iNFORME "OECD Skills Strategy"

Qué debe hacer España para progresar, según la OCDE: “Garantizar la continuidad política”

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en colaboración con el Gobierno, ha presentado un informe sobre las estrategias encaminadas a reforzar el sistema de competencias

Foto: Méndez de Vigo recibe la cartera como nuevo ministro de educación de manos de su antecesor, José Ignacio Wert. (Efe)
Méndez de Vigo recibe la cartera como nuevo ministro de educación de manos de su antecesor, José Ignacio Wert. (Efe)

¿De qué depende la prosperidad de un país? Parece una pregunta difícil, pero no lo es tanto. Como es lógico, hay territorios con unos recursos naturales más o menos abundantes y variados, un punto de partida que sirve de muy poco si no se saben aprovechar. La riqueza de una comunidad depende ni más ni menos que de aquello que saben hacer las personasque la forman. Lo que en la jerga de la la política y la educación se conoce como “competencias”.

Actualmente, las competencias se entienden como “actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer“. O, en cristiano, son las habilidades que tenemos cada uno para desempeñar de la mejor forma posible nuestro trabajo.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) lleva años insistiendo en que las competencias –traducción que se prefiere de “skill” en inglés, que en otro contexto traduciríamos como “habilidades”– suponen la base del crecimiento y prosperidad futuros de las naciones.

En España, existen cerca de 10 millones de adultos con un bajo nivel de rendimiento ya sea en comprensión lectora o en competencia matemática

“Las competencias suponen más que el simple aumento del empleo, los ingresos y el crecimiento”, explica Andreas Schleicher, director de la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, en un informe sobre el asunto que ha presentado esta mañana. “Los datos de la Evaluación de Competencias de Adultos (PIAAC) indican que, en todos los países, los adultos con mayor nivel de competencias básicas, como comprensión lectora y competencia matemática, tienen mayor probabilidad de presentar buena salud, percibirse a sí mismos como parte activa de los procesos políticos y tener confianza en los demás que aquellos menos cualificados. En pocas palabras, alcanzar unos niveles más altos de competencias para todos fomenta la equidad y facilita la participación de las personas en la democracia y la sociedad”.

En el informe, que se ha elaborado en colaboración con el Gobierno de España, el organismo que reúne a los países más ricos del mundo identifica doce retos que España debería superar en materias de competencias:

1. Mejorar las competencias de los alumnos de enseñanza obligatoria, luchando contra el abandono escolar, mejorando la calidad general del sistema y apostando por nuestra gran asignatura pendiente, la Formación Profesional.

2. Asegurarse de que los estudiantes de enseñanza superior alcancen un alto nivel de cualificación profesional y adquieran las competencias relevantes demandadas por el mercado laboral.

3. Mejorar las competencias de los adultos escasamente cualificados. En España, existen cerca de 10 millones de adultos con un bajo nivel de rendimiento ya sea en comprensión lectora o en competencia matemática.

4. Eliminar las barreras regulatorias y fiscales a la contratación de trabajadores. El mercado laboral español sigue estando marcado por la dualidad y un alto índice de paro.

5. Reintegrar a los desempleados a través de políticas y estrategias de apoyo orientadas a la búsqueda de empleo. El gasto destinado a políticas activas de empleo no es alto en relación con otros países de la OCDE.

6. Mejorar la transición de los jóvenes del sistema educativo a un trabajo estable. El porcentaje (20%) de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación, más conocidos como «generación Ni-Ni», sitúa a España en una posición cercana a aquellos países de la OCDE que ocupan los primeros puestos de la cola, únicamente detrás de México, Grecia e Italia.

7. Aprovechar al máximo la formación en el lugar de trabajo para potenciar la productividad y la competitividad. Si España quiere aprovechar al máximo las competencias de su población activa, deberá concienciar a las propias empresas acerca de su importancia.

8. Apoyar a los trabajadores altamente cualificados y a las universidades a fin de impulsar la innovación y aumentar la productividad y el crecimiento. Ello conllevará eliminar los obstáculos a la innovación y al emprendimiento.

9. Mejorar y ampliar el acceso a una información de calidad sobre inserción laboral y oportunidades de aprendizaje.

10. Entablar relaciones de colaboración más estrechas para mejorar los resultados en competencias. El sector privado no tiene una actitud suficientemente proactiva para realizar aportaciones a las decisiones inherentes a la asignación de plazas y al diseño de los programas de estudios de educación superior.

11. Financiar un sistema de competencias más eficaz y eficiente. Habida cuenta de la estructura descentralizada de la Administración española, para poder financiar un sistema de competencias más eficaz se precisa de una estrategia común y coordinada a nivel nacional y regional.

12. Fortalecer la gobernanza del sistema de competencias. Si bien es cierto que existen comités interministeriales de alto nivel, se precisa de un mayor diálogo, oficial y más frecuente.

Qué implica un cambio de Gobierno

La OCDE asegura en su informe que, “dado el amplio abanico de factores que influyen en el desarrollo, la activación y el uso de las competencias, y la amplia distribución de responsabilidades en dichas áreas (entre ministerios y en todos los niveles de gobierno), para la coherencia y la continuidad de las políticas son fundamentales unas estructuras de gobierno eficaces”.

Otro riesgo es que se dañen las relaciones con colaboradores o agentes implicados, quienes deben trabar relaciones con una administración nueva

La organización considera que España no cuenta con un sistema de gobernanza horizontal y vertical eficaz. “En España, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es esencial, habida cuenta de su forma de gobierno tan descentralizada”, se precisa en el informe. “En muchos casos, en un área política tiene responsabilidades más de un nivel gubernamental. A menudo (aunque no siempre), esto implica que el gobierno estatal es responsable de la concepción y el desarrollo de las políticas y los gobiernos regionales y locales, de su aplicación”. Pero, como asegura la OCDE, “los mecanismos de coordinación vertical, como las conferencias sectoriales, se caracterizan por tener un reducido número de asistentes, recibir poco seguimiento y ser percibidos como ineficaces. No queda claro si se consulta a los gobiernos autonómicos en materia de políticas de competencias, y cómo se hace”.

La OCDE apunta además que “la continuidad política es importante para garantizar que las competencias den mejores resultados”. Por ello explica, los cambios no son buenos: “Una gran tasa de reemplazo en los niveles más altos de la función pública puede socavar la continuidad política, sobre todo si las elecciones propician cambios. Al igual que en muchos otros países, en España, cuando el gobierno cambia, también lo hace un porcentaje relativamente elevado de altos funcionarios. Esto entraña una pérdida de conocimiento y buen hacer institucional, que puede minar la continuidad política, y es especialmente preocupante en el área de las competencias, pues entre el desarrollo de las políticas y los resultados finales transcurre mucho tiempo. Otro riesgo es que se dañen las relaciones con colaboradores o agentes implicados, quienes deben trabar nuevas relaciones con una administración nueva. Si el alto funcionariado mantuviera una mayor continuidad, se garantizaría una mayor continuidad política, algo que beneficiaría tanto a la eficacia como a la eficiencia de las políticas. A este respecto, podrían ser de utilidad medidas para reforzar y salvaguardar la neutralidad política de los altos funcionarios”.

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