El PP arremete contra TV3 el mismo día que pacta la Ley Audiovisual con CiU

La relación de PP y CiU es un yin y un yan permanente. Un blanco y negro. Alternan besos y peleas con una pasmosa habilidad. Ayer, en el Parlamento catalán, protagonizaron otra escena de entente al aprobar juntos la nueva Ley Audiovisual por 79 votos a 53. El texto contiene la polémica enmienda del PP de ir suprimiendo progresivamente la publicidad en Catalunya Ràdio, la emisora pública catalana.

Es el primer paso para acometer luego el mismo proceso en TV3. El convergente Santi Vila advirtió ayer que, en estos momentos, no se podrá recortar la publicidad debido a la crisis económica. “No hay objeción alguna al modelo mixto de financiación, porque es nuestro modelo, siempre y cuando no haya distorsión en los mercados”, aseveró. Reconoció, no obstante, que la supresión de la publicidad “es un propósito ideal que sólo será factible con la plena soberanía fiscal”. Pero en el contexto de recesión económica actual “no podríamos dotarla suficientemente”, por lo que están de acuerdo en posponer la desaparición de los anuncios para más adelante. En otras palabras, PP y CiU coincidían al milímetro en sus apreciaciones.

Pero lo que por un lado eran flores, por otro eran espinas. Precisamente el día del gran pacto audiovisual, la televisión pública catalana se propuso emitir un polémico documental que ha estado guardado en el cajón desde hace meses. Se trata de Monarquía o República?, un programa que levanta ampollas, especialmente en plena tormenta del caso Urdangarín. El documental recoge opiniones de expertos sobre las bondades o los defectos de una u otra forma de Estado. Hablan, entre otros, Sabino Fernández Campos, Alejo Vidal-Quadras, Gregorio Peces Barba, Simeón de Bulgaria, Luis María Anson, Gabriel Cardona, Paul Preston, Héctor López Bofill, Joan Tardà, Iñaki Anasagasti o Antonio Romero. Además, plantea cuál sería el resultado de un hipotético referéndum en el que se propusiera a los ciudadanos elegir uno u otro modelo. Y fantasea sobre los resultados tanto en Cataluña como en el resto de España.

Algunas voces desde el PP habían pedido que no se emitiese precisamente por la polémica suscitada a raíz de la imputación de Iñaki Urdangarín. Además, la situación se ha enrarecido más tras la publicación, por parte de Der Spiegel, de un reportaje en el que imputaba al Rey simpatías por algunos golpistas del 23-F. Ayer, el diputado popular Santi Rodríguez, portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, quemó su último cartucho. ”El reportaje tiene una clara intencionalidad política que no se corresponde con la tarea que ha de llevar a cabo una televisión pública”, señaló. El principal argumento para oponerse a su emisión es que el debate de monarquía o de república “no existía en la calle cuando se comenzó a preparar el programa y no existe ahora; por tanto, alimentar la polémica en este contexto tiene una clara voluntad de dañar nuestras instituciones”. Se trata,  está, de la Monarquía, institución en el ojo del huracán debido a las andanzas del yerno del Rey.

Los populares pedirán en el consejo de administración de la CCMA que se haga público el coste del programa y sus sucesivas versiones (al parecer, ha tenido hasta tres versiones para adecuarlo a los criterios de calidad y profesionalidad exigidos por la televisión pública catalana). Pero el PP tampoco descarta “reclamar otras responsabilidades una vez conocidos los contenidos de este reportaje”. Y no es la primera vez que el PP intenta vetar la emisión: hace meses, pidió oficialmente a la directora de TV3, Mònica Terribas, que reconsiderase la posibilidad de emitirlo. Y el propio Santi Rodríguez volvió a realizar la petición al presidente de la CCMA, Enric Marín, en la comisión de control del pasado 27 de enero.

Las protestas de la oposición

Esta polémica no empañó el parto de la nueva ley audiovisual, que fue vapuleada desde la oposición. Los socialistas se descolgaron del acuerdo debido precisamente a la enmienda de la publicidad. Joan Ferran, diputado del PSC, arremetió contra los dos aliados. Se quejó de que le habían engañado. ”Han vendido la joya de la corona por no sé cuántas lentejas”, espetó a los convergentes. Pero más punzantes estuvieron los representantes de ICV y de ERC, Dolors Camats y Carmel Mòdol respectivamente. Camats calificó el texto de “contrarreforma”, de repetir los recortes privatizadores de la sanidad y la enseñanza y advirtió que la ley rompe los pactos transversales de la cámara mantenidos durante décadas. Lógico, porque reduce de 12 a 6 los miembros del consejo de la CCMA y de 21 a 16 los del consejo asesor de programas y contenidos, elimina la figura del director general y da poderes ejecutivos al presidente de la Corporación. Y como son menos sillas, los más pequeños se quedan sin asiento.

Carmel Mòdol, por su parte, subrayó   medios de la CCMA “son instrumentos potentes de cohesión social y nacional, que son fundamentales para mantener e incrementar el uso social del catalán, que hacen de escaparate (casi los únicos) de nuestra cultura y explican nuestra historia, al mismo tiempo que dinamizan un sector dinámico, moderno y que genera empleo”. Y aludió a la gran victoria de los populares catalanes, “que se podrán presentar en la calle Génova de Madrid explicando que han conquistado todos sus objetivos, porque de las 18 enmiendas presentadas por el PP han aceptado 17 (y la 18 no porque, de hecho, la habían presentado dos veces)”.

Para el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, lo que pretende el Gobierno, en connivencia con el PP, es “enterrar” 260 millones de euros (el presupuesto de la CCMA de este año) para “la construcción nacional. No se mira la profesionalidad ni la calidad, ni que sea un espacio de creación de empleo, aunque sí servirá para colocar a los suyos. Esta ley no cambia nada y nosotros creemos que no hay que recortar más en servicios sociales y sí de otros lados que no son esenciales. TV3 seguirá creyendo que Andorra es territorio catalán porque habla este idioma. Y seguirá poniendo el mapa imperialista del tiempo con Valencia y Baleares. Y el PP no dice en ningún lugar, en el documento que firmó, que han de adecuar su mapa a la Constitución”.

El independentista Uriel Bertran (SI) reprochó a Mas que “el PP cierra las emisiones de TV3 en Valencia y ustedes pactan con él la viabilidad y la continuidad de TV3. ¡Pero si lo que quiere es cerrarla! Ustedes, lo que quieren, es controlar la hegemonía comunicativa del país. Si quieren promover políticas de austeridad, dejen de financiar medios privados, que cada uno trabaje sin ayudas públicas a cambio de favores. Ustedes llevan a la televisión pública no a homologarse con la BBC, sino con televisiones gubernamentales tipo Marruecos o China”.

Para el comité de empresa de la radio pública, la ley “deja tocada de muerte a Catalunya Ràdio. Entregar la publicidad de nuestra emisora en manos privadas es continuar el debilitamiento de la radio pública catalana”. Para los trabajadores, “algunos, como los populares, no se esconden y dicen en el Parlamento que hacen suyos los postulados de la Asociación Catalana de Radio. En otras formaciones, como CiU, sorprende que aprueben medidas que dañan a su criatura, aquélla que un día crearon y que, aseguran, quieren cuidar muy bien. Hoy [por ayer], en el Parlamento, el representante de CiU, Santi Vila, dijo que ahora no es el momento de reducir la publicidad y que la financiación mixta es imprescindible, pero, ¿y más adelante?”