La mayoría de los condenados por el 11M ya están en libertad: solo quedan 9 entre rejas

La mayoría de individuos condenados por su participación en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid están ya fuera de la cárcel. Algunos de ellos fueron liberados tras recurrir ante el Tribunal Supremo un año después de la sentencia dictada por la sala que presidió el magistrado Javier Gómez Bermúdez y otros han ido saliendo de los centros penitenciarios en los que fueron recluidos conforme han ido cumpliendo su correctivo. En estos momentos tan solo nueve de los 24 que fueron castigados con penas de prisión por la Audiencia Nacional y los tribunales marroquíes continúan hoy entre rejas.

Los que aún permanecen encerrados en España son José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam, Othman el Ganoui, Saed el Harrak, Mohamed Bouharrat, Abdelmajid Bouchar, Hassan el Haski, Youssef Belhadj y Hamid Ahmidam. El primero fue condenado a 34.715 años de prisión por robar la dinamita de mina Conchita y facilitársela a los terroristas sabiendo que éstos podían cometer un atentado con ella. Su buena actitud y sus muestras de arrepentimiento han provocado que actualmente disfrute del segundo grado en el centro penitenciario de El Dueso (Cantabria), instalación que todavía será su casa durante muchos años.

El marroquí Zougam fue condenado a 42.922 años al ser el único al que se podía culpar de autor material de los atentados, según la sentencia de la Audiencia Nacional, que le señaló como el hombre que facilitó desde su locutorio las tarjetas utilizadas en las bombas. Actualmente se encuentra recluido en Topas (Salamanca). A dos años más que éste fue castigado El Gnaoui -aunque el Supremo le rebajó posteriormente esa 'ventaja' penal- por trer los explosivos desde Asturias hasta Morata de Tajuña y acondicionar la casa donde se prepararon las bombas del 11M.

Al también alouí Hassan el Haski alias Abu Hamza, por su parte, le cayeron 15 años de prisión, aunque luego el alto tribunal español le quitó un año. El considerado uno de los líderes del Grupo Combatiente Islámico Marroquí sigue residiendo hoy detrás de barrotes. El Harrak y Bouharrat, condenados a 12 años de prisión cada uno por ser miembros de la célula que se suicidó en Leganés, también siguen encerrados. Los mismos años le 'echó' la Audiencia Nacinoal al también marroquí Belhadj, considerado uno de los autores intelectuales de la masacre, que continúa igualmente entre rejas.

El alaouí Bouchar fue sentenciado a 18 años por pertenecer al grupo de suicidas del piso de Leganés, de donde huyó al presenciar casualmente -mientras tiraba la basura- cómo los miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía rodeaban el edificio. Continúa en prisión. Al igual que el también marroquí Hamid Ahmidan -primo de Jamal Ahmidan 'El chino', uno de los suicidas de Leganés-, condenado a 23 años por ayudar a excavar los zulos en la casa de Morata de Tajuña donde se escondieron los explosivos.

Además de ellos, otros individuos fueron relacionados con los atentados de Madrid, pero no se encargó de juzgarles la Audiencia Nacional, sino los tribunales marroquíes. Otro primo de 'El chino', Hicham Ahmidan, fue condenado por las autoridades judiciales del país africano a diez años de prisión por pertenecer a la organización que cometió la masacre. También se encuentran entre rejas en el mismo estado Abdelilah Hriz, vinculado con la casa de Morata de Tajuña y con la vivienda de Leganés -condenado a 20 años en febrero de 2008-, y Mohamed Belhadj, el hombre que alquiló el piso de Leganés, que consiguió huir de España tras la matanza, pero que finalmente cayó en manos de las autoridades alaouíes, que en enero de 2010 le condenaron a ocho años de prisión.

El cuñado de Trashorras, Antonio Toro, sigue también en la cárcel aunque no por el 11M. Por esto último fue inicialmente absuelto por la Audiencia Nacional. Luego el Supremo le condenó a cuatro años de prisión por tráfico de explosivos y esto causó que el primer tribunal recalculara las penas que le había impuesto por otros procesos diferentes y acumulara todas ellas hasta fijar en 18 años el tiempo que debía pasar entre rejas, lo que le mantendrá recluido previsiblemente hasta 2022.

12 condenados ya están en la calle

Los otros 15 condenados por la Audiencia Nacional en 2007 están actualmente en libertad, aunque la mayoría de ellos se encuentra fuera de España, ya que tras cumplir su pena el Ministerio del Interior los extraditó de inmediato. El argelino Nasredinne Bousbaa, condenado a tres años de prisión por falsificar documentos para la célula terrorista que cometió los atentados, salió en libertad tras alcanzar el tiempo de pena, un recorrido similar al que experimentó el libanés Mahmoud Sleiman Aoun por cometer el mismo delito. Ambos fueron inmediatamente extraditados a sus países de origen tras hacer frente a sus obligaciones con la justicia española.

También salieron en libertad los asturianos Antonio Iván Reis, Sergio Álvarez Sánchez y Raúl González Peláez, condenados todos ellos por su vinculación con mina Conchita, donde fueron robados los explosivos utilizados por los terroristas. El primero y el segundo -castigados con tres años de prisión- fueron considerados por la Audiencia Nacional como quienes trasladaron las mochilas cargadas de explosivos desde Asturias hasta Madrid. González Peláez, un vigilante de la mina, por su parte, colaboró en el robo de la dinamita y fue condenado a cinco años de cárcel. Todos se encuentran en libertad.

Los sirios Basel Ghalyoun y Mohannad Almallah Dabas, castigados por la Audiencia Nacional a 12 años de prisión, fueron liberados sin embargo un año después por el Tribunal Supremo, que consideró débiles las pruebas que había contra ellos. La misma suerte corrió el marroquí Abdelillah el Fadoual el Akil, que le consigió documentación falsa a 'El chino' y facilitó uno de los coches que transportó la dinamita desde Asturias. El Supremo, sin embargo, tumbó la sentencia que dictó contra él la Audiencia Nacional porque consideró escasamente motivado el registro de su casa y el beneficiado abandonó el centro penitenciario de Albolote (Granada) el 17 de julio de 2008.

El 16 de marzo de 2014, justo cuando cumplía los diez años de presión a los que le había sentenciado la Audiencia Nacional, abandonó la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz) el hombre que puso en contacto al exminero Suárez Trashorras con la célula islamista que perpetró los atentados, Rafa Zouhier, que fue inmediatamente expulsado a Marruecos por agentes de la Policía Nacional.

En 2014 abandonó el centro penitenciario de Valdemoro el marroquí Mohamed Larbi Ben Sellam, castigado por la Audiencia Nacional por "adoctrincar, reclutar y auxiliar yihadistas". El Supremo le redujo la pena de 12 a nueve años de cárcel que le había impuesto el tribunal presidido por Gómez Bermúdez, aunque su salida de prisión se retrasó unos días debido a las gestiones diplomáticas para su extradición, que se ejecutó finalmente tras ser puesto en libertad. Rachid Aglif, condenado a 18 años por su participación en la planificación y ejecución de los atentados, y Fouad el Morabit, condenado a 12 años, ya están fuera de prisión. El segundo salió a la calle este mismo 2016. Rabei Osman 'el Egipcio', considerado uno de los autores intelectuales, por su parte, condenado por la justicia italiana a tres años de cárcel, salió del centro penitenciario en el que ha estado recluido hace tres años, momento en el que las autoridades de Roma lo extraditaron hasta su país de origen.

Los 24 condenados por el 11M tanto en la Audiencia Nacional como en Marruecos, sin embargo, no fueron todos los que participaron en la masacre que acabó con la vida de 193 personas. Siete islamistas radicales se quitaron la vida en un piso de Leganés tres semanas después de los atentados, cuando se encontraban rodeados por el GEO de la Policía Nacional, que perdió a uno de sus miembros -Francisco Javier Torronteras, la víctima número 193- por la explosión provocada por los suicidas. Además, otros tres terroristas que supuestamente participaron en los ataques contra los trenes de Madrid murieron meses más tarde en Irak. Durante la instrucción del caso, la Audiencia Nacional imputó a 116 personas, aunque al final únicamente procesó a 29, de los que tres salieron absueltos.