Tiene dudas. Susana Díaz, que hoy se convertirá en presidenta del Gobierno andaluz, quiere reducir el gasto de 5.000 millones de euros de la administración paralela de la Junta de Andalucía, pero no sabe ni en cuánto, ni cómo. Para ello, reunirá a un grupo de “expertos independientes” para analizar qué fundaciones y agencias públicas sobran o al menos podrían disminuir de modo significativo sus partidas presupuestarias. La Junta de Andalucía contabiliza 300 entes públicos. Griñán creó 74 nuevos en su etapa de presidente.

Díaz no tiene mucha urgencia en garantizar, como ella mismo precisó en su discurso de investidura en el Parlamento de Andalucía, “un análisis del sector público instrumental, para hacerlo más eficiente y coherente con sus objetivos”. La comisión de expertos se convocará este mismo año, pero las conclusiones no se conocerán antes de finalizar 2014, según anunció la consejera de Presidencia e Igualdad en funciones. Por ahora se desconocen más detalles de este anuncio de Díaz. “Hay que desarrollarlo”, admite a este diario Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz.

“Susana tiene claro que hay cambiar muchas cosas en la Junta y que hace falta reducir la administración paralela”, señala a El Confidencial un veterano socialista andaluz. Esta administración paralela tuvo su momento de máximo apogeo 2008 (cuando todavía gobernaba Manuel Chaves), cuando se destinaron a esta estructura 6.000 millones de euros. Uno de los máximos ejemplos es la Fundación Tres Culturas, que contaba hace apenas un año con un presupuesto de tres millones de euros. Trabajaban 40 personas y su responsable ganaba 93.000 euros anuales, uno de los mejores salarios públicos de Andalucía.

Joaquín Aurioles, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga y miembro de la junta directiva del Observatorio Económico de Andalucía, valora en declaraciones a este diario como “una buena idea” el planteamiento de Susana Díaz. “Hay que recortar en empresas públicas y entidades mercantiles de carácter público que tienen asumidas funciones propias de la administración; existen organismos claramente duplicados: no puede haber una Agencia Tributaria de Andalucía y una Dirección General de Tributos, no son necesarias ambas estructuras”.

Un “derroche insoportable”

Entre la administración paralela que se podría reducir figuran organismos públicos que se han creado para administrar programas de inversión y que deberían ser suprimidos, según Aurioles. “Los programas de inversión se han reducido a cero y muchos están vacíos de contenidos. Además de un derroche insoportable es completamente absurdo que sigan existiendo”, resalta. ¿Una muestra? La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía creó una Dirección General de Inversiones en centros educativos. La empresa pública encargaba las obras a empresas privadas; ni siquiera la propia Dirección ejecutaba esas inversiones.
Esa “cadena extraordinariamente larga de burocracia no tiene sentido y es bueno que se quiera reducir en esta etapa de la Junta”, apunta Aurioles. Para el expresidente del Observatorio Económico de Andalucía esta comisión de expertos debería trabajar “libre y sin interferencias”. “Otra cosa”, explicó, “es que haya compromisos para implementar los acuerdos que se establezcan”.

“De la subvención al incentivo”

Y es que el excesivo peso del sector público en Andalucía  ha acabado contaminando a toda la economía andaluza. “Todo está muy intervenido, los incentivos se convierten en incentivos perversos. Si como empresario quiero realizar una gran inversión, me doy cuenta de que si recibo ayudas de la Junta no me hace falta invertir. Al final una administración tan próxima te disputa el oxígeno que respiras y eso también llega a la sociedad civil: todo el movimiento asociativo tiene demasiada cercanía política y partidista”. 

Para cambiar esta cultura, Díaz pretende en la Presidencia de la Junta de Andalucía “pasar de la subvención al incentivo. Una estrategia que contemple no sólo los fines y objetivos sino las diversas políticas instrumentales. Una profunda revisión que no dé por sentado nada, que analice la validez y eficacia de los distintos instrumentos, desde las titulaciones universitarias o la FP hasta la reorientación integral de toda la política de incentivos, subvenciones y ayudas públicas”.