Era una reclamación con bastantes visos de sensatez y el Gobierno ha reculado a la primera. El ministro De Guindos ha anunciado este viernes la decisión del Consejo de Ministros, que ha optado finalmente por eliminar los límites de inversión en proyectos de equity crowdfunding (financiación en masa a cambio de participación accionarial) y crowdlending (préstamos P2P) para los inversores profesionales, que en principio se iban a limitar a 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros por plataforma al año.

La modificación llega tras las quejas de la mayoría de plataformas, que, al poco de que Teknautas filtrase los planes del anteproyecto, manifestaron sus quejas tanto por este límite de inversión como por el límite de recaudación de las empresas, que se quedaba en un millón de euros.

Se mantiene el límite de recaudación para las empresas

Lo que no ha cambiado, sin embargo, es el límite de captación de fondos para las empresas que recurran al crowdfunding, que no podrán recaudar una cantidad superior al millón de euros. En este sentido, el Gobierno ha decidido mantener ese límite “para evitar que se pudieran producir abusos” o estafas a pequeños inversores, según el Ministro. No parece el mayor de los problemas, ya que hasta ahora ninguna empresa española ha superado ese límite recurriendo al crowdfunding, aunque no parece descabellado que alguna lo pueda superar más pronto que tarde.

La reculación del Gobierno supone un alivio para las plataformas, algunas de las cuales, incluso, había paralizado su actividad hasta que se produjesen estos cambios

Con las modificaciones, la ley quedaría de la siguiente manera: los inversores profesionales cuya renta supere los 100.000 euros no tendrán límite alguno a la hora de invertir en ninguna empresa ni plataforma. El límite de 3.000 euros por proyecto y 6.000 por plataforma al año sí se mantiene, no obstante, para los ciudadanos aislados que no se acrediten como profesionales de la inversión.

Una decisión que habría perjudicado a las empresas

A finales de marzo, un total de doce plataformas españolas se juntaron y enviaron al Gobierno un documento en el que explicaban su oposición a la nueva ley y sus sugerencias a la misma. En ese documento, al que ha tenido acceso Teknautas, las plataformas aseguraban que, “en caso de limitar la inversión a 3.000 euros por operación o 6.000 euros por plataforma”, las startups que recurren al crowdfunding “perderían el 80% del capital invertido y el 40% de los inversores”.

Desde las plataformas, por tanto, se solicitaba al Gobierno que el límite fuese impuesto solo a los inversores minoritarios que no hubiesen acreditado que la inversión en empresas formase parte de su actividad profesional de manera frecuente. En caso de que el Gobierno hubiese mantenido su intención inicial, las empresas que recurriesen al crowdfunding jamás habrían podido obtener financiación de business angels o inversores profesionales, cuyas cifras generales de inversión se sitúan muy por encima de los 3.000 euros.

La reculación del Gobierno supone un alivio para las plataformas, algunas de las cuales, incluso, había paralizado su actividad hasta que se produjesen estos cambios. Era el caso de The Crowd Angel, una de las plataformas más importantes de equity crowdfunding en nuestro país, que había decidido suspender todas sus operaciones de manera temporal hasta que la ley tomase forma.