El Tribunal de Justicia de la UE tumba el canon digital del PP

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado con el canon digital aprobado por el PP en 2012. El Tribunal, con sede en Luxemburgo, considera ilegal que la compensación a los creadores sea financiada por los presupuestos públicos en lugar de por los usuarios de las copias privadas.

El PP cambió el canon digital de los socialistas al principio de la pasada legislatura: la compensación equitativa por copia privada se paga desde entonces con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El importe de esta compensación se determina anualmente. La justicia de la UE ha acabado ahora con este modelo.

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La decisión del máximo tribunal europeo viene de este modo a respaldar las demandas de las entidades gestores de derechos de autor al argumentar que el canon digital del PP se opone a la directiva comunitaria en materia de propiedad intelectual. El problema, explica el tribunal, no es que el canon se sufrague con cargo a los presupuestos sino que "el sistema de financiación de la compensación equitativa con cargo a los PGE no puede garantizar que el coste de dicha compensación sólo sea sufragado, en último término, por los usuarios de copias privadas".

Aunque el sistema de financiación de la compensación equitativa más comunmente elegido sea el actual canon, el Tribunal de Justicia de la UE subraya que la directiva no se opone, en principio, a que los Estados miembros que así lo hayan decidido opten por financiarla con cargo a sus PGE -una solución existente en otros países europeos como Estonia, Finlandia o Noruega. La clave para que este modelo sea válido es que garantice el pago de una compensación equitativa a favor de los titulares de derechos, por un lado, y que sus modalidades garanticen la percepción efectiva, por otro.

El perjuicio económico durante estos años supera los 400 millones de euros. Tendrá que responder el Estado porque es quien tiene la obligación de cumplir con la directiva europea

La decisión del tribunal no llega por sorpresa. Ya el pasado mes de enero, el abogado general Maciej Szpunar tildó de ilegal que el PP estableciera un tope de cinco millones de euros para compensar a los titulares de derechos sin tener en cuenta un cálculo objetivo del perjuicio causado por las copias privadas. "Se opone a que el importe de la compensación mencionada en él se fije dentro de los límites presupuestarios establecidos a priori para cada ejercicio, sin tener en cuenta, para fijarlos, el importe del perjuicio que se estima que los titulares de los derechos han sufrido", argumentaba.

Ese fue precisamente el argumento esgrimido por varias sociedades de derechos de autor, como EGEDA, DAMA y VEGAP, AISGE, AEGEDI, AIE, SGAE o CEDRO, cuando impugnaron el decreto del PP ante el Tribunal Supremo en 2013 y es el que también utiliza el TJUE. Las entidades gestoras de derechos aseguraron en su escrito de impugnación que habían percibido con el nuevo canon digital 8,6 millones de euros en 2013 y 5 millones en 2014, mientras el perjuicio sufrido se estimó en 18,7 y 15,2 millones respectivamente. En 2010 el canon digital recaudó 100 millones.

Ahora el TJUE va más allá al afirmar que la partida presupuestaria destinada a sufragar la compensación equitativa se alimenta de la totalidad de los recursos de los PGE y, por tanto, de todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas que, según su auto, "no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen". Por otro lado, asegura en nota de prensa el tribunal, "no se ha demostrado que en España exista mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de obligación de contribuir a financiar esta compensación, o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución".

EL TJUE responde de este modo a la petición de decisión prejudicial planetada por el Tribunal Supremo español, que ahora será el encargado de dictar sentencia siguiendo la interpretación dada por la justicia europea.

¿Quién paga ahora?

"El perjuicio económico durante estos años supera los 400 millones de euros y tendrá que responder el Estado porque es quien tiene la obligación de cumplir con la directiva europea", aseguran a este periódico desde la Sociedad de Servicios para los Productores Audiovisuales (EGEDA). Esos 400 millones que calculan han dejado de percibir en los últimos cuatro años parten del cálculo hecho en su momento por el Gobierno español que estimaba que las entidades de derechos de autor dejarían de percibir en torno a 115 millones de euros anuales.

Estos cuatro años solo han servido para hacer un favor al sector tecnológico

Desde EGEDA afirman sentir "una gran satisfacción por una sentencia que nos da la razón en nuestros planetamientos" y que definen como "rotunda". "Estos cuatro años solo han servido para hacer un favor al sector tecnológico, que no han bajado el precio de los equipos y los soportes y se han estado enriqueciendo", apuntan. "Ahora será difícil para la Secretaria de Estado de Cultura aplicar un sistema que va en contra de la Unión Europea".

La sociedad reclama un sistema de compensación por copia privada acorde a los existentes en la Unión Europea, es decir sufragado por el sector tecnológico como ocurría en la etapa socialista. "Cuando hablamos de economía, somos parte de la Unión Europea; cuando hablamos de derechos también somos europeos y cuando hablamos de propiedad intelectual también tenemos que ser europeos. En la Unión Europea el sistema mayoritario es que los fabricantes de equipos y soportes son quienes pagan la compensación, aunque después tengan derecho a repercutirlo en los usuarios finales. No entendemos por qué España tiene que ser una excepción en materia de derechos de propiedad intelectual", aseguran.

Sáenz de Santamaría asegura que el Gobierno era "muy consciente de que había que buscar una solución europea"

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo trabajará para hallar "una solución satisfactoria" a la decisión del TJUE. En declaraciones recogidas por Efe, ha recordado que el Ejecutivo aprobó por decreto ley la medida que ahora ha tumbado la UE con carácter "urgente y transitorio". "Éramos muy conscientes de que había que buscar una solución europea", ha añadido y ha recordado que la sentencia de la UE afecta a España y Noruega.

El Gobierno, ha explicado, trabajará ahora "a pleno rendimiento" para llevar a cabo la modificación legal que exige la UE, con el objetivo de encontrar "una solución que sea satisfactoria para todos y plenamente cumplidora del derecho comunitario".

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) considera, asimismo, que el fallo es "un espaldarazo a la defensa de la propiedad intelectual y a la cultura" y confirma la tesis de las entidades de gestión sobre que el actual sistema español "crea inseguridad jurídica" y "perjudica notablemente a los ciudadanos". "Esta sentencia reconoce el justo equilibrio de derechos que supone la copia privada: el de los productores, autores, actores, artistas plásticos, intérpretes autores literarios, a ser compensados justa y equitativamente, y a la vez permite a los usuarios realizar copias privadas de forma legal como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno", ha indicado en una nota.

José María Montes, director de Relaciones Internacionales y el abogado encargado del recurso por parte de AISGE, afirma que el fallo del tribunal europeo no viene sino a dar la razón a las entidades de gestión sobre lo que ya habían advertido en 2011. "La nulidad del canon lo que va a implicar, de momento, es una tremenda responsabilidad por parte del Gobierno", asegura ante los 500 millones que, según sus estimaciones, tiene que pagar a dichas sociedades. "Lo primero es quién lo va a pagar. Esa es la primera cuestión. La segunda es a qué sistema vas a volver si el actual es ilegal. La conclusión para los creadores es que se van a ver compensados como Dios manda, pero lo primero es que el Gobierno asuma sus responsabilidades".