La CNMC recurre la norma que blinda a los taxistas ante Uber

La Comisión Nacional de la Competencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones a la competencia establecidas en la normativa que regula los vehículos de alquiler con conductor. Considera que reducen la competencia en este mercado y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y "en definitiva al bienestar general".

El recurso se interpone para pedir la modificación del Real Decreto 1057/2015 y la Orden FOM 2799/2015. Después de pedir al Consejo de Ministros que anulase varios artículos de ambas normas, requerimientos que no han recibido por el momento ninguna respuesta, la Comisión ha decidido interponer este recurso con el objetivo de mejorar ambos reglamentos y eliminar las "restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público".

Una de esas restricciones, argumenta la CNMC en su comunicado, es la imposición de un límite en el número de licencias VTC y la obligación de una contratación previa del servicio, prohibiendo competir de forma directa en la vía pública. Otra es la restricción geográfica que se impone a la hora de prestar servicio y que fragmenta el mercado nacional. Por último, pide eliminar que sea necesario un número mínimo de vehículos para operar, así como la imposición de medidas innecesarias y discriminatorias para los nuevos actores en el mercado, relacionadas con la antigüedad de los vehículos.

Estas barreras carecen de justificación, obstaculizan la competencia, afectan a la innovación y reducen el bienestar general

Estas barreras "carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general".

Enfrentamiento entre el Gobierno y la CNMC

Hace ya semanas que existe una guerra abierta entre el Gobierno y la CNMC a cuenta de la economía colaborativa: desde la aparente discreción, Competencia se ha convertido en el mayor opositor a las políticas del Ejecutivo en torno a la economía colaborativa, un sector tan amplio como complejo que requiere ser abordado desde el punto de vista legal lo antes posible.

Y es que, mientras el Gobierno lucha por implantar unos marcos legales que no suelen convencer a las empresas del sector, la CNMC se ha convertido en la mejor defensora de estas últimas. De hecho, lleva un par de años apostando por una mínima regulación y evidenciando (sin ningún ánimo de ocultarlo) un distanciamiento más que claro respecto a las actuaciones del Gobierno.

Uno de los mayores puntos de desencuentro entre el Gobierno y la CNMC pasa por todo lo que tiene que ver con los coches que incorporan su propio chófer. En la CNMC tienen claras sus posibles ventajas: "En el sector del transporte se podrían dar externalidades medioambientales positivas. Además, la constancia informática de la transacción podría facilitar el control por parte de la autoridad fiscal o administrativa, y la calidad del servicio puede mejorar gracias a los sistemas de mayor competencia, reputación e interacción repetida".

Desde el organismo público, por tanto, llevan casi dos años asegurando que usarán "todos los instrumentos para evitar la creación de obstáculos a la competencia efectiva en los mercados o el fraccionamiento del mercado nacional".

Por otro lado, el organismo público también ha recurrido las ordenanzas del taxi en Málaga y Córdoba, ya que considera que "restringen la competencia al perpetuar y fortalecer un régimen de monopolio en la prestación de servicios de taxi, cuyo efecto es reducir el bienestar".