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La 'ley antidesahucios' frena las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler
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EL SECTOR NO ESPERA QUE SE PUBLIQUE AHORA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY

La 'ley antidesahucios' frena las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler

La situación legal de las familias que alquilan un piso es muy distinta de la de aquellas que tienen un piso en propiedad y están ahogadas

Foto: La 'ley antidesahucios' frena las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler
La 'ley antidesahucios' frena las medidas del Gobierno para impulsar el alquiler

La situación legal de las familias que alquilan un piso es muy distinta de la de aquellas que tienen un piso en propiedad y están ahogadas por su deuda con el banco. Sin embargo, la posibilidad de que la sociedad relacione las medidas ‘antidesahucio’ que ha anunciado el  Gobierno y las de impulso del alquiler, que contemplan acelerar el desalojo de los inquilinos que no paguen, va a frenar la puesta en marcha de la nueva ley destinada a impulsar el alquiler en nuestro país, cuyo borrador se dio a conocer en agosto.

Fuentes consultadas por El Confidencial explican que la nueva ley para la Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler estaba prevista para mediados de noviembre, pero que “con todo lo que está pasando, es muy difícil que vaya a sacarse adelante a corto plazo”. El primer borrador de la ley se conoció en mayo y el segundo en agosto. En este último se contemplaban medidas para desahuciar al arrendador con rapidez, lo que se llamaron los ‘desahucios express’, si se retrasaba en el pago de la renta.

La ley ni está, ni se la espera. Sacarla ahora daría lugar a confusión y a que se establecieran comparaciones entre los desahucios a inquilinos que no pagan con las ejecuciones hipotecarias que terminan con el lanzamiento del propietario –aunque se esté utilizando para estos caso también la palabra desahucio-”, explica Andrés Catalán, de Arrenta. Y añade: “Al Gobierno no le interesa aprobar la ley definitiva, tal y como están las cosas, se le echaría encima la gente y en términos de imagen resultaría muy costoso”.

Lo que proponía el borrador de agosto era que los inquilinos que se retrasasen en el pago del alquiler pudieran ser desahuciados en diez días, salvo que presentasen alegaciones ante el juez. Con esto se pretendía aligerar los trámites que tiene que seguir ahora el propietario si tiene un inquilino moroso y así animar a los dueños de las viviendas a alquilarlas.  "Además, el inquilino tenía la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución", según destacó la ministra Ana Pastor cuando presentó la propuesta.

Tres millones de inmuebles desocupados

La idea es que con esta medida el propietario tenga menos reparos a la hora de alquilar el inmueble, porque, en caso de que haya cualquier problema, se podrá deshacer del inquilino con rapidez. Así se podrían sacar al mercado parte de los aproximadamente  tres millones de inmuebles que están desocupados y aumentar la tasa de alquileres en España para acercarla a la de Europa. En nuestro país solo alquila el 17% de las familias, frente al 30-40% de Europa.

Con la ley se pretendía llegar en dos años a una tasa de alquiler del 20%. Ahora eso no se va a logar y el mercado de alquileres va a quedarse paralizado. Si el Gobierno arregla una cosa, frenar la presión social para evitar que las familias sometidas a una ejecución hipotecaria pierdan la casa, no puede arreglar la otra, es decir, impulsar el alquiler respaldando a los propietarios”, señala Catalán.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que las familias que están en la misma situación que los que sufren ejecuciones hipotecarias –aunque en el alquiler no existe el problema de los intereses de demora y el crecimiento desproporcionado de la deuda- se beneficien de medidas similares, como el realojamiento en pisos de alquiler social, los expertos señalan que para los inquilinos la situación no es tan complicada porque hay mayor flexibilidad en las negociaciones del precio.

En este sentido, Gustavo Rossi, presidente de Alquiler Seguro, explica que “en el caso de los alquileres existe la dación en pago per se, en cuanto hay desalojo se pone fin a la relación contractual y se deja de pagar”. Además, Rossi cree que hay que distinguir entre los inquilinos que no pueden pagar –porque se ha perdido el trabajo y tienen contraídas otras deudas- de los que no quieren pagar. En el primer caso, Rossi subraya que “a diario se negocian los alquileres a la baja con los propietarios. En el caso de los alquileres, las negociaciones son más flexibles y se aplican de forma inmediata”. 

La situación legal de las familias que alquilan un piso es muy distinta de la de aquellas que tienen un piso en propiedad y están ahogadas por su deuda con el banco. Sin embargo, la posibilidad de que la sociedad relacione las medidas ‘antidesahucio’ que ha anunciado el  Gobierno y las de impulso del alquiler, que contemplan acelerar el desalojo de los inquilinos que no paguen, va a frenar la puesta en marcha de la nueva ley destinada a impulsar el alquiler en nuestro país, cuyo borrador se dio a conocer en agosto.