El compañero del juez Dívar en Marbella

Al presidente del Tribunal supremo Carlos Dívar le gusta pasear por Marbella. Y no solo por el muelle de Puerto Banús, donde la Fiscalía investiga su ir y venir a restaurantes caros, sino también por el Casco Antiguo, que le produce emociones encontradas. La calle Ancha es uno de sus lugares favoritos, con las buganvillas al sol y el exultante olor a dama de noche en pleno estío. Por este entorno es frecuente encontrar al magistrado paseando con su sobrino, el juez Gonzalo Dívar, un togado con fama de “archivo fácil” en su currículo, según su entorno en los juzgados.

‘Dívar Jr.’ llegó a Marbella en 2002, cuando era ministro de Justicia Ángel Acebes. Este político fue el que promovió el cambio de juez de Primera Instancia en el juzgado número 2 de El Puerto de Rosario, donde desempeñaba sus labores Gonzalo Dívar, a la plaza de juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Marbella. Dicen los que le conocen que Gonzalo es uno de los sobrinos favoritos del magistrado, ahora acusado por uno de sus propios compañeros de la judicatura. En los viajes a Marbella es frecuente ver a tío y sobrino comiendo juntos en diferentes restaurantes emblemáticos de la ciudad.

Serenidad de ánimo

Como si de una premonición se tratara, cuando el sobrino del magistrado estrenó plaza en Marbella se erigió en uno de los togados que solicitó el amparo al Pleno del Consejo General del Poder Judicial al ver “directamente atacada” su independencia económica por la rebaja de retribuciones. Llegó a decir en un escrito, junto a otra decena de jueces, que era uno de los magistrados perturbados en su "serenidad de ánimo" y aducía que la independencia económica de los jueces es, "quizás, el aspecto más sensible de la independencia judicial". Todos los firmantes añadieron en el escrito: "Pongo en su conocimiento que he de seguir haciendo frente, sin recorte, quita o rebaja alguna, a las obligaciones económicas contraídas antes de que me expropiasen parte de mis retribuciones. Ello me genera un enorme desasosiego e inquietud, que repercute en la tranquilidad y serenidad de ánimo que se me exigen para desarrollar mi función con garantías de independencia".

Experto en archivo de causas

Este juez ha dictado providencias que han sembrado la polémica tanto en la ciudad de Marbella como en Puerto de Rosario. Una de las sentencias mas controvertidas fue la de la casa del actor Antonio Banderas, a quien le dio su beneplácito archivando la denuncia, en la vía penal, contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros ex ediles del GIL, al alegar que el delito de prevaricación motivado por el otorgamiento de la licencia de obras a dicho inmueble, cometido en 1995, había prescrito. Sobre el inmueble del actor pesa otro proceso contencioso-administrativo en el que una resolución del TSJA obliga a Banderas a derribar un ala del chalé por considerar nula la licencia de construcción.

Otra de sus polémicas del juzgado de Instrucción número 3 fue el archivo de la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa Ángeles Muñoz por haberse beneficiado de una decisión urbanística del Ayuntamiento. Según el auto del juez Gonzalo Dívar, en la denuncia interpuesta por los socialistas se observaba "la inexistencia de los requisitos exigidos para apreciar que haya algún delito", además de que se fundamenta en cuestiones que son "meras presunciones, sospechas o simples adivinaciones".

Además de las causas más mediáticas como las anteriormente relatadas hubo un caso que la gente de la ciudad criticó enormemente. Dívar acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra un padre imputado por el homicidio imprudente de su hija de 14 meses, tras aparecer la niña semi sumergida en una poza. En su currículo también consta haber sido el primer sustituto del juzgado número dos de Marbella, cuando el juez Francisco Javier Urquía fue destituido por aceptar prebendas de Roca. Allí ocupo la plaza de manera provisional. A día de hoy, el caso Hidalgo, que él retomó, aún sigue paralizado en los juzgados.

En Canarias otro sobreseimiento de un político

Su trabajo en Canarias tampoco pasó desapercibido. El  presidente de la asociación Acción y Justicia Anticorrupción, Leonardo San Juan, solicitó el amparo al Tribunal Constitucional por la actuación de Dívar en una querella criminal contra el ex presidente del Cabildo de Fuerteventura, Idelfonso Chacón Negrín, al que acusaba, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito por un monto total de 6.000 millones de pesetas durante seis años con pruebas documentales del Registro de la propiedad. Además, añadía presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento privado.

El entonces juez titular de primera instancia e instrucción número 2 de Puerto de Rosario, Gonzalo Dívar Bilbao, y posteriormente la juez accidental Minerva Pérez Lorenzo, archivaron la querella por sobreseimiento. Una más en el suma y sigue de su carrera judicial.