Los jueces ignoran la hoja de ruta de Mas y lo acosan por los casos Palau e ITV

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no gana para sustos jurídicos. La Audiencia de Barcelona rechazó ayer el recurso que el partido de Artur Mas había presentado contra su imputación en el llamado caso Palau. Por este escándalo, el juez Josep Maria Pijuan, titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, había embargado la sede de Convergència para que esta responda de una fianza de casi 3,3 millones de euros, que es la cantidad supuestamente desviada de los fondos del Palau de la Música hacia las arcas de la formación política cuando la institución musical era presidida por el corrupto Fèlix Millet.

El partido había expuesto en su recurso que no había indicios suficientes para sospechar que se había traspasado dinero a CDC, pero la Audiencia considera que la fianza está bien fijada y que hay indicios suficientes de tráfico de influencias entre Convergència, el Palau de la Música, algunas empresas intermediarias y la compañía Ferrovial. La tesis de Fiscalía es que la constructora pagaba unas comisiones del 4% de la obra pública que se le adjudicaba desde la Generalitat cuando esta estaba presidida por Jordi Pujol y revertía en la formación detrás de formas diferentes. Por una parte, el dinero se entregaba al Palau de la Música, donde Millet separaba una parte para él (el 1,5%) y otra para el partido (el 2,5%). Otra de las formas de hacer llegar el dinero era pagando a las empresas que daban servicio a Convergència como si hubieran trabajado para el Palau de la Música. Y la tercera, entregando sobres con dinero a los sucesivos gerentes de la Fundación Trias Fargas (actualmente llamada CatDem), que eran al mismo tiempo gerentes de Convergència.

La Audiencia dice en su auto que la instrucción deja de forma meridianamente clara el mecanismo del trasvase del dinero y que tanto Millet como su mano derecha, Jordi Montull, hicieron entregas opacas de sumas en efectivo entre los años 2002 y 2008 a los extesoreros convergentes Carles Torrent y Daniel Osàcar.

El hombre de confianza de Mas

El pasado 14 de junio, el fiscal Emilio Sánchez Ulled presentó un demoledor informe final del caso dando por concluida la instrucción y pidiendo “abrir inmediatamente la fase intermedia del procedimiento”. En el texto, el fiscal subraya que se ha podido constatar que “en la organización del mecanismo ilícito (para el desvío de dinero) participó, como mínimo, el responsable de tesorería del partido CDC Carles Torrent (fallecido en 2005), con la colaboración directa del imputado Jaume Camps Rovira (destacado militante y parlamentario de CDC en funciones de enlace entre todos los implicados). Dicho sistema fue luego continuado y perfeccionado por el imputado Daniel Osàcar, nuevo tesorero del partido que sustituyó a Torrent a su muerte. En todo caso, debieron necesariamente intervenir también altos responsables del partido político, que no han podido ser adecuadamente identificados. De este modo, los sucesivos tesoreros de CDC, auxiliados en los primeros años por el imputado Camps, eran los encargados de recibir el dinero para el partido y, a cambio, garantizar que altos responsables del partido, que no han podido ser determinados, ejercieran el ascendiente que junto con los primeros ostentaban sobre los cargos públicos vinculados a su formación política, a fin de asegurar el flujo de adjudicaciones pretendidas por la empresa [se refiere a Ferrovial]”. 

Muchas cosas en el aire, pero que amenazan directamente a la yugular de Convergència, puesto que durante varios años y hasta que asumió la tesorería de CDC, Osàcar había  ocupado otro cargo delicado: era el secretario particular de Artur Mas.

Pocos días después, Convergència aprovechó el caso del espionaje a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, para intentar desprestigiar la acusación. Sánchez-Camacho, en la reunión que mantuvo en con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante La Camarga de Barcelona en julio del 2010, había dicho que contaba con un fiscal de confianza. Para Convergència, la líder del PP tenía interés en perjudicar a la formación nacionalista y pedía su comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de esas afirmaciones que se le atribuyen “porque, si se confirmasen, constatarían una guerra sucia institucionalizada contra la federación”.

Ante esta acusación, la propia Fiscalía replicó en otra nota oficial el viernes pasado, en la que aseguraba que el Ministerio Fiscal “no puede aceptar, sino que rechaza de modo claro y terminante que se cuestione su imparcialidad y más aún se le atribuya, de modo interesado y apenas encubierto, la realización de actuaciones contrarias al principio de legalidad y desviadas de su función constitucional”. Horas después, CDC hacía público otro escrito en el que se sorprendía de la nota de la Fiscalía. “CiU quiere mostrar su sorpresa ante este gesto del Ministerio Público, ya que la federación en ningún momento pedía explicaciones a la Fiscalía, sino que sólo pedía a Alicia Sánchez-Camacho que diese explicaciones por unas conversaciones hechas públicas esta semana”.

Sea como fuere, la Justicia ha dado, de momento, la razón a los acusadores públicos y el partido nacionalista se encuentra bajo sospecha de haber montado toda una ingeniería financiera para llenar sus arcas utilizando para ello los mecanismos de la Administración que tenía en sus manos.

Dos consejeros, citados 

Pero no es el único sinsabor para Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó ayer una interlocutoria en la que fija como imputados en el denominado caso ITV al hasta hace poco secretario general de Convergència, Oriol Pujol (dejó su cargo precisamente al ser imputado), al alto cargo de CDC Josep Tous, enchufado por Pujol en la Generalitat para anular las concesiones de estaciones de ITV e idear un nuevo mapa que favoreciese determinados intereses, y a los empresarios Sergio Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou. Pujol está acusado de tráfico de influencias, mientras que Pastor cometió supuestamente uno de soborno y el resto un delito de tráfico de influencias “en conexión con un delito de soborno”.

El escrito del TSJC, además, acepta llamar como testigos a dos personajes claves: el actual consejero de Justicia, Germà Gordó (cuando estalló el escándalo, hace poco más de un año, era el secretario del Gobierno autonómico), y el exconsejero de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena. Pero no se quedan ahí las comparecencias: también deberá declarar como testigo otro hombre de confianza de Artur Mas: el exdirector general de Patrimonio del Gobierno autonómico, Jacint Boixasa, y el exdiputado convergente en el Parlamento y actual delegado territorial de la Generalitat en Tarragona, Eudald Casadesús. No hay fecha para estas comparecencias, pero se materializarán tras el periodo estival.

El sindicato Manos Limpias, que está personado en la causa como acusación popular, había solicitado también la imputación de los empresarios Xavier Pujol (propietario de Ficosa), Pedro Navarrete (exdirector general de Sony, que vendió su planta barcelonesa a Ficosa) y de la esposa de este, María Jesús Muro. Todos ellos, supuestamente, formaban parte del accionariado de la empresa Upprime Energy junto a Alsina, Pastor y Pujol. Y un lote de estaciones se había reservado a la citada sociedad. El TSJC, sin embargo, rechaza la imputación de los tres empresarios porque “ha sido solicitada en un momento procesal totalmente inidóneo”, ya que se tendría que haber pedido con anterioridad y además se las tendría que haber citado asistidas de abogado. Aun así, deja la puerta abierta a una posible imputación dependiendo “de lo que pueda resultar con posterioridad una vez practicadas las diligencias de investigación pedidas por el resto de personas personadas”.