El Gobierno no aclara a Rivera cuándo pondrá en marcha la supresión de aforamientos

El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos se abordó por primera vez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El líder de Ciudadanos pidió cuentas al Ejecutivo, hoy encabezado por Soraya Saénz de Santamaría al encontrarse Mariano Rajoy en Nueva York para asistir a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, e instó a la vicepresidenta a aclarar si en el primer trimestre del próximo año darán cumplimiento a una de las condiciones 'estrella' que Ciudadanos puso sobre la mesa para apoyar al presidente en su investidura: la supresión de aforamientos.

Lejos de tranquilizar al dirigente de centro, Saénz de Santamaría insistió en que dar cumplimiento a esa condición deberá “acompasar” una reforma de la Constitución con la reforma de 17 estatutos de autonomía, de la ley orgánica del poder judicial y de tantas otras. El Gobierno no sólo evitó concretar la fecha en la que acometerán la exigencia de los de centro, sino que pidió además especificar qué aforamientos se pretenden eliminar, “si los que afectan a todos los delitos o sólo los relacionados con la vida pública como quiere C’s, PSOE y Podemos”. En ese caso, reiteró la vicepresidenta, “habrá que aclarar también qué delitos están relacionados con la vida pública”.

La número dos de Rajoy en la Moncloa aseguró que “el PP es un partido que cumple los compromisos” para calmar a la bancada de centro, que no pudo obtener un compromiso de calendario en la sesión de control del Gobierno pese a los esfuerzos de Rivera por insistir en “la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos” y repitiendo que “nadie se puede atornillar al escaño para ir a un tribunal especial”. El líder de Ciudadanos recordó al Ejecutivo popular que las modificaciones relativas a la supresión de aforamientos recogidas en el pacto de investidura se pueden hacer “en esta Cámara” sin necesidad de “tardar tres años” como ya hizo el Gobierno para cambiar el artículo 135 de la Constitución en lo que se denominó como reforma exprés.

El documento firmado entre ambos partidos para sellar el acuerdo de cara a la investidura da fe de que los populares debieron tragar sapos en cuestiones muy delicadas para su partido como comprometerse a una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dar un importante tijeretazo al gasto público que afectará a las diputaciones y la posibilidad de reformar la Constitución, amén de aceptar la eliminación de los aforamientos.

Precisamente, la eliminación de los aforamientos “ligados a cargos políticos y representantes públicos” o la imposibilidad de conceder indultos a condenados por corrupción y la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP son tres de los puntos más importantes para los de centro y que todavía no están señalados en el calendario.