Rajoy planificó descapitalizar el cine español desde su primer Consejo de Ministros

Una de las actuaciones más polémicas y desconcertantes de la acción cultural del Gobierno del Partido Popular fue su decisión unilateral y fulminante de suprimir el canon por la copia privada.

Es cierto que desde hace algunos años la industria de fabricantes de productos electrónicos japonesa, coreana, china y norteamericana había organizado un lobby implacable contra un canon que es norma común en todos los países de nuestro ámbito cultural.

Consiguieron que la existencia de ese canon se percibiera por la opinión pública española como un robo a mano armada perpetrado contra el pobre consumidor y que ese era uno de los problemas más acuciantes que tenía España: el tiempo ha demostrado, desgraciadamente, que España tenía otros problemas más importantes a los que hacer frente. Y que los únicos que robaban a los consumidores eran los fabricantes que incorporaban el coste de esas campañas denigratorias al producto final.

El primer decreto que aprobó el Consejo de Ministros del recién nombrado Gobierno del Partido Popular fue suprimir el canon.

¿Por qué? ¿a quién beneficiaba? ¿qué razón política y económica había detrás de una decisión tan precipitada, de un Gobierno recién formado?

La acción de este Gobierno contra los sectores culturales, y especialmente el cine, ha respondido a una razón puramente ideológica

Por otra parte, tampoco se entendía que empresas como Apple, Huawei, Sony, TDK, Toshiba, etc., que apenas cotizan impuestos en España y que han encontrado mil maneras de canalizar sus ingresos a través de paraísos fiscales, o de Irlanda o Luxemburgo, recibieran de repente un trato de favor de tal magnitud por parte de un Gobierno que, como prioridad, venía a poner orden fiscal en las cuentas del Estado.

El argumento era que la medida beneficiaba a los consumidores españoles. Cuatro años después, está por ver que el consumidor español se haya beneficiado: no se ha producido rebaja de ningún producto porque es bien sabido que el precio lo marcan los gastos de marketing y publicidad de las fábricas, y el canon no era un elemento en absoluto significativo en el precio final de ninguno de los productos que se gravaban. Y lo más paradójico es que el Gobierno incluyó una partida en los Presupuestos Generales del Estado para compensar el canon. Es decir, retira la obligación al fabricante para cargarla a la totalidad de los contribuyentes, consuman o no los productos objeto de esta carga. El Decreto en cuestión va de frente contra el ordenamiento europeo. Otra vez somos el hazmerreír de nuestros homólogos.

Tampoco la industria audiovisual ha visto reforzada la seguridad contra la piratería, desde luego, más bien al contrario, porque sigue sin existir ningún mecanismo para impedir que se produzca la copia ilegal de contenidos.

Además, ¿por qué cargar a los contribuyentes españoles con un gasto más, cuando existía un sistema por el que se recaudaba más y no lo pagaban los españoles? Ya están en marcha cuantiosas reclamaciones contra el Estado que de prosperar convertirían en paganos a todos los contribuyentes por algo que no es de su incumbencia.

Del disparate a la barbaridad

Ante tal cúmulo de disparates, la única argumentación del secretario de Estado de Cultura era que es evidente que los nuevos productos electrónicos ya no se utilizan para copiar productos audiovisuales o editoriales. Vamos, que las fotocopiadoras no fotocopian libros de texto, los ordenadores no se utilizan para copiar DVD´s, los DVD no se utilizan para copiar música o películas, y los discos duros no circulan entre los jóvenes con librerías enteras de películas bajadas de internet. Y, desde luego, los fabricantes jamás pensaron que sus productos se utilizaran para tales fines. Como si el aumento en la venta de discos duros y de smartphones no tuviera algo que ver con su capacidad de conservar y guardar productos audiovisuales.

Pasados casi cuatro años desde que el Gobierno perpetró tamaña barbaridad, que no beneficia a nadie, ni siquiera al negocio propio de los beneficiados, la industria del audiovisual española ha llegado a la conclusión de que la única razón para aprobar la ley con la celeridad con la que se hizo, era la de deliberadamente descapitalizar la cultura española.

No cabe ninguna duda que la acción de este Gobierno contra los sectores culturales, y especialmente el cine, ha respondido a una razón puramente ideológica: los argumentos del ahorro no se sostienen con las políticas de gasto que han llevado en otras áreas.

Este Gobierno ha golpeado al cine donde más le duele: en la economía. Primero con una subida desproporcionada del IVA, con criterios completamente aleatorios (¿por qué puede de repente el Gobierno corregir el IVA a las obras de arte y no al cine o al teatro?) y luego con los bestiales recortes presupuestarios, nunca compensados con políticas fiscales coherentes, no por muy prometidas, realmente implementadas.

Cuando el secretario de Estado de Cultura, el señor Lasalle, aprobó y el Ministerio de Cultura sancionó, la retirada del canon, fue para descapitalizar las industrias e impedir que pudieran financiarse los estudios y argumentos que hubieran demostrado que la acción cultural del Gobierno no tenía sentido. Fue para debilitar la formación, la creación, y sobre todo, para impedir que la cultura pudiera reaccionar ante unos ataques tan virulentos desde un Estado que debería haberla protegido.

El Gobierno pretendía decapitar la industria y mermar su capacidad de análisis y de respuesta, y lo ha conseguido.

Aún le queda tiempo al Gobierno y a su nuevo ministro de Cultura -que ha recuperado un diálogo cortado por su Gobierno desde el primer día- para reconsiderar su decisión y entender que tan solo por razones ideológicas o pataletas personales, no está bien destrozar tantos puestos de trabajo.

Continuará...