La Comunidad de Madrid no acude a la primera evaluación de la Ley Antitabaco

Todavía hay muchas aristas que limar en la recién estrenada Ley Antitabaco. Por eso ayer, once días después de que entrase en vigor la nueva normativa, el ministerio de Sanidad cerró una reunión con los consejeros autonómicos, los encargados de hacer cumplir la ley, para hacer una evaluación conjunta de su aplicación. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue el único representante autonómico que no asistió a la reunión. Tampoco comunicó que no asistiría.

 

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid pone trabas al endurecimiento contra el tabaco. Fue el anterior consejero de Sanidad, Juan José Güemes, el que alertó a la por entonces ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de que las prohibiciones no suelen dar buen resultado porque suponen una “restricción de la libertad individual, y hay que ser muy cuidadosos cuando se restringe”. Aunque en un primer momento se limitó a decir que es difícil opinar de un texto desconocido, no dudó en enumerar las desventajas que, a su juicio, tendría una ley más restrictiva, centrándose en el coste que reportaría a los empresarios de la hostelería.

 

La actual ministra, Leire Pajín, quiso escuchar de primera mano las inquietudes de los agentes encargados de hacer cumplir la Ley. Todos coincidieron en que la tónica general desde el día 2 ha sido que los clientes que querían fumar abandonaban el local sin provocar ningún escándalo. Contadas las excepciones, los temas que más preocupaban a los consejeros es cómo aplicar la Ley; la ejecución de las multas y si el cigarrillo electrónico, la compra más cotizada para los que han decidido dejar el hábito, es perjudicial o no para la salud de los ex fumadores.

 

El propio Lasquetty afirmaba hace dos días que el número de denuncias que se ha recibido es “relativamente pequeño”, y señaló que la Comunidad de Madrid está actuando "absolutamente igual que hasta ahora", ya que tan solo "ha cambiado el alcance de la norma". Sin embargo, no hizo mención al número de inspectores que ha puesto para perseguir a los fumadores que intenten incumplir la normativa: 17 para casi 36.000 bares y restaurantes que tienen la obligación de cumplir la orden ministerial. Un número muy escaso comparado con otras comunidades como Andalucía, que cuenta con 800 inspectores para 53.000 locales o Extremadura, que ha colocado a 350 espías para 8.235 bares.

Lasquetty: "Quien está poco ágil es el Gobierno"

Mientras que el resto de consejeros aplaude la medida impuesta desde Sanidad y colabora con el ministerio de Pajín para hacer cumplir espacios cerrados sin humos, Lasquetty aprovechó para criticar que el Gobierno central publicara el 31 de diciembre la Ley en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor el 2 de enero. "Se ha explicado tan mal, tan mal, que lo que ha explicado el Ministerio en una ley que publica en el BOE, que tampoco es una cosa que lean todos los españoles, el 31 de diciembre para empezar a aplicarla el 2 de enero y todavía le parece que la gente está poco ágil. Quien está poco ágil es el Gobierno", ha criticado para decir que ha indicado que "no está muy autorizado el Gobierno para exigir agilidad y ligereza".

Según el mismo consejero, una ley que el propio Gobierno central "ha pregonado como algo importantísimo, no puede publicarla el 31 de diciembre para que entre en vigor el 2 de enero". Al margen de la fecha y lugar de su publicación, afirmaba que "no es una ley bien pensada" y "no es una ley que tenga en cuenta la necesidad de que todo el mundo tenga claro cuáles son sus derechos y dónde pueden ejercerlos". No obstante, ha indicado que en "la Comunidad de Madrid se está cumpliendo y se está acatando y se está respetando como toda norma que forma parte del ordenamiento jurídico".