Rubiales, investigado por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

La noticia tuvo tal repercusión, que incluso en el Telediario de RTVE dedicaron apenas unos segundos a la previa del partido de la Selección española femenina de fútbol que iba a ofrecer Teledeporte y casi un minuto al hecho de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda ha acordado la imputación de Luis Rubiales, tras la querella interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) contra el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por una presunta comisión de los delitos de coacciones, amenazas. estafa, prevaricación administrativa, coordinación e integración criminal. Normal que tampoco hubiera tiempo para informar del sorprendente acuerdo con Javier Imbroda para que Andalucía acoja 24 partidos de las selecciones nacionales durante los próximos cuatro años...

Claro que lo más grave de la noticia de la última imputación de Rubiales, que esta vez sí recogieron todos los medios, es que la magistrada Inmaculada González Cervera pide que la causa se remita al fiscal a fin de que informe sobre su complejidad y sea puesta en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Rubiales, que no solo tiene problemas con el fútbol femenino, sino también con el fútbol sala y el fútbol de Segunda B, declarará en calidad de investigado el 29 de abril. Antes que él lo harán el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, e Iñaki Mikeo, el que fuera responsable del fútbol femenino del organismo federativo.

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Como era de esperar, desde la RFEF no solo se hicieron los sorprendidos sobre la imputación de su presidente y otros directivos en una causa que habrá que ver en qué queda, sino que se limitaron a vincular a la ACFF con la LNFP, es decir, con Javier Tebas. "No está de más recordar que la ACFF tiene su sede en la LNFP; que su responsable es empleado de LaLiga y que en los últimos años ha inundado los juzgados de procedimientos contra la RFEF". Además, y a pesar de asegurar que se habían enterado del auto a través de la prensa, explicaron que "el asunto de los derechos audiovisuales de la competición femenina ya fue llevado a los juzgados de lo mercantil en varias ocasiones sin éxito", si bien la otra parte asegura que lograron su objetivo al hacerle recular en sus pretensiones.

Para rematar su comunicado, desde la RFEF se deslizó que "es posible que se los hayan ocultado al Juzgado número 8 de Majadahonda", un comentario que posiblemente no gustaría a Inmaculada González Cervera, la misma magistrada que ya llevó a Rubiales y Camps a los juzgados de Majadahonda tras la querella presentada por el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), Javier Lozano, contra la RFEF por unos "repetidos expedientes sancionadores infundados contra su persona con el único fin de socavar su honorabilidad".

Lo cierto es que en la querella a la que ha tenido acceso El Confidencial, la ACFF acusa a Rubiales de llevar a cabo una "campaña de acoso y hostigamiento" contra los clubes que conforman la otrora Liga Iberdrola para hacerse con la explotación de sus derechos audiovisuales e instándoles a que "incumplieran las obligaciones contractuales asumidas, no dudando en utilizar para ello distintas y veladas amenazas, materializadas, además, en algunos casos, a través de la incoación e instrucción de distintos expedientes sancionadores de naturaleza injusta e improcedente, utilizados como medio de extorsión y, en otros, a través de la injustificada denegación de la concesión de subvenciones o participación en ayudas para el desarrollo de la actividad deportiva".

Según la ACFF, "este mismo modus operandi fue utilizado por Rubiales para tratar de hacerse con otros activos audiovisuales como los correspondientes al fútbol sala o a las competiciones de fútbol en la Segunda División B y Tercera División", así como "propiciar, por sus intereses políticos y en contra de la voluntad del organizador de la competición, la disputa de una liga con 24 equipos en el caso de la Liga de Segunda División". Los clubes de fútbol femenino denuncian que la adjudicación de sus derechos por concurso público llevó a los responsables de la RFEF a decirles "os vais a meter en un problema". Esta amenaza la ponen en boca de Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos de la RFEF, quien irá a declarar junto a Rubiales.

Beneficios económicos directos o indirectos

Según siempre el contenido de la querella, se trataría de "un delito continuado de coacciones o, alternativamente, un delito de amenazas condicionales lucrativas, además de un delito de estafa, otro de dirección y coordinación de organización criminal y, por último, un delito de integración de grupo criminal, sin perjuicio de que durante la instrucción de la causa, y a la vista de los expedientes que se dirán, pudiera haberse cometido un delito continuado de prevaricación". Y añade: "Los hechos hasta aquí expuestos ponen de manifiesto que en la actualidad, y en el seno de la RFEF, opera de forma estable, por tiempo indefinido y manera coordinada un grupo de personas que se reparten roles y funciones con el fin de cometer ilícitos penales de los que beneficiarse económicamente directa o indirectamente". De hecho, la ACFF vincula en su escrito la actuación de la RFEF con el salario de Luis Rubiales, 160.000 euros anuales más una variable condicionada a los ingresos.

Por si no hubiera suficiente, los clubes de fútbol femenino también recuerdan que "la llegada a la presidencia de la RFEF del querellado Luis Manuel Rubiales Béjar se produjo una vez que tuvo lugar, por orden del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional, la denominada Operación Soule" y se recuerda que "en el seno de la RFEF se hallaba tejida una red clientelar que propiciaba el mantenimiento en su puesto de los máximos cargos federativos a cambio de la concesión de prebendas, ventajas y distintas corruptelas. Asimismo, se ponía de manifiesto la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y corrupción entre particulares".

Para hacer más fuerza, la ACFF también recuerda que "estos hechos han sido objeto de distintas querellas y denuncias por distintos actores y representantes, muy destacados, de distintos sectores y estamentos del mundo futbolístico", como el antes mencionado del presidente de la LNFS, así como por parte del presidente de la Federación de Fútbol de Madrid por un presunto delito de falsedad documental, del presidente del Fuenlabrada por la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, amenazas, corrupción entre particulares, falsedad documental... y, por último, aunque Rubiales la verá detrás de todas, también del presidente de LaLiga, quien le interpuso una querella por amenazas. Demasiadas para ser casualidad, sin descartar que sean más y a la espera de comparecer ante un juez en Valencia por la presunta agresión a una mujer.