el primer momento en Bruselas. Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea, señaló que la idea iba en contra del “modelo europeo del deporte basado en valores, la diversidad y la inclusión”. “No hay margen para reservarlo para los pocos clubes ricos y poderosos que quieren cortar los lazos con todo lo que representan las asociaciones: ligas nacionales, ascenso y descenso y apoyo al fútbol base amateur”, señaló el vicepresidente del Ejecutivo comunitario. Otras voces críticas han señalado que la Comisión Europea mantiene una relación demasiado estrecha y pública con la UEFA, y que eso no le permite ser imparcial en la cuestión.

Hubo mucho debate sobre su legalidad desde el primer momento. Algunos defendieron que la Superliga violaba las normas de competencia de la Unión Europea porque los clubes pelean por un mercado en forma de visitantes al estadio, espectadores televisivos, compradores de camisetas, y que normalmente lo hacen a nivel nacional. Crear una competición cerrada era una forma de cartel y debía ser ilegal. Pero la Superliga había cubierto ese flanco y permitía una pequeña vía de entrada: cinco equipos podrían ingresar por méritos cada año en la competición, así evitaba que fuera completamente cerrada. Desde hace semanas, los clubes que conforman la Superliga han empezado a cambiar de estrategia. A diferencia de lo que propusieron en 2021, ahora buscan un diálogo con la UEFA que permita el establecimiento de la competición, admitiendo que esta sea abierta y no únicamente un circuito para los grandes clubes europeos.

La derivada del patinaje

Esta historia tiene, en todo caso, una segunda línea argumental. Los clubes tenían razones para creer que las amenazas de expulsión de la UEFA y la FIFA contra ellos podían ser consideradas ilegales. Y tenían razones para ello porque, en 2017, la Comisión Europea decidió que las normas de la Unión Internacional de Patinaje (ISU) que imponían sanciones duras a los atletas que participaban en competiciones de patinaje de velocidad que no estaban autorizadas por la ISU "infringen la ley antimonopolio de la UE".

La ISU reclamó ante la Justicia europea, pidiendo la anulación de la decisión de la Comisión. Pero en 2020 el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) dio la razón al Ejecutivo comunitario. La ISU tomó la decisión entonces de recurrirlo ante el TJUE, el más alto tribunal europeo. Este mismo jueves, minutos antes de que saliera la opinión del abogado general sobre la Superliga, el mismo Rantos ha publicado su análisis sobre la cuestión del patinaje. Y su propuesta para la alta corte de Luxemburgo es que anule la sentencia del TUE. La razón que da el abogado general es que "las federaciones deportivas podrán denegar el acceso al mercado a terceros, sin que ello constituya una infracción del Derecho de la competencia, siempre que esta denegación esté justificada por objetivos legítimos y que las medidas adoptadas por estas federaciones sean proporcionadas en relación con dichos objetivos", siguiendo así la lógica que refleja en su opinión sobre la Superliga.