El extraño pago de 853.000 euros a una duquesa que nos podríamos haber ahorrado

España ha pagado 853.000 euros a la duquesa del Infantado por un bien que, con el Código Civil en la mano, es posible que no le corresponda. La clave está en el 'derecho de habitación' que la duquesa, Almudena de Arteaga, tenía sobre una superficie de 400m² dentro del Palacio del Infantado de Guadalajara. Era un derecho heredado de su padre, quien a su vez lo heredó del abuelo y primer beneficiario, Íñigo de Arteaga y Falguera, quien lo obtuvo en 1960. El Ministerio de Cultura no ha batallado en ningún momento en los tribunales la existencia de ese derecho, a pesar de disponer de argumentos jurídicos muy sólidos, y parece totalmente satisfecho con la entrega de casi un millón de euros a la duquesa.

El Código Civil es claro: "Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar"

El derecho real de habitación es una figura legal utilizada con cierta frecuencia en el siglo XIX. Un propietario cede el uso de toda o una parte de una vivienda a un tercero mientras esté viva. Es un derecho que no se puede hipotecar ni arrendar. Un ejemplo típico: un terrateniente cede a uno o varios de sus empleados el derecho a vivir en unas dependencias de la finca de por vida. O unos padres le ceden ese derecho a un hijo que no puede valerse por sí mismo para que nunca le echen de casa o le engañen.

Es una figura muy marginal, pero el Código Civil es claro al respecto. En su artículo 525 dice textualmente "los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título". El Código Civil aún tiene más munición para poner en duda el derecho de la duquesa del Infantado, en concreto el artículo 785.2, y también la Ley Hipotecaria, que indica en su artículo 108 que el derecho de habitación no se puede hipotecar y por tanto es intransmisible. Existe jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el mismo sentido.

La plataforma ciudadana Abraza el Infantado, abogados y registradores de la propiedad no entienden que el Estado haya acatado las exigencias de la casa ducal sin protestar. Aseguran que es una absoluta rareza que la administración no pelee hasta la máxima instancia un pago de dinero público. El anterior ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, es primo lejano del duque del Infantado, Íñigo de Arteaga y Martín, fallecido en 2018, y eso acrecienta las suspicacias ciudadanas. Fue bajo su mandato cuando se fraguó la obligación para el Estado de construirle a su familiar un dúplex de lujo en el histórico palacio, algo que no estaba estipulado en ninguna escritura o contrato. No es un secreto que los Arteaga siempre han estado bien conectados políticamente.

El exministro Méndez de Vigo aprobó la construcción de una vivienda de lujo para su primo lejano, aunque no existía ninguna obligación legal

Almudena de Arteaga, XX duquesa del Infantado, es la heredera de ese derecho, y por lo tanto beneficiaria del acuerdo firmado el lunes con el actual ministro, José Guirao, que pone fin a un conflicto enquistado desde hace diez años. La duquesa renuncia a su derecho de uso y habitación a cambio de 853.000 euros y el ministerio por fin consigue el 100% de la titularidad del Palacio del Infantado, sede del museo provincial de Guadalajara y parte del archivo histórico provincial. Guirao entregó un cheque a la duquesa, exitosa escritora de novelas históricas, y ambos se felicitaron por el acuerdo.

1960: el duque cede unas ruinas

El conflicto se resume en los siguiente: en 1960, el duque del Infantado (abuelo de la duquesa) cede de forma "gratuita y definitiva" su 50% de titularidad del palacio al Estado. El otro 50% era propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara desde el siglo XIX, y este también cede su parte al Estado. El edificio, una joya del gótico hispano-flamenco de finales del siglo XV, está en ruinas desde 1936, cuando ardió durante tres días a causa de los bombardeos de la aviación franquista. Rehabilitarlo habría sido excesivamente costoso para el duque. Así que a cambio de la cesión, el régimen cede al aristócrata "con carácter permanente las dependencias que en su día se señalen, a fin de que los titulares de dicha Casa Ducal puedan habitar personalmente en ellas de manera ocasional". Así consta en la escritura pública.

El acuerdo se firma ante notario pero nunca se acredita en el Certificado Registral. El Estado, no obstante, cumple su parte del trato y reconstruye el Palacio del Infantado con fondos públicos para fines culturales y museísticos. Íñigo de Arteaga y Falguera fallece en 1997 sin haber organizado nunca un acto cultural, detalle que especificaba la escritura, y sin haber reclamado nunca que se habiliten las dependencias para su familia. Así que ese espacio no especificado se usa durante décadas como depósito del archivo provincial.

Pero el sucesor del ducado, Íñigo de Arteaga y Martín, sí se interesa por ese bien y demanda al Estado en el año 2009, casi 50 años después, por no haber habilitado unas dependencias para su familia. Y exige, como compensación, que se le devuelva el 50% del palacio que cedió su padre junto a un pago por daños y perjuicios. El juzgado de primera instancia número 5 de Guadalajara estima parcialmente la demanda y exige al Estado que construya esas dependencias en base al 'derecho de habitación'.

Hasta entonces, ningún documento había hecho referencia a ese derecho, pero desde entonces se convierte en la clave de todo. Sorprendentemente, el Ministerio de Cultura no recurre esa sentencia, la cual con el Código Civil en la mano tendría muchos números de revocar, y la resolución pasa a ser firme.

Cultura había presupuestado la vivienda en 350.000 euros, pero ha aceptado pagar el 244% de ese valor

Con ese derecho de habitación sobre la mesa y obligado a promover la obra, el Ministerio de Cultura vuelve a actuar de forma poco convencional. El juez solo exige que se habiliten unas dependencias, nada más, pero Íñigo Méndez de Vigo considera que lo que procede es edificar una vivienda con una superficie de casi 400 m² en dos alturas, con torreón incluido y salón de 110 m2, afectando parte de una fachada protegida como Bien de Interés Cultural.

El ministerio presupuesta en 350.000 euros la obra para este dúplex de lujo, sin considerar que en el palacio ya existen unas dependencias habilitadas para los responsables de la Biblioteca Provincial. Aparte, hay que habilitar los accesos a la vivienda por el jardín del palacio y derribar los baños públicos y mover ascensores. Coste total aproximado, medio millón de euros.

Acuerdo antes de la sentencia

Con el proyecto ya redactado en favor del duque, llega el siguiente y último problema: el Ayuntamiento de Guadalajara deniega al ministerio la licencia de obra debido a que el Plan de Ordenación Municipal no permite construir viviendas en un Bien de Interés Cultural (BIC). En un principio el consistorio estaba decidido a aprobar la licencia, pero tuvo que rectificar tras recibir un informe técnico de Abraza el Infantado. El ministerio entonces decide demandar al ayuntamiento. Es el año 2016.

"Es lógico que demandara porque son ellos quienes tienen que cumplir la sentencia civil, pero su posicionamiento no ha sido normal. Primero no recurre la sentencia en 2009 y ahora, antes de que haya una sentencia sobre el tema de la licencia urbanística, decide pagarle 853.000 euros a la duquesa", apunta Pablo Simón, abogado de la plataforma Abraza el Infantado. En efecto, el pleito entre ministerio y ayuntamiento se encuentra aún en fase documental, y se esperaba sentencia para dentro de unos meses. Sentencia que no llegará gracias a este acuerdo entre las partes.

"Es muy probable que la sentencia diese la razón al ayuntamiento, así que la duquesa se encontraba en una situación complicada. El ministerio le podría haber dicho 'hemos cumplido nuestra obligación de demandar como promotores de la licencia, pero la legalidad urbanística lo impide y hasta aquí llegamos', y que entonces fuera la duquesa quien se embarcara en un procedimiento legal muy largo y complejo para ser compensada económicamente. Eso es lo que harían con cualquier ciudadano. Pero no, lo que hace el ministerio es adelantarse a la sentencia de forma incomprensible y pagar casi un millón de euros por una tasación de la cual no tenemos los detalles. Es un escándalo", prosigue Simón.

Cultura afirma que el precio es fruto de "un estudio comparado con base en viviendas de la zona y a los metros disponibles" y está aprobado por Hacienda

Consultado por este diario, el Ministerio de Cultura confirma que el precio pactado es el resultado de "un estudio comparado en base a viviendas de la zona y a los metros disponibles. Se han utilizado parámetros técnicos y es una valoración económica que cuenta con la autorización del ministerio de Hacienda".

Ignacio de la Fuente, registrador de la propiedad, se muestra prudente sobre estos parámetros, pero no entiende por qué el Estado tasa en 853.000 euros esa superficie no construida (actualmente es un espacio lleno de estanterías) cuando ya existía una valoración previa, aceptada por todas las partes, de 350.000 euros, y cuando además en ninguna escritura se estipula que la vivienda ha de construirse en dos plantas con torreón y con tantos metros cuadrados. "El Estado tenía muchas herramientas para evitar ese pago. Podría haber adecuado las dependencias que ya existían, pues la escritura no especifica nada al respecto, o podría haber compensado por una cifra muy inferior a la duquesa si la sentencia no era favorable".

El registrador, con décadas de oficio a sus espaldas, considera que "el Estado ha optado por la solución más política y también más cara para resolver el conflicto. Ha sido muy mojigato y generoso con el dinero de todos, porque si hubiera querido habría podido pelear ese derecho de habitación de la duquesa. Es un derecho que, para empezar, es probable que ni siquiera existiera en el momento del acuerdo firmado en 1960 entre el entonces Duque del Infantado y el [entonces responsable] Ministerio de Educación, y que en cualquier caso se terminó con la muerte del duque". Es decir, que ni siquiera el hijo del duque y padre de la actual duquesa podría reclamar ese derecho.

El notario Carlos Monedero y el juez Juan Galo Carrasbal confirmaron que el derecho de habitación es intransmisible en una mesa redonda sobre el Palacio del Infantado en el año 2017. Apuntaron, además, que aunque fuera un derecho permanente ya se habría extinguido, pues la legalidad española no admite los derechos perpetuos. Galo, sin embargo, recordó que la sentencia de 2009 es firme por la inacción del Estado, y apuntó ya entonces que era habitual "marcar un contravalor económico" si hay imposibilidad legal o física para cumplir una sentencia.

Con el cheque ya en el banco de la duquesa del Infantado, quedará para siempre la incógnita de si se podría haber evitado en los tribunales ese pago de dinero público.