Es noticia
'Público' debe 14,8 millones a proveedores: la auditora ya cuestionó su viabilidad en 2010
  1. Comunicación
ACUMULA PÉRDIDAS DE 59 MILLONES EN 40 MESES

'Público' debe 14,8 millones a proveedores: la auditora ya cuestionó su viabilidad en 2010

Mediapubli, sociedad editora del diario Público, claudicó ayer. La compañía que administran Tatxo Benet y Jaume Roures solicitaba el concurso voluntario de acreedores en un juzgado

Foto: 'Público' debe 14,8 millones a proveedores: la auditora ya cuestionó su viabilidad en 2010
'Público' debe 14,8 millones a proveedores: la auditora ya cuestionó su viabilidad en 2010

Mediapubli, sociedad editora del diario Público, claudicó ayer. La compañía que administran Tatxo Benet y Jaume Roures solicitaba el concurso voluntario de acreedores en un juzgado de Barcelona, incapaz de afrontar la tozudez de los números. Según consta en sus cuentas de 2010, recientemente presentadas en el Registro Mercantil, la empresa acumula pérdidas de 59 millones de euros en 40 meses. Además, mantenía una deuda con acreedores comerciales de 14,79 millones, de los cuales 8,86 debían abonarse a corto plazo. Obligaciones que ponían al límite la tesorería del rotativo, al punto de llevar al auditor a cuestionar su continuidad.

“Al cierre de este ejercicio la sociedad presenta un fondo de maniobra y un resultado operativo negativos, los cuales están claramente influenciados por la recesión de la economía mundial y española originada por la crisis financiera, que está afectando de forma muy significativa a los ingresos publicitarios. La continuidad de la actividad de la sociedad (…) depende, en gran medida, del apoyo financiero de sus socios y de la capacidad de generar beneficios futuros“, subrayan Ernst & Young y ACR  Auditecnia en su informe, añadiendo que los administradores han presentados las cuentas bajo “el principio de empresa en funcionamiento” y asumiendo que, en efecto, sus dueños continuarán inyectando capital.  

El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. Si es negativo, implica que las exigencias a corto plazo de la empresa no están bien cubiertas y pueden producirse impagos. Mediapubli contaba a 31 de diciembre de 2010 con un pasivo corriente de 23,03 millones de euros, disparado por las deudas con proveedores. Sin embargo, el activo apenas alcanzaba los 12,9 millones de euros. “La búsqueda de préstamos financieros en los últimos meses, y hasta el mismo día de ayer, ha resultado infructuosa, pese a que el volumen de la deuda acumulada es mucho menor que el soportan la mayoría de cabeceras”, explicaba ayer el director de la publicación, Jesús Maraña.

Los beneficios, además, han brillado hasta ahora por su ausencia. Mediapubli registró en 2011 unas pérdidas de 7,92 millones de euros, montante al que debe sumarse el agujero de 51,12 millones generado desde el nacimiento del periódico, en septiembre de 2007. Todo “a pesar de la reducción sustancial de las pérdidas operativas y el cumplimiento del presupuesto de ingresos y resultados en el ejercicio 2010”, según explica el propio grupo. La sociedad facturó ese año 40,56 millones de euros. El propio Maraña ponía ayer en valor las cifras de difusión -87.000 ejemplares en la última OJD- y culpaba de la situación a la debacle publicitaria que asola el sector, con ingresos que han caído un 50% desde 2007.

Concurso en pleno cambio de gobierno

Mediapubli ya acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) en septiembre de 2011, que afectó a 39 trabajadores, el 20% de la plantilla. La medida también incluyó una reducción salarial entre los profesionales por tramos de remuneración. El director deja claro en su artículo de ayer que los puestos de trabajo de los 160 profesionales que componen la plantilla del diario están ahora en peligro y desvinculó la medida del cambio de gobierno. El concurso voluntario de acreedores dará la última palabra de toda decisión que afecte a la compañía a los administradores concursales que designe el juez, si bien los actuales gestores pueden conservar sus facultades de administración. También abre la puerta a la reestructuración de la deuda para facilitar la continuidad de la actividad.

La editora de Público está participada por un abanico de sociedades entre las que sobresale Orpheus Media, que atesora el 52,30% del capital. Dicha firma está a su vez controlada por Mediacapital B.V., firma radicada en los Países Bajos. Benet y Roures firman las cuentas como administradores de la compañía. La suspensión de pagos en Público se suma a los problemas que han atravesado otros negocios en los que participan sus gestores. Por ejemplo, La Sexta era absorbida hace apenas días por parte de Antena 3, después de sus socios invirtieran más de 650 millones en la cadena sin obtener beneficios. Mediaproducción, sociedad que gestiona los derechos del fútbol y en la que Roures es administrador único, levantaba recientemente el concurso de acreedores.

Según reflejan las cuentas de la sociedad, la alta dirección -compuesta por siete personas- y los altos directivos –por dos- percibieron en su conjunto una retribución de 1,19 millones de euros en 2010, frente a los 1,35 millones que se embolsaron el año anterior. Los miembros del Consejo de Administración, sin embargo, “no han devengado remuneraciones a través de la sociedad”. La sociedad estimaba que no existían “riesgos ni incertidumbre en su negocio” y consideraba que era posible “cumplir los objetivos de crecimiento en difusión y publicidad”. La previsión para 2011 pasaba por incrementar la facturación y lograr una mejora del 20% en el resultado antes de impuestos.

Mediapubli, sociedad editora del diario Público, claudicó ayer. La compañía que administran Tatxo Benet y Jaume Roures solicitaba el concurso voluntario de acreedores en un juzgado de Barcelona, incapaz de afrontar la tozudez de los números. Según consta en sus cuentas de 2010, recientemente presentadas en el Registro Mercantil, la empresa acumula pérdidas de 59 millones de euros en 40 meses. Además, mantenía una deuda con acreedores comerciales de 14,79 millones, de los cuales 8,86 debían abonarse a corto plazo. Obligaciones que ponían al límite la tesorería del rotativo, al punto de llevar al auditor a cuestionar su continuidad.