Okupas de sus propias viviendas, condenados de por vida por sus deudas

Seguirán teniendo un techo bajo el que vivir. Sin embargo, ese techo ya no les pertenecerá. Serán okupas de sus propias viviendas. Precaristas según la terminología jurídica. Ocupantes sin justo título.

Porque la vivienda que compraron y en la que les permitirán seguir viviendo hasta el 16 de noviembre de 2014, ahora pertenece al banco. Al mismo al que seguirán ‘atados’ de por vida –en la mayoría de los casos- por una deuda que seguirá creciendo a pasos agigantados salvo que "ocurra un milagro o les toque la lotería", lamentan varios expertos.

Porque el decreto aprobado el jueves por el Consejo de Ministros para frenar los desahucios e intentar atajar un grave problema social “se ha quedado muy corto”, como denuncian abogados y afectados. Ni siquiera podrían haberse evitado los suicidios que han desencadenado la elaboración de este documento. Las plataformas de afectados han criticado que sea muy restrictivo sin que el Gobierno haya ofrecido una estimación numérica del alcance de las medidas.

Sólo una pequeña parte de los afectados podrá evitar que le ‘lancen’ de su casa pero no podrá evitar que el contador de sus deudas siga sumando cifras. "Técnicamente no es un periodo de carencia. Sólo se paraliza el procedimiento judicial. Todas esas familias tendrán que seguir pagando sus deudas", explican fuentes judiciales.

"Y lo que no tiene sentido" añaden, "es que, precisamente a las familias que pueden beneficiarse de este decreto -colectivos de extrema necesidad- se les sigan aplicando intereses de demora del 30%". “El decreto es sólo un balón de oxígeno ya que la deuda no se cancela. La deuda sigue engordando”, explica Javier Sevillano, del bufete de abogados Legal & Media. “De momento no se deja en la calle a algunas familias. Pero no se ha dicho nada si se van a regular los intereses”.

Los intereses de demora pueden alcanzar el 30%

"Paralizar únicamente el desahucio –lanzamiento hipotecario en términos jurídicos- solamente supone dejarlo en suspensión después de que la vivienda haya sido adjudicada al banco, mientras se siguen generando intereses moratorios y costas judiciales", critican desde ADICAE. De hecho, el propio Luis de Guindos dijo que "las nuevas medidas sobre desahucios no van a perjudicar que las deudas y sus intereses se devuelvan".

Muchas de estas familias estarán hipotecados de por vida, sin futuro, lamentan los expertos. Porque cuando se deja de pagar la hipoteca y cuando el banco ha interpuesto la demanda, el cliente no tiene nada que hacer, coinciden en señalar varios abogados.

Cuando esto sucede -normalmente la entidad espera al tercer impago-, los bancos pueden dar por vencido anticipadamente el préstamo -suelen incorporar en los contratos cláusulas que se lo permiten-, de tal manera que pueden reclamar judicial o extrajudicialmente al prestatario el importe total del capital no amortizado del préstamo y los intereses ordinarios y de demora devengados hasta dicha fecha. 

El banco suele esperar 90 días antes de dar por vencido el préstamo e iniciar el proceso judicial. En ese momento es cuando, según la normativa del Banco de España, el cliente entra en situación de morosidad y por tanto, cuando la entidad se ve obligada a provisionar este crédito. 

Y es en este momento cuando la mayoría de los morosos quedan condenados de por vida ya que esos intereses, calificados de "abusivos" y de "barbaridad" tanto por letrados como por algunos políticos desde hace meses, pueden ‘inflar’ la deuda entre un 25% y un 30%.

Sin olvidar los gastos derivados del proceso judicial como las costas del abogado y procurador -sobre 100.000 euros estaríamos hablando de unos 12.000 euros en total-, a los que habría que sumar la liquidación de intereses del banco, donde se aplica un tipo de interés de penalización que oscila entre el 20 y el 30% anual.

Intereses y gastos que ponen en entredicho lo que el Real-Decreto expone en su disposición de motivos: se garantiza a los deudores hipotecarios especialmente vulnerables que no podrán ser desalojados de sus viviendas, “con la confianza de que, a la finalización de este periodo, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.

Lo que, a todas luces impide lo que en el lenguaje anglosajón se denomina fresh start o una segunda oportunidad. "A la banca se le ha dado todas las oportunidades del mundo y los particulares también se la merecen", apunta Luis Javaloyes, consejero delegado de la Agencia Negociadora.

Los expertos reclaman también una ley de la segunda oportunidad para los particulares. La posibilidad de poner el contador a cero. Algunos, como Javier Sevillano, dan algunas ideas. "Una opción es conceder a este tipo de familias préstamos a tipo 0 para puedan salir adelante al tiempo que hacen frente a las deudas. Otra, es que no aparezca en los registros de morosidad o que, legislativamente hablando, que su deuda no se considere como la de un delincuente".