Guerra contra la banca: Sánchez recupera su diana fiscal favorita con el impuesto AJD

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar esta semana que la banca es su objetivo fiscal favorito. El legislador ha anunciado un real decreto ley para que el impuesto de las hipotecas (AJD) lo paguen los bancos, que además no podrán deducirse la factura.

La llegada del líder socialista a la Moncloa trajo consigo la amenaza para la banca de un impuesto especial justificado por el rescate de la crisis financiera y para contribuir al esfuerzo de sufragar la revalorización de las pensiones públicas. Las entidades se defienden con que el rescate fue a los depositantes y a las cajas de ahorros, y que los bancos pusieron 20.000 millones para sanear el sistema.

En cualquier caso, el impuesto no salió adelante, aunque sí se fijó un mínimo en Sociedades para bancos y petroleras del 18%, frente al 15% para el resto de corporaciones. No habrá tributo especial “por ahora”, ironizó María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, en la presentación de resultados. De hecho, el Gobierno no ha descartado recuperar esta idea, mientras que sí lanzó la tasa Tobin del 0,2% para la compra de acciones de empresas españolas con una capitalización de más de 1.000 millones de euros.

Ahora, los bancos se enfrentan a una nueva factura, tras el caos desatado por el Tribunal Supremo en el mercado hipotecario. Una sentencia del 18 de octubre puso el acento en el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que durante los 23 últimos años ha recaído sobre el prestatario. Es decir, sobre el cliente hipotecario.

Pero en ese momento señaló un cambio de sujeto pasivo hacia la banca, y abrió la puerta a la retroactividad, lo que generó un pánico entre los inversores con una ola de ventas que provocó pérdidas cercanas al 20% en varias entidades. Los bancos recuperaron gran parte de lo perdido en bolsa cuando la base jurídica fue apuntando a las haciendas autonómicas con el riesgo de una derrama de hasta 5.000 millones por los impuestos cobrados desde 2014.

Finalmente, el martes el Supremo decidió, por 15 votos a 13, que el sujeto pasivo es el cliente, volviendo a la posición anterior al 18 de octubre. Pero Sánchez anunció este miércoles su intención de legislar para fijar el cambio definitivo del sujeto pasivo, algo que incluso aplauden los bancos. “Si el legislador hace una ley, perfecto, actuaremos en consecuencia, pero con seguridad jurídica”, apuntan fuentes jurídicas.

Los cálculos sobre el coste anual del impuesto oscilan entre los 640 millones que apuntó Moody’s y los 1.150 millones estimados por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha. Por su parte, S&P estima un coste un coste anual de 700 millones teniendo en cuenta las hipotecas constituidas los últimos 12 meses, lo que equivale al 5% del beneficio doméstico antes de impuestos del sector bancario en 2018. “Si los cambios afectan también a las garantías hipotecarias provistas en créditos comerciales, la factura podría ser más alta. El Ministerio de Hacienda estimó 5.000 millones los últimos cuatro años, lo que sugiere una media de 1.250 millones anuales”, añade la calificadora de riesgos, que también asegura no entender por qué se ha puesto en el disparadero a la banca si el problema ha sido jurídico. Al no poder deducirse este coste, la factura puede alcanzar los 2.000 millones. En la misma línea que S&P, los banqueros admiten temer un daño reputacional por algo en lo que no han participado.

No obstante, la cotización de los bancos, con fuertes subidas el jueves, apenas se vio afectada por el anuncio de Sánchez. Los expertos dan por hecho que el tributo se soportará de forma efectiva entre bancos y consumidores, y dependerá del grado de competencia en cada momento y la elasticidad (o sensibilidad) sobre los precios de oferta y demanda para saber quién pagará más en cada momento. “Como las reglas del juego han cambiado, esperamos que los bancos tratarán de encarecer las nuevas hipotecas y no tendrán que absorber toda la modificación fiscal”, arguye S&P.

Como las reglas del juego han cambiado, los bancos tratarán de encarecer las nuevas hipotecas y no tendrán que absorber todo el cambio fiscal

En este sentido, Sánchez pidió responsabilidad a los bancos y aludió al entorno de alta competencia actual. Algunos expertos creen que en un primer momento sí habrá un encarecimiento que ya se está produciendo, animado además por expectativas de un paulatino incremento del euríbor, todavía en negativo. Pero después, “con que una entidad decida asumir todo el impuesto con su oferta, el resto irá detrás”, señala un ejecutivo. Es decir, nuevamente la respuesta es que dependerá de la competencia.

Opciones para gravar a los bancos

El Gobierno aludió recientemente a la competencia por escrito en una respuesta a una diputada del PP que en julio preguntó cómo tenía previsto impedir que el nuevo impuesto en el que trabajaba -y que por ahora se ha paralizado- se transfiriera a los clientes en forma de más coste. Tres meses después, en octubre, el Ejecutivo admitió que están en fase de estudios “distintas opciones para que las entidades de crédito contribuyan en mayor medida al sostenimiento de las cargas públicas”. Es decir, la guerra fiscal contra la banca contúa.

En este sentido, el Gobierno señala que como tributan por el Impuesto sobre Sociedades, hay más opciones que un mero impuesto especial para los bancos. Sobre la pregunta en cuestión, señala que la fijación de comisiones y tipos de interés es libre. En un discurso reciente, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, señaló la importancia de introducir transparencia y rigor en la fijación de precios. “Si la entidad dispone de herramientas avanzadas como método para mejorar la rentabilidad, podrá desarrollar una adecuada política de fijación de precios, coherente y exhaustiva, que garantice que el precio que se cobra por un producto o servicio se corresponda con su coste total, incluida la prima de riesgo”, aseguró Delgado. Banqueros consultados creen que los supervisores no verían con buenos ojos que el impuesto no repercuta en el coste de las hipotecas por rentabilidad y solvencia, y recuerdan que “no se puede vender por debajo de coste”.

El Ejecutivo también asegura que hay 163 entidades de diversa índole compitiendo, y que la competencia también proviene de otras entidades que prestan servicios similares a los de la banca, como son los establecimientos financieros de crédito o las entidades de pago. "Un incremento de los precios en el sector bancario hace más atractivos los servicios de estas entidades", asegura el Gobierno, que cita al 'crowdfunding' o al mercado de renta fija (MARF, en España). Por último, añade, "cabe destacar el papel de la política de defensa de la competencia como salvaguardia de posibles pactos colusorios en precios".