Interior culmina el plan: todos los presos de ETA ya están en cárceles del País Vasco y Navarra

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha culminado la política que inició en 2018 y ha puesto fin a la dispersión de presos de ETA establecida en 1989. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha informado este viernes del acercamiento de los últimos cinco presos de la organización que no estaban todavía en cárceles del País Vasco y Navarra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez en un duro comunicado: “Está con los terroristas, no con sus víctimas”.

Los últimos cinco beneficiados son Faustino Marcos, Asier Borrero, Gregorio Escudero, Garikoitz Etxeberria e Irantzu Gallastegui Sodupe. Esta última, pareja sentimental de sanguinario García Gaztelu, alias Txapote, fue condenada por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hasta esta semana quedaban siete por trasladar y la semana pasada quedó libre un preso etarra que estaba en la prisión de Daroca (Zaragoza), Sebastián Gurtubai. Resta Natividad Jauregui, presa en Madrid porque tiene que estar presente en diligencias judiciales que obligan a su traslado a la Audiencia Nacional, según precisan fuentes de la AVT, que monitoriza todos los movimientos llevados a cabo por Interior.

La política de dispersión de etarras se puso en marcha en 1989 bajo el Gobierno socialista de Felipe González. Se entendió que juntar a los presos de la banda en las mismas prisiones iba en contra de su reinserción porque facilitaba a la banda imponer su férrea disciplina en las prisiones. Por eso el colectivo de interno de la banda se disgregó por casi toda la geografía española. Los familiares de los terroristas y la izquierda abertzale siempre denunciaron esta situación como un castigo añadido dado que dificultaba las visitas a los reclusos por las distancias o aumentaba el riesgo de sufrir accidentes en la carretera.

La decisión sobre el lugar en el que debe cumplir condena un preso es exclusiva de la administración y, por tanto, del Ministerio del Interior. Ninguna ley exige que los presos cumplan la pena en un lugar próximo a su domicilio y así lo han determinado los tribunales españoles y europeos. En todo caso se recomienda en aras de una mejor reinserción, pero en el caso de ETA entraba en juego otros condicionantes negativos. El actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018, apenas unos meses después de que ETA decretase su disolución definitiva en abril de ese año. Ya en 2011 anunció el cese de sus atentados y la última víctima mortal de la organización data de 2010.

Las víctimas del terrorismo, con la AVT a la cabeza, siempre han opuesto al final de la dispersión de manera generalizada. Recuerdan que cerca de un tercio de los más de 800 atentados de la banda siguen sin esclarecer. Creen que los acercamientos no contribuyen a la exigencia a los reclusos para que colaboren con la justicia en la resolución de estos crímenes.

Cuando ETA decretó el cese los atentados en 2011 contaba con cerca de 700 presos en las cárceles de toda España y Francia. El país galo, en consonancia con la política antiterrorista de España también aplicó la dispersión, pero también empezó a descartarla hace años. En 2023, el colectivo de presos de ETA (EPPK, por sus siglas en euskera) cuenta con 140 presos en cárceles del País Vaso y Navarra y una docena en la prisión francesa de Lannemezan, a 330 kilómetros de Euskadi.

La AVT ha escenificado su rechazo a esta situación con una esquela que anuncia la muerte de la política de dispersión. En el comunicado que le acompaña acusa al Gobierno de haber infligido un dolor innecesario a las víctimas, muchas de las cuales han tenido que retomar la ayuda psicológica al ver cómo los asesinos de sus seres queridos lograban su objetivo de regresar a su lugar de origen. En este debate, las víctimas siempre alegaron que era preferible emprender un viaje de horas por carretera para ver a un allegado que tener que visitarlo en el cementerio.

Los presos de ETA que están en la cárcel de Pamplona son algo más de una decena. El resto se encuentran repartidos en las tres prisiones vascas (Zaballa, Martutene y Basauri). Desde octubre de 2021, el Gobierno Vasco tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria. Todos los presos que han sido trasladados a Euskadi dejan de depender de Interior para ser materia de la Consejería de Justicia del Ejecutivo autonómico que dirige el PNV.

Si bien la legislación penitenciaria y la última palabra es de los jueces de la Audiencia Nacional en Madrid, la administración tiene margen para impulsar beneficios penitenciarios, permisos de salida o progresiones de grado que pueden significar la excarcelación. Durante este periodo, el Gobierno Vasco ha aprobado 40 terceros grados de los cuales nueve ya han sido revocados por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria por considerar que no cumplen las condiciones exigidas.