Brasil reclama la investigación del caso del descuartizador de Pioz para abrir otra allí

Las autoridades brasileñas han reclamado "todas las actuaciones policiales y judiciales realizadas en España" sobre el asesinato en Pioz (Guadalajara) de una familia (los padres y sus dos hijos) cuyos cadáveres fueron descubiertos descuartizados el pasado 17 de septiembre en la casa que los fallecidos habían alquilado en la urbanización La Arboleda. Las autoridades del país sudamericano solicitan la remisión de la investigación vía comisión rogatoria con el fin de iniciar un proceso penal contra el principal sospechoso, François Patrick Nogueira, de 19 años y sobrino de Marcos Campo Nogueira, asesinado junto su mujer, Janaína Santos Américo, y los dos hijos de ambos en la mencionada vivienda de Pioz.

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Brasil argumenta que la constitución de su país no permite la extradición de sus ciudadanos, de ahí que solo quepa la posibilidad de poner en marcha una causa judicial allí, donde además se encuentra el imputado por el Juzgado número 1 de Guadalajara desde que huyera el pasado 20 de septiembre. Según explicó el comandante Reina de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas, Patrick Nogueira tenía billete para volver a Brasil en noviembre, pero un día después de que los agentes del instituto armado hallaran los cuerpos decidió adelantar su regreso y consiguió un pasaje para el día 20. Este elemento, de hecho, fue determinante para que los investigadores pusieran el foco sobre el sospechoso.

La reclamación de la causa por parte de las autoridades brasileñas se conoce el mismo día en que el Juzgado número 1 de Guadalajara ha comunicado el levantamiento del secreto del sumario del caso, que el comandante Reina ya dio por resuelto el pasado 5 de octubre durante la rueda de prensa que ofreció en la Comandancia de la Guardia Civil de la localidad castellanomanchega. "La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables y pruebas indubitadas de que Nogueira sería el presunto autor de los hechos", sentenció entonces el mando policial, que dejó claro que tenían pocas dudas de que Patrick Nogueira fuera el asesino.

El Juzgado levanta el secreto al tiempo que acuerda "prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de las víctimas en estado cadáver o de su localización en el momento de su hallazgo, así como de los menores en cualquier situación, incluidas en atestados, informes de autopsia o cualquier otro documento o soporte en el que consten y esté unido a las actuaciones". Los cuatro miembros de la familia fueron asesinados y los dos adultos además sufrieron la amputación de algunos de sus miembros, lo que ha llevado al Juzgado a tomar esta decisión con "el fin de preservar la intimidad de las víctimas y el respeto a sus familiares".

El Juzgado ha dado orden de que todas estas imágenes sensibles sean "custodiados en una pieza separada del procedimiento" a la que únicamente podrán acceder aquellas personas que sean expresamente autorizadas judicialmente. El auto dictado para levantar el sumario también recuerda que el resto de actuaciones pueden ser consultadas por las partes personadas en el procedimiento y subraya "el carácter reservado" que tiene la causa para el público en general.

Según una nota remitida a los medios por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Juzgado 1 de Guadalajara cumplimentará "en los próximos días" los trámites para remitir la causa judicial y todas las investigaciones policiales incluidas en la misma a las autoridades brasileñas con el fin de que éstas inicien un nuevo proceso penal, como han apuntado las mismas.

Por otro lado, según la misma comunicación, "de momento, la autoridad judicial española no ha obtenido respuesta de Brasil sobre la solicitud de cooperación judicial internacional, acordada por el Juzgado 1 de Guadalajara el pasado 6 de octubre para la práctica de diligencias de investigación en aquel país, con la participación de miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil española a fin de culminar la investigación". Este silencio de las autoridades brasileñas, por lo tanto, no garantiza aún la presencia de funcionarios del instituto armado en la causa que se inicie previsiblemente en aquel país.