Multa de 360 euros por provocarse un aborto

Ella sola se lo intentó quitar de encima. Una boliviana de 31 años residente en Lérida se tomó unas pastillas para abortar del que hubiera sido su cuarto hijo en su cuarto mes de gestación. Una hemorragia interna la delató y la obligó a ingresar en el servicio de urgencias del hospital de Tremp (Lérida), donde pusieron los hechos en conocimiento al Juzgado de lo Penal número 3 de Lérida tras atender a los informes ginecológicos previos al aborto donde informaban que tanto el feto como la mujer estaban en perfecto estado de salud. El juez, atendiendo a que el Código Penal posibilita el castigo del aborto con una pena de cárcel o una multa económica de forma alternativa, y teniendo en cuenta también que la mujer tiene más hijos a su cargo y que actualmente sólo cobra 400 euros mensuales, se decidió por la sanción económica, y la condenó ayer, día del juicio, a pagar dos euros diarios durante seis meses. 360 euros en total.

 

En el momento de cometer la acción penada legalmente según el artículo 145.2 del Código Penal español, la joven de la Val d´Aran ya tenía tres hijos. En España el aborto fue delito castigado en el código Penal sin excepciones hasta 1985, año que se reformó el Código y apareció la popularmente conocida “ley del aborto”, donde se consentía abortar legalmente en tres supuestos. La mujer explicó durante el juicio que en el momento de los hechos se encontraba en proceso de separación de su marido. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de la Asociación Provida, se apena de la joven que no pidió ayuda y se jugó hasta su propia vida por no poder atender al hijo que esperaba. “¿Por qué no se persigue a los empresarios que se están lucrando de la ley con sus negocios abortivos y se aprovechan de las menos favorecidas para sacar rentabilidad de sus desgracias?”, se pregunta.

 

Como una  “auténtica barbaridad” define Francisca García, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la sanción impuesta a la joven boliviana. “Pone en riesgo su vida y… ¿Se le castiga?”, se indigna. García reclama un cambio en la legislación donde se garantice “el derecho de la mujer a decidir libremente, que sea respetado y garantizado por la Sanidad gratuitamente”. Se avala en el 60% de la sociedad civil que, según sus palabras, defiende “la libertad de la mujer a decidir libremente si quiere ser madre o no”.   

 

Por su parte, Latorre critica que no se potencie la opción a la vida en lugar de “jactarse” con los abortos y pide una sensibilidad especial para ayudar y evitar el sufrimiento de todos, “ya que, además de las secuelas físicas que les quedan a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, las psicológicas también son muy duras de combatir”. Para la vicepresidenta de ACAI, este caso despierta una nueva lectura de la ley actual: “No comparto que las mujeres deban acudir a abortar clandestinamente, por miedo a que la ley la castigue, por miedo a ser deportadas a sus países de origen, por muchas más condiciones que obligan a estas mujeres a ponerse en manos de clínicas abortivas que le solucionan sus problemas”. Reclama así un cambio legislativo para que el aborto se garantice como un “servicio público gratuito”.

 

El código penal asegura que la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona lo cause “fuera de los casos permitidos por la ley” será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o una multa de 6 a 24 meses. “Todavía ninguna mujer ha ido a la cárcel por haber abortado voluntariamente, y son pocas las que han llegado a ser multadas por el mismo hecho”, cifra Latorre, quien propone habilitar una oficina donde las mujeres que se hayan visto obligadas a acudir a un centro abortivo ilegal puedan “denunciar los atropellos a los que han sido sometidas”. Para la presidenta de Provida, los que deberían enfrentarse a los tribunales son los que se lucran del “sufrimiento de las mujeres que no tienen recursos o no encuentran ninguna salida a su problema”. En febrero, un ginecólogo de Jaén fue penado por un año y tres meses de prisión por interrumpir el embarazo de una menor sin que concurriera ninguno de os tres casos permitidos por la Ley, más inhabilitación por dos años y una indemnización de 4.000 euros.