POR LOS 53 MILLONES DE AYUDA
Una jueza de Madrid investiga a altos cargos del Gobierno por el rescate de Plus Ultra
La investigación parte de una denuncia interpuesta por Manos Limpias y pone el foco en el vicepresidente de la SEPI y el "resto de miembros del consejo de administración"
La jueza Esperanza Collazos ha abierto una investigación contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, y el "resto de miembros del consejo de administración" por el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. En total, más de una decena de altos cargos del Gobierno entre los que figuran diversas secretarias de Estado. "Incóense diligencias previas por el presunto delito de malversación de caudales públicos", explica la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid en un auto del 8 de abril.
Las diligencias, adelantadas por 'El Español', añaden más presión al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los principales valedores de la operación. El Consejo de Ministros aprobó el rescate en marzo por el carácter "estratégico" de Plus Ultra, una empresa con una cuota de mercado en el sector aeronáutico nacional que no llega al 0,1% y que, en la práctica, tiene el grueso de sus acciones en manos extranjeras. En concreto, de empresarios venezolanos a los que se vincula con el régimen de Nicolás Maduro.
Collazos no cita a declarar a los investigados, pero pide a la SEPI que los identifique y facilite el expediente del rescate. Más allá de Lora, en el consejo de administración figuran la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro Llamazares; la de Hacienda, Inés María Bardón Rafael; la de Energía, Sara Aagesen Muñoz, y la de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva Fernández. Los vocales que completan el consejo son seis subsecretarios, un secretario general, un director general y dos jefes de Gabinete. Por ahora, Collazo solo menciona de forma directa a Lora en su auto y, en lo que se refiere a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, queda fuera de la investigación al haber sido nombrada hace tres semanas.
La investigación parte de una denuncia interpuesta por el presidente de Manos Limpias Miguel Bernad, al que se juzga en estos momentos en la Audiencia Nacional por el caso Ausbanc. El abogado carga en su escrito contra el vicepresidente de la SEPI y el resto de miembros del consejo de administración como responsables del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, su denuncia también incluía el delito de prevaricación.
En marzo, después de que 'VozPópuli' informara sobre los lazos de la aerolínea con el chavismo, la SEPI trató de justificar la concesión a la misma con tres informes previos que ofrecieron un resultado favorable. Estos análisis independientes sostenían que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país, un razonamiento que ahora será investigado por la jueza madrileña.
Las diligencias de Collazos no son las primeras que ponen el foco en Plus Ultra. Como destapó El Confidencial, Estados Unidos está investigando a dos accionistas venezolanos de la aerolínea: Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff. Ambos entraron en el capital de la compañía en junio de 2018 y ocupan un asiento en su consejo de administración, una maniobra que las autoridades estadounidenses consideran que puede estar relacionada con una trama de blanqueo de dinero a gran escala procedente de la corrupción chavista. La embajada de Washington en Madrid ya ha cursado una solicitud de colaboración a España.
En cuanto a los principales accionistas, se trata de otros empresarios igualmente venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli, a los que se ubica en el entorno de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la que Ábalos se reunió en el aeropuerto de Barajas en secreto en enero de 2020. A Reyes Rojas también se le vincula con el empresario colombiano-libanés Alex Saab, que fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 y está pendiente de extradición a Estados Unidos, que le acusa de liderar una red de blanqueo de dinero del régimen chavista y actuar como testaferro del propio Nicolás Maduro.
Más allá de la denuncia de Bernard y la correspondiente investigación de Collazos, Vox ha interpuesto una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de Plus Ultra ante el Tribunal Supremo. El partido apunta a posible prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude fiscal y entramado societario fraudulento, pero el alto tribunal no ha respondido por el momento a su escrito.