Los vínculos del Montecarlo de Valencia con las Islas Caimán tumbaron el proyecto

La exigencia de modificar la legislación en materia de juego (especialmente con una rebaja de la fiscalidad) y las conexiones con paraísos fiscales de sus inversores están detrás de las trabas que la Generalitat valenciana ha puesto al proyecto para construir en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia un hotel de superlujo y de la decisión de sus promotores de abandonar definitivamente la ciudad. ARC Resorts, la firma de Singapur que prometía invertir hasta 1.000 millones de euros en la fachada marítima, anunció la semana pasada su marcha definitiva y la exploración de nuevas ubicaciones, en especial en Málaga o Venecia. El motivo esgrimido por la compañía, que llevaba cuatro años explorando el mercado valenciano, ha sido “la falta de interés y los impedimentos mostrados por los políticos valencianos”, así como la “poca capacidad para resolver y facilitar los trámites administrativos”.

Sin embargo, el informe sobre sostenibilidad económica del proyecto elaborado por la Dirección General de Economía (adscrita la Consellería de Economía que controla Compromís) refleja que las discrepancias con ARC iban más allá de una mera cuestión de tiempos. El texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que la Generalitat consideró insuficiente la documentación aportada por los promotores de la iniciativa y que además estos justificaron la falta de trasparencia en que no necesitaban “publicar sus cuentas”.

Está regulado y autorizado por la Autoridad Monetaria de Singapur, así como autorizada y regulada en las Islas Caimán y Australia

En concreto, ARC se refiere a la petición de los responsables de la Generalitat de conocer los balances de Oxley Capital, un fondo de inversión que en una carta remitida en mayo del año pasado al anterior 'conseller' de Economía, el popular Máximo Buch, aseguraba disponer de 350 millones de euros a la espera de la aprobación de una actuación territorial estratégica (una figura administrativa que permite agilizar tramites burocráticos y que motivó el informe en cuestión) y “de los cambios legales en Valencia”.

Estos cambios se refieren a las condiciones que la firma con base en Singapur puso para desarrollar su proyecto, que se ejecutaría “solo después de que se cambien leyes y tasas” porque “la modificación del impuesto sobre el juego valenciano es esencial para la viabilidad del proyecto”. Es decir, los promotores de la iniciativa, al igual que ocurrió con el proyecto de Eurovegas en Madrid, pretendían arrancar ventajas en la fiscalidad para garantizar la viabilidad económica, tal como han reconocido en sus presentaciones públicas, aludiendo a que el ahorro en tributos se reinvertiría en promoción y 'marketing', algo que beneficia a la ciudad.

La misiva a la que hace referencia el informe de la Dirección General de Economía indica que Oxley Capital se define como “grupo inversor privado que no necesita publicar sus cuentas, está regulado y autorizado por la Autoridad Monetaria de Singapur, dada nuestra titularidad de Cambridge, así como autorizada y regulada en las Islas Caimán y Australia”. Esta vinculación con las Caimán, un territorio británico considerado paraíso fiscal, está detrás en gran parte de la decisión tanto de la 'consellería' de Compromís como del Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó de haber puesto tierra de por medio con ARC y haber hecho oídos sordos a sus peticiones, según fuentes cercanas a la formación valencianista.

En definitiva, a juicio de la Dirección General de Economía, de la que es ahora titular Francisco Álvarez, expresidente de la Bolsa de Valencia, sostiene que la documentación aportada por ARC no es “adecuada y suficiente” para avalar “la viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto, con la justificación de los recursos financieros necesarios para hacer frente a la actuación, ya que no contiene ni un resumen valorado del proyecto de inversión, ni un plan financiero, ni cuentas auditadas de los últimos ejercicios, ni avales o cartas bancarias que garanticen la solvencia de la empresa, ni si las entidades financieras están dispuestas a aportar recursos para el proyecto de inversión”.

Se trata de algo que han negado los responsables de ARC, que siempre han explicado que para tramitar su proyecto ante la Generalitat han aportado cartas de intenciones de entidades financieras como Credit Suisse o Fortress Investment Group, aunque han resultado insuficientes para los responsables de Compromís.

Una sociedad española para operar

Fuentes de ARC han admitido que Oxley Capital tiene base en Singapur y también las Islas Caimán porque uno de sus socios, Mark Pawley, es británico, pero que todo el capital que manejan está dentro de la legalidad y que su intención ha sido operar desde una sociedad radicada en España, ARC Resorts Spain, que tiene como administrador único a Etay Koppel. “Nunca hemos evadido nada. Queremos operar cumpliendo todos los requisitos bancarios y legales. Pawley ha sido director general de Credit Suisse en Asia para el área de juego”, dijeron.

Sobre el origen de los fondos, las mismas fuentes indicaron que parte del capital de Oxley proviene de operaciones inmobiliarias realizadas en el mercado residencial y turístico de países asiáticos.