CiU cifra en lograr 80 diputados la ‘legitimidad’ a su proceso secesionista

Los nacionalistas catalanes ponen un límite a la deriva rupturista que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, puso en marcha durante las últimas semanas: la consecución de una “mayoría amplia” en las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre. El propio presidente de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, lo reconoció ayer en Catalunya Ràdio, la emisora pública de la Generalitat, aunque no cuantificó esa “mayoría amplia”. En el seno de CiU, sin embargo, sí conocen hasta dónde llega: el propio Artur Mas explicó a sus colaboradores que la federación nacionalista sólo se sentiría legitimada para encabezar el proceso rupturista si consigue el 60% de la representación parlamentaria.

Eso no implica que los convergentes acaparen el 60% de los votos, sino de los diputados. En otras palabras, que CiU habría de conseguir alrededor de 80 escaños, cifra de la que todavía está lejos, aunque desde algunos sectores convergentes se señala que con 75 diputados, aproximadamente el 55% del Parlamento autonómico, el proceso “sería imparable”.

Ahí se plantearía un serio dilema: ¿El amplio apoyo a la secesión cuenta sólo los representantes de CiU o han de sumársele también los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los de Iniciativa per Catalunya (ICV)? Evidentemente, según las últimas encuestas, los escaños que sumarán CiU y ERC quedarían algo por encima de los 80 representantes parlamentarios. Otra cosa serían los de ICV, cuya carga social choca frontalmente con el programa convergente y que en ningún caso podría alcanzar un pacto de gobierno con Mas. Lo que está claro es que, con las previsiones que existen, CiU se vería abocada a un pacto con Esquerra en la próxima legislatura, ya que por sí sola no conseguiría ni siquiera la mayoría absoluta, que se sitúa en los 68 diputados. Pero Artur Mas tendría la aritmética a su favor al argumentar que puede disponer de más del 60% del Parlamento catalán en su cruzada soberanista.

El amplio apoyo a que se refieren siempre -dentro de su calculadísima ambigüedad- los líderes de CiU daría pie a que iniciasen su ambiciosa hoja de ruta. El programa electoral convergente es muy claro. No transcribe la palabra independencia, pero subraya: “Queremos construir una mayoría social amplia para que Cataluña pueda tener un Estado propio dentro del marco de Europa”. ¿Y ello por qué? Por culpa de España: “El sentimiento de que el Estado español no respeta a Cataluña, que no la entiende, que la ataca, que le es desleal, que no cumple con sus compromisos, que la ahoga económicamente -en consecuencia, también socialmente-; en definitiva, el sentimiento de que Cataluña no tiene un Estado que la acompañe es un sentimiento cada vez más compartido entre los catalanes”, dice.

En consecuencia, los nacionalistas catalanes creen que es el momento de iniciar “un proceso de ilusión. Es la esperanza de poder vivir mejor. Es el anhelo de ser lo que somos, un pueblo y una nación como cualquier otra del mundo, con libertad, sin que nadie nos lo intente impedir”. Así, “recogiendo lo establecido en la resolución que aprobó el Parlamento de Cataluña por amplia mayoría el pasado 27 de septiembre del 2012, el próximo Gobierno de la Generalitat impulsará una consulta la próxima legislatura para que el pueblo de Cataluña pueda determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo”, dice el programa. Duran Lleida terció ayer en la radio pública a favor de la consulta, que es ya un tema innegociable para CiU: “La democracia pasa por consultar, por escuchar, por que la gente pueda decidir su futuro. Seguramente, no tendría el valor jurídico que puede tener, pero sabríamos qué piensan los catalanes”.

El programa convergente insiste en que “después de 30 años, es el momento de escoger. Es la hora de que Cataluña haga su propio camino (...) Cataluña es una nación con más de mil años de historia, con una identidad, una cultura y una lengua propias y unas instituciones de gobierno históricas y que quiere continuar haciendo su camino, continuar siendo en el futuro y progresar. Por esto hacen falta instrumentos de Estado”. Y en otro párrafo subraya que “en el siglo IX, era el único territorio de la península ibérica que pertenecía al Imperio de Carlomagno”.

Se recuerda en el texto que “Cataluña tiene una dimensión económica similar o superior a la de Finlandia, Chequia, Bélgica, Portugal o Dinamarca. Y se tata de vivir de acuerdo con los recursos que generamos los propios catalanes y las empresas catalanas. En este sentido, es preciso no perder de vista los 16.000 millones de euros que cada año marchan de Cataluña y no vuelven (...) Es decir, se trata de poder decidir qué políticas se llevan a cabo (cosa que ahora sólo podemos hacer de manera limitada y con las injerencias constantes del Estado) dentro de un marco europeo, y tener el control de los recursos que nosotros, colectivamente, generamos (cosa que ahora no podemos hacer)”.

Cómo convertirse en un nuevo Estado

¿Y cómo se convertirá en un Estado, cómo articulará sus ambiciones con los instrumentos que tiene a mano? Lo más urgente es la soberanía fiscal, transformando la Agencia Tributaria de Cataluña en “una administración tributaria que recaude y gestione todos los recursos generados en Cataluña para garantizar el progreso económico y las políticas sociales de nuestro país”. A partir de ahí, prevé una Ley Electoral catalana, una política de Relaciones Exteriores, un marco de Relaciones Laborales propio, la gestión de las pensiones y cotizaciones que ahora son gestionadas por la Seguridad Social, la asunción de todas las competencias en materia de Seguridad a partir de los Mossos d’Esquadra, incluidos puertos y aeropuertos, la “plena proyección internacional del deporte catalán”, la gestión de todas las aguas interiores de Cataluña, “con independencia de la cuenca hidrográfica de la que formen parte”, la gestión de toda la política agraria comunitaria, la titularidad de todas las infraestructuras (aeropuertos, puertos y redes básicas viaria y ferroviaria), la política energética, la base de las políticas de Universidades, la profesionalización de la función pública y una nueva organización territorial basándose en los municipios, las comarcas y las veguerías. En total, el programa recoge 105 propuestas que incorporan “estructuras de Estado” con las que CiU pretende conformar el nuevo Estado catalán.

Curiosamente, la cuestión de si podrá seguir formando parte de la UE no preocupa mucho a los nacionalistas. “Que una circunstancia como ésta no esté prevista en los tratados europeos no significa que no se puedan interpretar las normas de manera flexible y más cuando se tata de un territorio que ya forma parte de la UE y cumple todos los requisitos para continuar siendo miembro”, explica el programa electoral. Por eso, al argumentario de CiU se le ha incorporado la excusa perfecta: Cataluña fue la primera en acometer recortes, en racionalizar el gasto público, en apostar por unas finanzas públicas equilibradas. Cataluña cumple con los parámetros que dicta Bruselas... Cataluña es capaz de cumplir.

“Si Cataluña forma parte de la zona euro y de la UE, se ha de aplicar una política de saneamiento y reformas estructurales para garantizar la cohesión, la generación de empleo y ser más competitivos. Lo que hemos de hacer es seguir las indicaciones que la UE da a sus estados miembros. Cumpliendo estas obligaciones, siguiendo el camino que nos marca la UE, no vemos porqué no podemos seguir formando parte de la Unión”, argumentan a El Confidencial fuentes de CiU.