La RFEF confirma que se lava las manos en el 'caso Hércules'

La Real Federación Española de Fútbol, tal y como ya se temían muchos de los intresados, ha confirmado que se lava las manos y no tratará de investigar el denominado 'caso Hércules'.

Su Comité de Competición, por unanimidad de todos los miembros, acordó este sábado no abrir expediente disciplinario por la denuncia presentada por el Cádiz CF, en el denominado 'caso Hércules'. El órgano federativo se hizo cargo del caso después de que la Fiscalía pidiera que, una vez cancelada la vía judicial, fueran las instancias deportivas las que se encargaran de las posibles sanciones. Después, clubes implicados hicieron su queja formal a la Federación.

Pero este Comité explica ahora que no abre expediente disciplinario tras la denuncia presentada el pasado 5 de agosto por el Cádiz CF SAD relativa a "una presunta infracción prevista en el artículo 75 del Código Disciplinario de la RFEF, consistente en la predeterminación de resultados", así como la presentada igualmente por el Real Betis Balompié SAD.

Alega para ello que las escuchas hechas a Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, durante la investigación del 'caso Brugal' (escándalo de índole político y por el que está imputado) y donde se le puede oir hablar sobre una presunta compra de partidos, ya han sido rechazadas como pruebas válidas por un tribunal ordinario. Con lo cual, no las tendrá en cuenta tampoco el Comité de Competición.

Mismo desenlace que con el Málaga

Pero lo más llamativo es que no se haya decidido a continuar con la investigación por su parte, ante unos indicios tan evidentes. Como ya ocurriera hace dos años con el Málaga y el Tenerife, tras la denuncia de la Real Sociedad, todo el escándalo ha quedado en nada. Se llegó a hablar de duras sanciones para el club alicantino, incluido el descenso automático a Segunda B, pero Ortiz ya adelantó el pasado martes que el desenlace iba a ser el que finalmente ha sido.

El órgano disciplinario federativo sostiene que del Auto número 522/10 de la Audiencia Provincial de Alicante (sección Primera, rollo de apelación 379/2010, proveniente de las Diligencias Previas 3122/2010 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Alicante) debe resaltarse especialmente el penúltimo párrafo del fundamento jurídico tercero que dice:

"La incorporación de estas conversaciones a las diligencias penales es artificiosa, pues ninguna consecuencia puede derivarse de ellas, ni en procedimiento penal en que se descubrieron y, menos aún, como medio de incoación de un procedimiento administrativo en el que se trate de perseguir las aparente conductas infractoras en el ámbito administrativo. Sin que esta decisión suponga ausencia de colaboración con las restantes Administraciones Públicas, porque la remisión de esas conversaciones supondría la vulneración del deber de garantizar el derecho fundamental a la intimidad de las personas por parte del mismo órgano jurisdiccional encargado de ampararlo".