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CONTRADICE AL JUEZ

La Fiscalía pide levantar la imputación de los periodistas que informaron sobre los CDR

Sostiene que la difusión de actuaciones secretas por parte de los medios de comunicación no puede considerarse revelación de secretos porque “no son parte en el procedimiento judicial"

Xavier Buch, uno de los CDR acusados de terrorismo, en su declaración ante la Audiencia Nacional. (Foto: EC)

La Fiscalía no está de acuerdo con el juez Juan Carlos Peinado. Después de que el magistrado haya imputado por revelación de secretos a periodistas que informaron sobre el sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), el Ministerio Público ha recurrido el auto y pide dejar sin efecto las citaciones previstas para el próximo 29 de noviembre. Los periodistas investigados pertenecen a ocho medios de comunicación distintos: El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE.

La Fiscalía sostiene para ello que la difusión de actuaciones secretas por parte de los medios de comunicación no puede considerarse un delito de revelación de secretos, puesto que "no son parte en el procedimiento judicial". También subraya que la difusión de dichas noticias está "plenamente" amparada por el derecho a la información, "sin que se pueda exigir responsabilidad penal alguna a los medios de comunicación que la han difundido".

Considera que "no siendo responsables de la infracción penal que es objeto de la instrucción de la presente causa, no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados" y las citaciones deberían ser anuladas. En el momento de estas revelaciones, de evidente interés público y alusivas a los autos de prisión de los CDR investigados por terrorismo, el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encontraba bajo secreto.

La investigación a los periodistas tiene su origen en una petición realizada por las defensas de los CDR investigados que el pasado 4 de octubre recibió el aval de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que instó a que un juzgado de Madrid y no la Audiencia -por cuestión de competencia- indagara una revelación de secretos por la filtración a la prensa del contenido de los autos de prisión.

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