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Cifuentes deberá 'tragar' con 'Púnica', Ciudad de la Justicia, Canal, cursos de formación...
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comisión de investigación en la asamblea

Cifuentes deberá 'tragar' con 'Púnica', Ciudad de la Justicia, Canal, cursos de formación...

Ciudadanos y PSOE ya han perfilados los asuntos que quieren llevar a la comisión de investigación que comienza en octubre, y avisan de que las conclusiones pueden acabar en la Fiscalía Anticorrupción

Foto: La Presidenta de la Comunidad de Madird, Cristina Cifuentes. (EFE)
La Presidenta de la Comunidad de Madird, Cristina Cifuentes. (EFE)

Los grupos de la oposición empiezan a fijar el tiro en la diana. Tanto Ciudadanos como el Partido Socialista de Madrid y Podemos ya han decidido qué temas quieren llevar a la comisión de investigación que se pondrá en marcha previsiblemente en octubre en la Asamblea de Madrid para auditar la gestión de los Gobiernos regionales del PP en las dos últimas legislaturas. El 'caso Púnica', la Ciudad de la Justicia, el Canal de Isabel II, los cursos de formación, los contratos de Arpegio (la empresa pública del suelo) e ICM (la Agencia de Informática y Comunicaciones), e incluso algunas obras del Metro de Madrid y el hospital de Vallecas serán algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa de esta comisión. Una comisión que no va a ser de estudio, como la que analizará la deuda regional, sino que obligará a los comparecientes que sean citados a acudir y cuyas conclusiones, avisan algunos de los partidos de la oposición, pueden acabar en los juzgados o en la Fiscalía Anticorrupción.

La comisión de corrupción estará compuesta por 18 miembros (6 del PP, 5 del PSOE, 4 de Podemos y 3 de Ciudadanos), y será presidida por la formación de Albert Rivera. “No es una causa penal ni un juicio paralelo. Lo único que queremos analizar es si se han hecho mal las cosas y en ese caso exigir responsabilidades políticas y penales, si las hay”, explica Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid. La comisión empezará en octubre y sus miembros se verán cada 15 días. Antes de empezar, los grupos decidirán que temas se tratarán, aunque no hay que olvidar que PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen 12 de los 18 votos, por lo que el PP, salvo sorpresa, deberá "tragar" con los temas que le impongan, teniendo en cuenta que lo que se va a analizar es la gestión de Gobiernos populares.

Ciudadanos, por su parte, ha seleccionado tres temas que considera vitales y que cree que deben estar en la comisión. El primero es el 'caso Púnica', que por su dimensión ha golpeado a varios organismos autonómicos. Aguado quiere que la comisión se centre en el Sermas, en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que entre 2006 y 2009 pagó casi 11 millones de euros a una constructora del principal imputado, David Marjaliza. Esta empresa, Obrum Urbanismo y Construcciones, levantó dos centros de salud en Alcorcón y Aranjuez, este último con un fuerte sobrecoste.

El segundo tema es el de La Ciudad de la Justicia, una faraónico proyecto de Esperanza Aguirre que no ha visto la luz y que Cristina Cifuentes ha decidido paralizar, suspendiendo el concurso de adjudicación. La Comunidad inyectó 150 millones de euros en este proyecto, aunque el patrimonio neto actual es de 25 millones, según adelantó El País, por lo que hay 105 millones que no han sido invertidos en este gran complejo de la Justicia y cuyo gasto habrá ahora que auditar y averiguar donde ha terminado.

Opacidad del Canal de Isabel II

El tercer tema que Ciudadanos quiere llevar es la gestión del Canal de Isabel II, “una gestión muy opaca en estos años”, señala Aguado, que pone como ejemplo el contrato de adjudicación del servicio de “call center” para la atención de “averías y riesgos”, un servicio que se iba a llevar desde Perú, no desde España, y que provocó críticas entre sindicatos y trabajadores.

El Partido Socialista de Madrid, por su parte, quiere sumar nuevos temas a la comisión. Dentro del 'caso Púnica' cree clave indagar el papel que ha tenido Arpegio (la empresa pública del suelo) y la Fundación Arpegio en algunos contratos adjudicados a la trama. Como ya publicó El Confidencial, la UCO de la Guardia Civil investiga la relación del 'número 3' de Cifuentes, el consejero Jaime González Taboada, con ocho contratos que Arpegio y su fundación concedieron a tres empresas de la trama. Los socialistas también quieren incluir a la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), implicada también en el caso. El director general de ICM, José Martínez Nicolás, está imputado en el caso.

El PSOE también propondrá que la comisión también investigue los cursos de formación de la Comunidad, más conocido como 'caso Aneri', un fraude de unos 15 millones de euros. El Juzgado de instrucción número 9 de Madrid investiga el dinero de este fondo, subvenciones para cursos destinados a la formación por Internet que nunca se dieron. Por último, los socialistas estudiarán llevar algunas de las obras de Metro a la comisión. “Me temo que de la comisión saldrán muchas sospechas pero pocas certezas. Será un trabajo duro en el que habrá que analizar mucho documento, si finalmente aparecen todos”, ironiza el diputado socialista José Manuel Franco, que también lamenta la falta de medios y técnicos especializados con los que contarán los partidos de la oposición para analizar toda la información.

La primera comisión desde 'el tamayazo'

Podemos, por su parte, también ha fijado una serie de temas prioritarios para llevar a la comisión. "Nos gustaría que fueran temas que aún no están en sede judicial y que necesitan ser investigados", señala Eduardo Gutiérrez, portavoz en temas de corrupción de Podemos. "Salvo el 'caso Aneri', el de los cursos de formación, que aunque sí está judicializado creemos que es un tema capital". Podemos también quiere hablar de La Ciudad de la Justicia y del Cana de Isabel II, pero también quiere sumar el hospital de Vallecas, una obra que consideran sospechosa. Luego en una segunda etapa de la comisión Podemos quiere meter en el debate en tren a Navalcarnero (que no se ha terminado y está paralizado) y las contratas del servicio de incendios de la Comunidad a empresas privadas.

Todos coinciden, no obstante, en señalar que la comisión puede acabar en reprobaciones políticas, peticiones de dimisión e incluso en la exigencia de responsabilidades en los tribunales. “Es la primera comisión sobre corrupción que hay en Madrid desde la del 'tamayazo' en 2003 y no va a estar controlada por el partido del Gobierno. Es una buena oportunidad”, concluye Aguado.

Paralelamente a la de corrupción, la Asamblea también ha puesto en marcha la de endeudamiento, o estudio como la llaman algunos diputados, para analizar las causas de la desorbitada deuda que acumula la Comunidad de Madrid, en torno a 26.400 millones. En principio ambas comisiones se van a celebrar de forma paralelara, aunque al PSOE le hubiera gustado que primero se hubiera celebrado la de deuda porque de ella habrían podido salir cuestiones a tratar en la de corrupción. “Bueno, también puede ocurrir que algún tema que se trate en la de endeudamiento derive por su importancia a la de corrupción", sentencia Aguado. "Si tenemos indicios suficientes de delitos, irá a Fiscalía", señala Gutiérrez.

Los grupos de la oposición empiezan a fijar el tiro en la diana. Tanto Ciudadanos como el Partido Socialista de Madrid y Podemos ya han decidido qué temas quieren llevar a la comisión de investigación que se pondrá en marcha previsiblemente en octubre en la Asamblea de Madrid para auditar la gestión de los Gobiernos regionales del PP en las dos últimas legislaturas. El 'caso Púnica', la Ciudad de la Justicia, el Canal de Isabel II, los cursos de formación, los contratos de Arpegio (la empresa pública del suelo) e ICM (la Agencia de Informática y Comunicaciones), e incluso algunas obras del Metro de Madrid y el hospital de Vallecas serán algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa de esta comisión. Una comisión que no va a ser de estudio, como la que analizará la deuda regional, sino que obligará a los comparecientes que sean citados a acudir y cuyas conclusiones, avisan algunos de los partidos de la oposición, pueden acabar en los juzgados o en la Fiscalía Anticorrupción.

Cristina Cifuentes
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