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Madrid adjudicó la conservación de sus carreteras a una funcionaria de esa área
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Madrid adjudicó la conservación de sus carreteras a una funcionaria de esa área

Aceinsa se lleva contratos de la Consejería de Transportes cuando la dueña del 40% de esta firma trabaja allí. La Comunidad asegura que se enteró esta semana pero que es legal

Foto: Vehículos en una carretera de Madrid. (EFE)
Vehículos en una carretera de Madrid. (EFE)

La Comunidad de Madrid adjudicó un gran contrato de conservación de carreteras a la empresa de una funcionaria autonómica, técnico de la escala superior. Esta funcionaria está destinada actualmente en la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y su sociedad, de la que tiene un 40% de las acciones, sigue licitando y ganando adjudicaciones de la Consejería de Transportes, de la que depende esa dirección general. Uno de esos contratos fue analizado esta semana en la comisión de vigilancia de las contrataciones de la Asamblea de Madrid a petición de Ciudadanos, que mostró sus serias dudas sobre el procedimiento. El PSOE se sumó a las críticas y va a solicitar toda la información relativa a los contratos que se ha llevado la firma de la funcionaria. El Gobierno regional admite que se ha enterado esta misma semana del vínculo de la funcionaria con la empresa, pero asegura que no se ha cometido ninguna irregularidad, ya que la funcionaria no ha redactado ningún pliego de condiciones ni ha participado en mesas de contratación.

La empresa se llama Aceinsa Movilidad, "una empresa familiar cuyo negocio está centrado en la conservación y explotación de infraestructuras públicas" constituida en julio de 2005. Según los datos del registro mercantil, Manuela S. C. tiene el 50% de las acciones. A finales de 2014, la Comunidad, presidida entonces por Ignacio González, empezó a licitar un jugoso contrato para el mantenimiento y conservación de las carreteras que dependen del Gobierno regional. La Comunidad se divide en siete zonas y Aceinsa Movilidad ganó el contrato de la zona 7, adjudicado por 7,6 millones y formalizado definitivamente el 4 de febrero de 2015. Aceinsa obtuvo 93,4 puntos y se llevó el contrato, en vigor hasta 2017, por encima de otras empresas tan potentes como Corsan-Corviam, Ferrovial, FCC, OHL o Acciona.

Tras su nombramiento, Aceinsa ha seguido ganando contratos. Fue elegida a dedo, por procedimiento de urgencia, para un contrato de 95.000 euros

Cinco días después, el 9 de febrero, la Consejería de Transportes resolvía la convocatoria de tres plazas por libre designación. Manuela S. C. ganaba la plaza de técnico de apoyo de la Subdirección General de Construcción, Aérea de Proyectos y Construcción. La funcionaria trabaja en la Comunidad desde finales de los años ochenta, y su anterior destino fue la Consejería de Presidencia. Tras su nombramiento en esta consejería, Aceinsa ha seguido ganando contratos. Fue elegida a dedo, por procedimiento de urgencia, para retirar los escombros tras el derrumbe del puente que cruza la carretera M-527, que une Villalba y El Escorial, que se produjo el 28 de mayo de 2015. Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con ese contrato y que se haya elegido precisamente a dedo a esta empresa, y asegura que Aceinsa está actualmente licitando en cuatro contratos más que aún no se han resuelto. El PSOE estudiará si se ha producido "una colisión de intereses en la ley de contratos del sector público".

La verdad es que la sospecha se cierne sobre esta empresa. El Cabildo de Gran Canaria le rescindió un contrato de mantenimiento de carreteras después de que una denuncia anónima presentada ante el interventor insular sobre una presunta trama de corrupción provocara la anulación de los concursos públicos, según publicó en enero de este año el diario 'La Provincia'. Aceinsa también ganó en junio de 2015 un contrato de 124.000 euros en el Ayuntamiento madrileño de San Martín de la Vega para "la conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público". El contrato fue adjudicado por la entonces alcaldesa, María del Carmen Guijorro, hoy asesora en la misma consejería donde está destinada la funcionaria. El caso Púnica también roza a esta compañía. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado al Ayuntamiento de Majadahonda toda la documentación relativa al "contrato de servicios para el mantenimiento integral de infraestructuras, instalaciones y equipamientos urbanos" de 2014, adjudicado a la UTE que formaban Aceinsa y otras dos empresas.

Un portavoz de la Consejería de Transportes asegura que se enteraron el martes en la comisión de la Asamblea de que la funcionaria era accionista de esa empresa, pero aseguran que no se ha cometido ninguna irregularidad, porque está destinada al "área de concesiones" de la Dirección General de Carreteras y nunca ha participado en la redacción de pliegos de condiciones ni ha formado parte de ninguna mesa de contratación. Su pareja, Juan Agustín Sánchez, asegura a El Confidencial que su mujer no tiene el 50% de la compañía, sino el 40%, "que es una ingeniera de caminos que es funcionaria desde 1987 y que ahora en la consejería su trabajo no tiene nada que ver con contrataciones". "Nuestra empresa da trabajo a 350 personas y siempre hemos actuado correctamente", afirmó.

La oposición no lo ve tan claro. El PSOE va a solicitar información sobre todos los contratos que ha ganado Aceinsa y ha solicitado conocer quién hizo en la consejería la propuesta para que se adjudicara a dedo el último contrato, de junio de 2015 (con la funcionaria ya en Carreteras), para la retirada de los escombros del puente de la M-527. "¿Por qué la obra no estaba incluida en el contrato mayor de mantenimiento y conservación que también se llevó Aceinsa, ya que esta empresa tenía la obligación de revisar y mantener las carreteras de su zona?".

Para la Comunidad, que se caiga un puente y cierre una carretera durante cuatro meses, que es lo que pasó en la M-527, no entra en los supuestos del contrato de 7,6 millones que se llevó Aceinsa para "mantenimiento, conservación, mejora o reparación", sino que fue una actuación de emergencia. En esos casos, la ley permite que la Administración adjudique a la empresa que quiera una obra. "Se optó por la empresa que más rápido podía actuar, la que ya trabaja en la zona". Aceinsa hizo estos trabajos por 95.580 euros (IVA incluido), 34.400 euros menos que la cantidad licitada.

La Comunidad de Madrid adjudicó un gran contrato de conservación de carreteras a la empresa de una funcionaria autonómica, técnico de la escala superior. Esta funcionaria está destinada actualmente en la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras y su sociedad, de la que tiene un 40% de las acciones, sigue licitando y ganando adjudicaciones de la Consejería de Transportes, de la que depende esa dirección general. Uno de esos contratos fue analizado esta semana en la comisión de vigilancia de las contrataciones de la Asamblea de Madrid a petición de Ciudadanos, que mostró sus serias dudas sobre el procedimiento. El PSOE se sumó a las críticas y va a solicitar toda la información relativa a los contratos que se ha llevado la firma de la funcionaria. El Gobierno regional admite que se ha enterado esta misma semana del vínculo de la funcionaria con la empresa, pero asegura que no se ha cometido ninguna irregularidad, ya que la funcionaria no ha redactado ningún pliego de condiciones ni ha participado en mesas de contratación.

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