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Las empresas de resúmenes de prensa temen un castigo del Senado con la nueva la ley de Propiedad Intelectual
  1. Comunicación

Las empresas de resúmenes de prensa temen un castigo del Senado con la nueva la ley de Propiedad Intelectual

Las empresas de seguimiento de prensa (el también llamado ‘clipping’) se encuentran en un momento peliagudo. La nueva Ley de Propiedad Intelectual que se debate hoy

Las empresas de seguimiento de prensa (el también llamado ‘clipping’) se encuentran en un momento peliagudo. La nueva Ley de Propiedad Intelectual que se debate hoy en el Senado puede abocarlas a su desaparición y, según han denunciado ellas mismas, podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la actualidad, las empresas de seguimiento de información y publicidad están amparadas por el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se expone el derecho de cita.

El asunto no es nuevo. Ya en 2002 surgió el primer litigio. La AEDE (Asociación Española de Editores) se presentó en los tribunales posicionándose en contra del trabajo que realizan este tipo de empresas. No consiguieron que se llevase a cabo ningún cambio y, entonces, decidieron atacar por otro flanco. En concreto, quieren cambiar directamente la Ley de Propiedad Intelectual. Piden la exclusividad de sus contenidos, y demandan la facultad de autorizar la cita.

Rodolfo García de la Rosa, de la Asociación de empresas de resúmenes de prensa, declaró a El Confidencial que desde el grupo preferirían que se mantuviera la redacción actual, aunque asegura que están dispuestos a buscar un término medio, sin necesidad de pasar por los tribunales. “Sería posible negociar el establecimiento de un canon, pero que fuese una remuneración equitativa y justa para las dos partes. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que el editor sea quien tenga la potestad de otorgar las autorizaciones para ser citado por quién él decida”. Según García de la Rosa, en tal caso las empresas de ‘clipping’, ocho actualmente, con 400 empleados y una facturación anual de 20 millones de euros, se verían abocadas al cierre.

El tema del canon, explica, tiene aristas muy complicadas. “¿A quién se le pagaría ese canon de, por ejemplo, un artículo de una agencia de información? ¿Al periodista que lo ha elaborado, o a la empresa que le contrata, como pretenden las editoras? ¿Por qué se le va a pagar a la empresa editora si lo que se está reproduciendo es un fragmento concreto de su producto y no la obra completa? Ignacio de Benito, de la AEDE, dijo recientemente que lo que quieren los editores es extender aún más los derechos de autor. Pero ahí surge la polémica: ¿autor colectivo o autor individual?

Realmente quien sale perjudicado de todo esto es el usuario final, y el derecho a la Información que la Constitución contempla para todos los ciudadanos de nuestro país. Vicente Dalda, también de la asociación, explicó en rueda de prensa que las empresas de la AESIP (Asociación Española de Seguimiento de Información y Publicidad) piden a la ministra de Cultura, Carmen Calvo que escuche a todos los sectores implicados (redactores, fotógrafos, colegios profesionales, asociaciones de la prensa...) y no sólo a los editores. "Queremos que las cosas se queden como están y que se discuta a futuro con todos los interlocutores".

Defender el derecho a la información

Las empresas de resúmenes de prensa recuerdan que su actividad está amparada en el artículo 32 de la actual Ley de Propiedad Intelectual, que establece como lícitas la recopilación de información en forma de reseñas o revistas de prensa y, por ello, piden que la ley vigente se adapte a la directiva europea atendiendo a los derechos de información de todos los ciudadanos. "En España se editan 7.000 publicaciones escritas, según la OJD”, explicó Dalda. “Si alguien quiere ejercer el derecho a la información es imposible que se lea todo y ahí está la utilidad de los resúmenes".

Las empresas de seguimiento de prensa (el también llamado ‘clipping’) se encuentran en un momento peliagudo. La nueva Ley de Propiedad Intelectual que se debate hoy en el Senado puede abocarlas a su desaparición y, según han denunciado ellas mismas, podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En la actualidad, las empresas de seguimiento de información y publicidad están amparadas por el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, en el que se expone el derecho de cita.