España o Estrasburgo. ¿Quién tiene la culpa del regreso del 'violador del ascensor'?

Pedro Luis Gallego (1957) fue detenido ayer por agredir sexualmente a cuatro mujeres en la zona del madrileño hospital de La Paz entre diciembre de 2016 y abril de 2017. No era, sin embargo, la primera vez que cometía estas tropelías. Su historial delictivo se remonta a 1976. Ese año, cuando contaba apenas 19 años, violó a una mujer que subía con su bebé en un ascensor. "Si no te dejas, se lo clavo", amenazó a la madre mientras sujetaba un cuchillo junto al cuello del pequeño. Por este hecho, fue condenado tres años después por la Audiencia de Valladolid y se ganó el sobrenombre del 'violador del ascensor'. En 1981, 1982 y 1987, otros tribunales le condenaron por nuevas agresiones. La última sentencia resolvió en 1990 que debía ingresar en un psiquiátrico, puesto que era incapaz de controlar sus impulsos sexuales. Salió apenas dos años después porque los expertos consideraron que estaba curado. Pero nada más más lejos de la realidad. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Segovia ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Gallego reapareció incluso con más agresividad. En enero de 1992, violó y asesinó en Burgos a Marta Obregón, de solo 23 años, y seis meses después a Leticia Lebrato, de apenas 17, en Valladolid. En medio de ambas muertes, otras tres chicas sufrieron agresiones sexuales de este violador. En 1993, la Audiencia de Valladolid le condenó por dos de ellas; en 1994, por el asesinato de Lebrato; en 1995, la Audiencia Provincial de Salamanca le consideró culpable de otra agresión sexual y la de Burgos le castigó a 30 años de prisión por la muerte de Obregón. En total, le cayeron 273 años de cárcel en esta última hornada de penas por reincidencias múltiples: 18 agresiones sexuales y los dos asesinatos mencionados.

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La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, que ha impulsado la mayor parte de procesos judiciales puestos en marcha contra Gallego desde que comenzó su recorrido delictivo, aún recuerda la lucha personal que emprendió por que la Audiencia Nacional reconociera la responsabilidad del Estado por haber considerado curado al violador. Con base en la sentencia del alto tribunal que acababa de condenar al Estado por dejar en libertad condicional a José María Real, el violador y asesino de la niña María del Carmen 'Maruchi' Rivas, la asociación Clara Campoamor logró que se reconociera la misma responsabilidad en el caso de otros cinco acosadores reincidentes, entre los que estaba Gallego.

En septiembre de 2008, la Audiencia Provincial de Burgos estipuló que en el caso de este último era pertinente aplicar la doctrina Parot, que obliga a calcular los beneficios penitenciarios sobre el total de la pena y no sobre el límite legal máximo de cumplimiento. El violador, que tenía previsto abandonar la prisión en diciembre de ese año, vio truncados sus planes. El alto tribunal burgalés alargó hasta noviembre de 2022 la estancia entre rejas del condenado, al que la asociación Clara Campoamor atribuye 65 violaciones tras salir del centro psiquiátrico, de las que tan solo una veintena habrían sido acreditadas ante los tribunales.

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Sin embargo, la orden de Estrasburgo de derogar la doctrina Parot cinco años después, en octubre de 2013, tras el recurso de la etarra Inés del Río, provocó un terremoto penitenciario. Medio centenar de miembros de la banda terrorista, casi una decena del Grapo y un buen grupo de violadores y asesinos que se mantenían en prisión por la aplicación de esta doctrina —Gallego entre ellos— presenciaron de un día para otro cómo todos los años que les quedaban por cumplir eran borrados de un plumazo de su debe, con lo que automáticamente tenían derecho a salir en libertad.

Gallego volvió a ver la luz de la calle el 14 de noviembre de 2013 y, como había ocurrido la última vez que salió en libertad, reincidió. Aunque no fue el único. Otros tres agresores sexuales excarcelados ese año con motivo de la derogación de la doctrina Parot incurrieron en el mismo pecado. En concreto, Félix Vidal Anido, conocido como el 'violador del estilete', que abandonó la prisión en diciembre de 2013, fue detenido por la policía en abril de 2014 por intentar agredir a una mujer en Lugo; Pablo García Ribado, el 'violador del portal', condenado en 1996 a 1.721 años por 74 violaciones cometidas en Madrid, fue arrestado en octubre de 2014 por la Guardia Civil en Guadalajara por hacerse pasar por fisioterapeuta con una identidad falsa y abusar de sus clientas, y Antonio García Carbonell, condenado por varias agresiones sexuales en Cataluña, fue atrapado en Sabadell en enero de 2015 por su presunta implicación en el asesinato de una mujer.

"¿Quién es ahora el responsable de estas últimas violaciones cometidas por reincidentes?", se pregunta Estrella, quien se responde a sí misma sin dudarlo un segundo. "Fue una irresponsabilidad por parte de Estrasburgo", sentencia la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que adelanta su intención de personarse en las cuatro agresiones que la policía atribuye a Gallego y no descarta interponer acciones legales para que haya culpables reconocidos de esta situación. "Alguien debe hacerse cargo y Estrasburgo se metió en un jardín que no era el suyo, porque además ningún violador había recurrido", asegura Estrella.

El psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Urra, quien lleva 30 años visitando a pederastas y violadores reincidentes en prisión, recuerda que hoy por hoy en España "no es obligatorio" que estos delincuentes acudan a terapia en prisión. "Y esto es un craso error", subraya. "En los que van a terapia, baja mucho el riesgo de reincidencia", explica Urra, quien se muestra partidario de prohibir la salida de este tipo de agresores sexuales hasta que no se sometan a terapia aplicando la prisión permanente revisable.

"Los violadores y pederastas, en primer lugar, deben admitirse culpables, sufrir al darse cuenta de quiénes son y del daño que han provocado, ponerse en el lugar de las víctimas", apunta. Esto, además, no es nada fácil para ellos, que tienen que reconocerse así ante sus familiares y allegados, afirma. Sin embargo, si esto no ocurre, el riesgo de reincidencia se torna elevado, añade el psicólogo, quien recuerda que de las 80.000 personas que hay actualmente en los centros penitenciarios españoles, 5.000 están encerradas por delitos contra la libertad sexual o pederastia, y que de ocho violaciones que se producen, tan solo una se convierte en denuncia.