Parla tuvo que pagar 21,9 millones por los trenes del tranvía que le iban a regalar

Nueve convoyes de cinco vagones cada uno que iban a ser un regalo del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre. Pero que al final terminaron costando 21,9 millones de euros. Los concejales que formaron parte del equipo municipal de Tomás Gómez, exalcalde de Parla y exsecretario general de los socialistas madrileños, están intentando defenderse de las acusaciones de mala gestión y despilfarro que sobrevuelan sobre las obras del tranvía, sospechas que han provocado la apertura de dos procedimientos judiciales y la elaboración de dos informes muy críticos por parte del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Madrid. El tranvía se adjudicó en agosto de 2005 por 93,5 millones de euros (IVA no incluido). Posteriormente, se aprobaron los "proyectos complementarios" o sobrecostes por 36 millones de euros (IVA no incluido), un incremento del 39% sobre el precio inicial.

En un escrito de 8.000 folios, el equipo de Tomás Gómez asegura que parte de esos sobrecostes no son achacables a su gestión, sino a las imposiciones de la Comunidad de Madrid, que les obligó a comprar unos trenes que al principio iban a ser una cesión y por unos precios que no se pudieron negociar porque el Gobierno regional, que también estaba promoviendo otros tranvías en otros municipios de Madrid, había copado la producción del fabricante. Las alegaciones, firmadas por el propio Tomás Gómez, intentan rebatir el anteproyecto de informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, cuya Fiscalía habla de "infracciones penales" e "irregularidades" en los sobrecostes de la obra, entre los que se incluyen los trenes.

Tomás Gómez alega que Aguirre y Granados regalaron los trenes a Pozuelo y Boadilla, municipios del PP; y que sí se los cobró a la socialista Parla

Tomás Gómez y su equipo acusan al que entonces era consejero de Transportes, Francisco Granados (en prisión por el caso Púnica), de no medir con el mismo rasero a Parla en comparación con otros municipios gobernados por el PP que también iban a contar con tranvía o Metro Ligero, como se bautizó en otras localidades como Boadilla, Pozuelo o Alcobendas. "Existió un compromiso verbal por parte del consejero y de la propia presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de ceder, como aportación del Gobierno regional, las unidades móviles necesarias". Compromiso que no se cumplió y que obligó a Tranvía de Parla (la empresa pública que se constituyó) a desembolsar 21 millones por los nueve convoyes.

La Comunidad copó la cadena de montaje

Hubo además otra circunstancia que incrementó aún más el coste de los trenes. MINTRA, la empresa pública responsable de las infraestructuras del transporte público, había copado la cadena de producción del fabricante Alstom, encargando un centenar de convoyes para los Metros Ligeros del norte y oeste de la región. Tranvía de Parla no podía así adquirir sus trenes directamente del fabricante, sino que debía comprar los que a su vez había adquirido la Comunidad de Madrid, que encargó más de los que necesitaba. "Se obligó a la compra de los mismos, incluso debiendo correr con los sobrecostes generados durante la construcción. Era la única forma para que las unidades móviles del tranvía de Parla pudieran circular en el plazo previsto pues la cadena de montaje de Alstom impedía trabajar en otros que no fueran los adjudicados por MINTRA", señalan las alegaciones.

El 9 de agosto de 2005, el gerente del Consorcio de Transportes de Madrid enviaba una carta al director general de Tranvía de Parla en la que le informaba de los "condicionantes económicos y plazos de suministro del material móvil" impuestos por MINTRA. En esas condiciones ya se dejaba claro que el precio de la operación "en ningún caso" sería el que MINTRA pagó a Alstom, "sino que existen equipaciones adicionales y otra serie de costes que se deben incorporar". MINTRA entregaría a Parla tres convoyes en enero de 2007 y otros seis en febrero de 2007.

Tomás Gómez y su equipo aseguran además que se produjo una reunión en Barcelona en la que no participó el Ayuntamiento de Parla. En esa cita se pactaron definitivamente los precios de las unidades móviles y estuvieron presentes el Consorcio Regional de Transportes, el fabricante Alstom, MINTRA, Metro de Madrid (como asistencia técnica de MINTRA) y Tranvía de Parla. En esa reunión se produjo una revisión de precios de 902.678 euros, un incremento que precisamente el Tribunal de Cuentas critica en su informe. "En modo alguno se puede atribuir responsabilidad en dicho incremento al Ayuntamiento", señalan las alegaciones. Con esta subida Parla terminó pagando 21,9 millones por sus trenes. Se trata del modelo Citadis 302 de 32 metros de longitud y cinco convoyes con capacidad para 54 pasajeros sentados y 132 de pie.

Trato discriminatorio

La propia Cámara de Cuentas de Madrid revela que entre los años 2007 y 2013 el Consorcio de Transportes de Madrid financió de forma bien diferente a los distintos transportes madrileños. El Metro Ligero Norte ha recibido 133 millones de euros; el Metro Ligero Oeste, 280 millones de euros, y el tranvía de Parla, solo 11,2 millones. "No ha habido un trato igualitario. El coste de explotación del tranvía de Parla es 52 veces más barato que el de Boadilla y Pozuelo", señalan las alegaciones, que aseguran que Esperanza Aguirre les regaló los trenes a los municipios gobernados por el PP y, en cambio, se los cobró a la socialista Parla. A finales de 2011, Alstom estuvo a punto de cortar el suministro al tranvía por una deuda de 6,5 millones de euros.

Los sobrecostes del tranvía se están dirimiendo ahora en dos juzgados. El de instrucción número 5 de Parla inició el caso tras la denuncia de la Fiscalía, que se basó en su denuncia en un primer informe de la Cámara de Cuentas fechado en septiembre de 2012. Wilfredo Jurado, mano derecha de Tomás Gómez en el Ayuntamiento de Parla, ha pedido su propia imputación para para aclarar ante el tribunal las dudas que han surgido sobre el coste del tranvía. Lleva 20 meses esperando que el juez le cite. Por su parte, el PP de Parla puso otra denuncia en noviembre de 2013 que instruye el juzgado Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid. En febrero de 2015, las informaciones sobre los sobrecostes del tranvía provocaron la caída de Gómez al frente de los socialistas madrileños.