El Supremo 'salva' a Ulibarri y le perdona cuatro millones por un amaño en Gürtel

Pequeña victoria judicial para José Luis Ulibarri, uno de los empresarios más importantes de Castilla y León y uno de los principales procesados en el caso Gürtel. La Fiscalía solicita para él siete años de prisión por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, una causa que se terminará dirimiendo en la Audiencia Nacional. Pero mientras tanto el Tribunal Supremo acaba de concederle un respiro rechazando definitivamente los recursos presentados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que acudió a los tribunales para intentar lograr una compensación por el contrato supuestamente amañado que Ulibarri se llevó en este municipio cuando gobernaba el exalcalde Arturo González Panero alias 'el Albondiguilla', también procesado.

Ulibarri se llevó en Boadilla una de las 15 grandes licitaciones que se movieron en este municipio madrileño, uno de los epicentros de la trama. En total, esas 15 adjudicaciones suman 149 millones y han sido investigadas con detenimiento por la Audiencia Nacional. En enero de 2005, el Ayuntamiento de Boadilla aprobó la venta, por concurso público, de una parcela de 12.000 metros cuadrados que pemitiría la construcción de 139 viviendas de lujo con piscina, trasteros, garajes y pistas de pádel. Al procedimiento de licitación, convocado por el Albondiguilla, concurrieron varias empresas, aunque finalmente ganó la constructora UFC, propiedad de Ulibarri. En la adjudicación resultó determinante la mayor puntuación obtenida por UFC no por el precio que ofrecía por la parcela (el más bajo), sino porque se comprometía a llevar a cabo las obras en un plazo de doce meses.

El 28 de octubre de 2005, el Ayuntamiento adjudicó la parcela a UFC por un polémico precio: 35.028.000 euros más IVA. La Policía Nacional cree que Ulibarri pagó un millón de euros en sobornos por esta adjudicación. La escritura se formalizó el 22 de noviembre de 2005. UFC solicitó la licencia de obras en enero de 2006, licencia que fue concedida el 26 de julio del mismo año. El proyecto de ejecución fue aprobado en febrero de 2007. Las obras, por tanto, tuvieron que iniciarse ese mes y haber finalizado doce meses después, según el compromiso de UFC que le permitió llevarse los terrenos.

Pero el certificado final de las obras no se expidió hasta el 8 de octubre de 2008, incumpliendo así los plazos. Es más, hasta el 18 de febrero de 2010 no se llegó a expedir la licencia de primera ocupación. "Si no se otorgó con anterioridad, fue porque la obra no se acomodaba definitivamente a lo previsto en el proyecto final presentado por UFC", señalan desde el actual equipo de Gobierno municipal, dirigido por el diputado nacional Antonio González Terol. Ya en marzo de 2009, un mes después de que se destapara la trama y se hubieran producido las primeras detenciones, entre ellas la del exalcalde Arturo González Panero, un informe municipal alertaba de que la promotora debía subsanar 12 defectos de construcción, que fueron ratificados en otro informe en septiembre de 2009. "No cabe duda de que se trataba de insatisfacciones contractuales, que hasta septiembre de 2009 no fueron subsanadas, por lo que a esa fecha no se podía considerar la obra concluida", señalan desde el Consistorio.

El alcalde que sucedió a Panero, Juan Siguero (que después también fue imputado en la causa) presentó la primera demanda para reclamar daños y perjuicios en un juzgado de Móstoles, que la rechazó en marzo de 2011. El Consistorio de Boadilla estima que esos daños se cuantifican en el lucro cesante derivado del incumplimiento de las condiciones de UFC que permitieron que se llevara la parcela. Es decir, si no se hubiese valorado el plazo de ejecución de las obras, el contrato no se le habría adjudicado a UFC, sino a la empresa LUALCA, que ofreció 39.100.000 de euros por la parcela, cuatro millones más que Ulibarri. Esta diferencia, más los intereses, es lo que reclamaba ahora el Consistorio, lo que dejó de obtener si se hubiese vendidos los terrenos a LUALCA.

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El actual regidor, Antonio González Terol, ordenó que se formulara nuevo recurso en el año 2012 contra la primera sentencia, recurso que fue nuevamente rechazado el 14 de noviembre de 2013. Llegó entonces nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, que ha acabado confirmando en junio de este año las sentencias anteriores. De esta forma, la justicia impide no solo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte recuperar el dinero que pretendía, sino que también le obliga a pagar 300.000 euros en costas. En el pleno de julio, el Ayuntamiento aprobó una modificación del crédito para hacer este pago este mes de septiembre, que consignarán directamente en el juzgado, que repartirá la mitad a UFC y la otra mitad a la sociedad Altamira (del Banco Santander), la actual propietaria de las viviendas.

A su vez, UFC tendrá que pagar 24.000 euros al Consistorio tras perder una demanda reconvencional que puso al Ayuntamiento durante este litigio. Es decir, UFC, como demandado contestó a la demanda denunciando en el mismo proceso judicial al Consistorio. "El Supremo ha impedido que se ofrezca luz sobre una adjudicación extraña de anteriores Corporaciones donde se adjudicó una parcela a una empresa que ofrecía menos dinero", se lamentan desde el actual equipo municipal.

Gran empresario de Castilla y León

Ulibarri es el principal magnate del sector de la comunicación en Castilla y León. La mitad de la televisión regional, que no es pública, le pertenece. Edita o ha editado varias cabeceras como 'El Diario de Soria', 'El Mundo' de Valladolid, 'El Diario' de León y 'El Correo' de Burgos. También ha sido dueño de muchas televisiones locales. Su nombre aparece en más de 200 cargos en 90 empresas. Muy bien relacionado con el PP y también con el PSOE, sobre todo en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, controla el Grupo Begar, constructora que se ha llevado jugosos contratos en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre (33 millones entre 2004 y 2008) y en Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal (34 millones en 2015). No obstante, su entramado empresarial se empieza a tambalear. Elodea, el grupo constructor heredero de Begar, ha entrado en concurso de acreedores con una dedua de 189,63 millones de euros y un activo de solo 34,84 millones. El 6 de julio de este año, el Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid tramitó la declaración del concurso.

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La mano derecha de Ulibarri fue Miguel Hernán Manovel García, consejero y secretario de UFC, y cuñado del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que inicialmente iba a formar parte del tribunal que juzgará la primera pieza del caso y los 'papeles de Bárcenas', pero que finalmente fue apartado tras ser recusado por varias acusaciones.

Ulibarri también aparece en el sumario del caso como la persona que pagó 420.000 euros por uno de los yates de Correa. Aunque oficialmente, según un informe policial, Ulibarri solo pagó 192.323 euros por la embarcación. El resto del dinero "se encubrió mediante facturas falsas cuya cuantía se ingresa en la caja B de la organización tras la transformación mediante el abono de unas supuestas facturas ficticias con un proveedor". Empresas de Ulibarri también abonaron facturas de las obras del chalé que Correa se hizo en Ibiza.