Bartomeu se ampara en un informe de PwC que encargó él y puede condenarle

El hecho de que la detención del expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se produjera en el inicio de la semana que concluirá con la votación para elegir precisamente a su sustituto al frente del club catalán y nueve días antes de que finalizara la última prórroga del secreto de sumario del llamado 'Barçagate' ha levantado todo tipo de especulaciones. Desde las puramente electoralistas, en todo caso más para saldar cuentas que para sacar rentas, a las que contienen connotaciones políticas.

Sin embargo, más allá de lo que pueda haber detrás de la aparatosa detención de Bartomeu junto a Óscar Grau, Román Gómez Ponti y Jaume Masferrer, a saber los que fueran CEO, responsable de los servicios jurídicos y del gabinete de presidencia, respectivamente, es evidente que el ventilador del 'Barçagate' está fuera de control. Y también por la parte del expresidente, quien se ampara en un informe encargado por él mismo que, lejos de exculparle de todo lo que se le acusa, puede acabar condenándole por la parte que desde el primer momento se intentó ocultar a la opinión pública, pero que no pasará inadvertida para la Justicia.

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Así, el 6 de julio de 2020, el portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, explicó el informe que el 19 de febrero, dos días después de que se destapara el 'Barçagate', fue encargado a PwC. En su comparecencia Vives aseguró que no se había detectado "ningún indicio que pudiera evidenciar que por parte del equipo directivo del club se dieran directrices o indicaciones a la generación o creación de contenidos desde los perfiles identificados y/o que tuvieran relación con los jugadores del FC Barcelona o con nadie vinculado al club y/o su entorno". Una verdad a medias que no dejaba de ser una declaración engañosa.

"El club se remite al informe de la auditoría de PwC, el cual concluye que no hubo corrupción y que no se pagó ningún sobreprecio por el servicio contratado", rezaba igualmente el comunicado oficial del FC Barcelona. Es más, según informó 'El Mundo', "los Mossos dudaron de la auditoría de PwC porque no se puede dejar de lado que habría estado encargada por los presuntos autores de los eventuales delitos".

Sin embargo, el trabajo encargado a PwC no fue una auditoría, tal y como el propio FC Barcelona confundió consciente o inconscientemente en su comunicado, sino lo que se conoce como un trabajo 'forensic'. Es decir, una investigación interna que se hace en el seno de una compañía para esclarecer determinados asuntos a petición de la propia empresa, con un alcance o perímetro que lo determina el propio cliente.

Aunque en ocasiones se confunden, una auditoría de cuentas y una investigación 'forensic' apenas guardan relación, pues el segundo va orientado a investigaciones sobre posibles casos de fraude, corrupción, salidas de efectivos, apropiación indebida, manipulación contable, competencia desleal, conflicto de interés u otro tipo de prácticas ilegales internas o poco éticas. Es un trabajo ad hoc. Es decir, que el propio Bartomeu solicitó a esta prestigiosa consultora lo que quería que investigara y lo que no.

Falta de transparencia

El FC Barcelona no colgó en su página web el informe de PwC que consta de 320 páginas, sino un resumen de conclusiones que, salvo que se sea un experto en la materia, es complicado de entender. Así, las irregularidades cometidas y detectadas son principalmente dos. La primera, que no se cumplieron los procedimientos de contratación. El servicio se formalizó en varios contratos de menor importe con compañías de NS Group —una de ellas i3 Ventures— para eludir las políticas de aprobación internas del club. Según PwC, Bartomeu ordenó que se contratase el servicio a NS Group sin pedir más ofertas a otros proveedores y alguna de las compañías de NS Group no tenía estructura para realizar el trabajo contratado, además de que su objeto social no guardaba relación con el servicio contratado.

La segunda irregularidad más importante detectada por el informe 'forensic' es que el precio del servicio contratado fue sustancialmente superior al precio de mercado. Si se hubieran llevado a cabo todos los servicios contratados —el informe explica que algunos no llegaron a realizarse—, el precio máximo que debería haberse pagado serían 620.000 euros anuales. Por tanto, hubo un sobrecoste de 400.000 euros anuales durante tres años.

Toda esta información no pudieron tenerla los socios del Barça, al menos de una manera que pudiera entenderla, pero sí está en manos de Alejandra Gil, la magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que el 17 de junio admitió a trámite la denuncia de la plataforma ‘Dignitat Blaugrana’ por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta directiva que presidía Josep Maria Bartomeu. El expresidente del club catalán, que se negó a declarar, quedó este martes en libertad con cargos y, a la espera de cómo discurran los acontecimientos, puede terminar siendo víctima de su propia estrategia.