El PP se sube al carro de las protestas y convoca una para el próximo miércoles

No ha querido el Partido Popular dejar pasar la oportunidad de contribuir al desgaste del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, esta vez a cuenta del enfrentamiento entre el Gobierno y los internautas por culpa de la puerta que ha abierto la Ley de Economía Sostenible al cierre sin autorización judicial de páginas web. Génova no ha tardado en echar más leña al fuego.

 

Al contrario que en otras ocasiones, la Dirección del Partido Popular ha reaccionado con rapidez y a primera hora de la tarde de ayer, por boca de su vicesecretario de Comunicación y experto en asuntos de la red, Esteban González Pons, exponía su criterio: la ley recupera la censura y es necesaria una Ley Orgánica que proteja los derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Para el próximo miércoles ha convocado una reunión con los internautas. “Esto se le ha ido de las manos al Gobierno”, afirman en Génova 13. El PP se quiere poner al frente de la manifestación, en sentido figurado porque, en principio, no está previsto que, como organización política, secunde la movilización que ya se está promoviendo desde la red para el próximo día 11 y que pretende reunir a más de un millón de personas contra los planes del Gobierno.

Pero lo que sí va a garantizar el PP a los internautas es que, en caso de que la ley siga adelante en los términos actuales, cuando los ‘populares’ lleguen al Gobierno la cambiarán para que no pueda cerrarse ni suspenderse ninguna página web sin autorización judicial, y derogar la creación de la Comisión que propone ahora Cultura porque el PP entiende que se trata de un “organismo censor”, propio de dictaduras como la de China, según explicó ayer González Pons.

A vueltas con Sitel

Eso por lo que respecta a su actividad fuera del Parlamento. En las Cortes, el PP se propone ‘atosigar’ al Gobierno a base de preguntas e interpelaciones sobre un asunto que considera de la máxima gravedad, y propondrá que, de seguir adelante con el proyecto, no pueda llevarse a cabo sin una Ley Orgánica que proteja derechos fundamentales. Algo similar a lo que pide el PP respecto a Sitel, y que es lo que está previsto en la Constitución para estos casos.

González Pons fue muy duro ayer en su crítica al Gobierno al que acusó de intentar “evitar el control judicial en todos los asuntos que tienen que ver con derechos fundamentales. Está sufriendo un proceso de petrificación democrática, cada vez más preocupante, y que hoy afecta a Internet, como en días anteriores ha afectado a otras facetas de la vida de los ciudadanos”.