Un juez anula una plaza en el Ramón y Cajal entre acusaciones de amaño sindical

Un juzgado de Madrid ha anulado un proceso de selección en el hospital Ramón y Cajal porque no cumplió el principio de igualdad ni respetó los requisitos de mérito, capacidad, publicidad y transparencia. Aunque el proceso de selección solo afecta a una plaza, la sentencia revela un gran malestar entre los sindicatos del centro hospitalario. UGT y CSIT-UP aseguran que ya denunciaron en su momento que la oposición interna ahora anulada fue "irregular" y no entienden por qué el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El trabajador que llevó a los tribunales esta convocatoria acusa a la dirección del hospital de preparar la prueba para que la ganara una afiliada de CCOO.

La plaza ha cubierto durante tres años un puesto del "grupo técnico de la Función Administrativa", una plaza de promoción interna, que salió como paso previo para que los aspirantes pudieran optar a la jefatura que coordinaría a los auxiliares administrativos. Al proceso de selección, en abril de 2013, se presentaron nueve trabajadores del hospital, ganando A. R. J. Pero uno de sus compañeros, J. M. P. M., decidió impugnar la prueba en los tribunales.

Ahora, tres años después, el juzgado de lo contencioso administrativo número 28 de Madrid ha anulado el acto administrativo de selección porque "en ningún modo puede considerarse que cumple con las condiciones necesarias para la efectividad de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y con ello de transparencia". La trabajadora que ganó la plaza, no obstante, y que lleva tres años ocupándola, seguirá de momento porque tanto ella como el Sermas han recurrido la sentencia ante el TSJM.

La clave, un proyecto técnico

La sentencia asegura que "lo lógico sería la anulación de todo el proceso desde la convocatoria", pero ordena "retrotraer el procedimiento de selección al momento previo a la presentación de los proyectos técnicos". Porque esta es la clave. En la convocatoria de la plaza, únicamente se hacía referencia a que los candidatos tenían que presentar un proyecto de gestión para la coordinación de los auxiliares administrativos del hospital, cuya valoración máxima era de 50 puntos, "pero sin que se expusieran los criterios de valoración para la asignación de tal puntuación".

Ese proyecto técnico era libre y los aspirantes debían presentarlo junto a su solicitud inicial. El proceso de selección comenzó el 7 de septiembre de 2012, cuando la subdirectora de Recursos Humanos empezó a examinar los proyectos. Pero el 24 de septiembre, "una vez que se habían leído ya todos los proyectos", la subdirectora aceptó unos criterios de evaluación que había propuesto la sección sindical de CCOO, a la que pertenecía uno de los candidatos.

Esos criterios establecidos 'a posteriori' permitieron que la ganadora de la plaza, la trabajadora demandada, obtuviera 42,66 sobre 50 puntos, cuando el segundo aspirante solo obtuvo 19,66. Tanto UGT como CSIT-UP dejaron constancia en las actas del proceso de selección de que "los criterios de valoración se deberían haber determinado ante de proceder a la lectura de los proyectos", lo que ahora confirma la sentencia.

El trabajador que denunció alegó también que existía una relación directa entre un miembro del tribunal y la aspirante que ganó, lo que tenía que haber supuesto la recusación del primero. El juez, aunque anula la prueba, rechaza este último argumento porque la demandante "dejó de estar en el sindicato en diciembre de 2002, y porque en todo caso la relación sería con el sindicato y no con una persona en concreto", aunque esta perteneciera al sindicato.

"Ilegalidades una detrás de otra"

Tanto UGT como CSIT-UP señalan que en este proceso "hubo ilegalidades una detrás de otra". El portavoz de UGT asegura que "nosotros nos retiramos del proceso de selección cuando detectamos las irregularidades. Hasta el tipo de examen no correspondía con la categoría de la plaza". La percepción de CSIT-UP "es que se quería dar la plaza a esta trabajadora como fuera. Y no entendemos cómo con una sentencia tan contundente, el Sermas ha recurrido. Que lo haga la trabajadora que pierde la plaza puede ser lógico, pero que lo haga la Administración no". Tanto UGT como CSIT-UP quieren dejar claro que lo irregular fue cómo se diseñó ese proceso de selección para esa persona, "independientemente de su afiliación sindical". El Confidencial no ha podido contactar con ningún portavoz de CCOO.

Los sindicatos UGT y CSIT-UP lamentan que el Sermas haya decidido recurrir una sentencia tan clara y contundente

En un carta abierta que ha enviado a la Junta de Personal (donde están representados dirección y sindicatos), el trabajador que denunció acusa directamente a la antigua subdirectora de Recursos Humanos del hospital Eugenia Bornstein y al exdirector de Gestión y Servicios Generales Pablo Calvo "de lesionar sus derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional". Además, asegura que el proyecto de la compañera demandada que ganó "está íntegramente copiado de manuales sobre gestión por competencias elaborados por Pablo Calvo Sanz" y que tenía datos internos "de la sección de Desarrollo y Formación, que dependía de la subdirectora de Recursos Humanos, datos a los que el resto de aspirantes no tuvieron acceso".

"¿Qué medidas se van a tomar respecto a la persona que ha estado ocupando una plaza y cobrando un sueldo ilegalmente, mediante un proceso nulo de pleno derecho? Si el TSJM ahora me vuelve a dar la razón, solo la cesarán de la plaza, pero no devolverá lo cobrado estos tres años en un puesto que no le correspondía. Esto es otro tipo de corrupción. ¿Y qué va a ocurrir con la convocatoria de la jefatura de servicio, que debía seguir a este proceso de selección ahora paralizado?", señala a El Confidencial. Un portavoz del hospital asegura que "en cuanto no haya una resolución firme judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no se puede adoptar ninguna decisión al respecto. Una vez recaiga sentencia firme, el Hospital Universitario Ramón y Cajal la ejecutará en los términos que se planteen en la misma".