Pedraz imputa al embajador en Kabul por el atentado en que murieron dos policías

Fue un asedio de más de 12 horas atribuido a los talibanes. El objetivo era la embajada de España en Kabul y durante el ataque, cometido el 11 de diciembre de 2015, fallecieron dos policías, el subinspector Jorge García Tudela y el agente de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) Isidro San Martín Hernández. Casi 11 meses después de ese atentado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz admitió a trámite una querella presentada por la viuda de una de las víctimas y siete de los heridos. El instructor investiga al embajador en la capital afgana, Emilio Pérez de Agreda, y su segundo, Oriol Solá Pardel, por el homicidio imprudente de los agentes y por otros siete homicidios en grado de tentativa, los del personal que resultó herido. Uno de los líderes talibanes de ese país reivindicó el acto.

En su resolución, dada a conocer este miércoles, Pedraz notifica su decisión a los dos diplomáticos investigados y a la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior, del que dependían los agentes fallecidos. El auto recoge los hechos en los que se basa la querella —presentada por la viuda de García Tudela y sus hijos— básicamente relativos a las carencias en materia de seguridad del edificio atacado desde que fue construido en 2008, deficiencias que, según la denuncia fueron comunicadas tanto al embajador como al ministerio.

Pese a esas denuncias de desperfectos en materia de seguridad, según los querellantes, el embajador, Pérez de Agreda, "nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras, ni las rutas y horarios de personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el ministerio del que depende". Todo ello a pesar de que esas advertencias le llegaban de la propia policía.

El día del atentado, Pérez de Agreda se encontraba de vacaciones en España y quedó como encargado de la embajada el segundo embajador, Oriol Solá Pardel, ahora también investigado. Según la querella, Solá Pardel "tampoco respetaba ninguna de medida de seguridad". Al contrario, según la viuda de García Tudela, ponía "constantemente en riesgo la seguridad del edificio, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada sin avisar con el tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas".

La mañana del 11 de diciembre, el día del atentado, los servicios secretos franceses alertaron de que el ataque se podía producir, lo que, según la familia del fallecido, "debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad (...) que hubiera evitado que esa tarde, alrededor de las 18 horas, un coche bomba hiciera explosión en los muros de la delegación española".

Según el juez, la secuencia de hechos, "tiene apariencia de infracción penal". El magistrado considera evidente la competencia de la Audiencia Nacional, al tratarse de hechos cometidos por españoles —el embajador y su segundo— en el extranjero.