La juez de los ordenadores de Bárcenas rechaza la recusación del PP

La juez del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, Rosa María Freire, ha rechazado la recusación presentada por el PP a la que se adhirió el antiguo informático del partido José Manuel Moreno. La razón es que la formación no la ha presentado a tiempo, es decir, que ha dejado pasar el plazo de 10 días que establece la ley para pedir su salida desde el momento en que se conozca su identidad. La juez, no entra en el fondo del asunto, sus supuestos vínculos con el PSOE, pero ante la afirmación de la fuerza política de que era "un eficaz instrucmento de la accion política" de los socialistas, ironiza: "Desconozco si esto significa que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas".

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R.R.B.

En su escrito, el PP aseguraba que Freire incurría en la causa de recusación de "tener interés directo o indirecto en el proceso". Su reprsentación aseguraba que un vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, Álvaro Cuesta, la había propuesto para una sustitución en el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. El partido de Rajoy aseguraba, además que Freire mantenía una evidente relación con el vocal del CGPJ. Por último, señalaba que intervino como ponente en la comisión de Justicia del Congreso a propuesta del grupo parlamentario socialista en la que se debatía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"No es momento de negar la existencia de vinculación alguna -ni evidente ni profunda, ninguna- con el vocal del CGPJ señor Cuesta", escribe la juez en su auto. "Una comisión de servicios de tres meses en un juzgado central de Instrucción es una modesta aspiración para una juez y que ha de solicitarlo -no le proponen- con apoyo en los méritos de su trayectoria profesional". También recuerda en su resolución que su labor en el Congreso fue la elaboración de dictámenes técnico jurídicos y que junto a ella, también fueron designados dos magistrados de la Audiencia de Barcelona".

La juez circunscribe el debate a si el PP pudo conocer esos supuestos vínculos con el PSOE que alega antes de que transcurriera el plazo de 10 días para presentar la recusación que establece la ley desde la primera resolución en la que se contiene la identidad de la juez. "Y la respuesta no puede ser otra que sí", mantiene la juez. Tanto la petición de la sustitución en la Audiencia como su actuación en el Congreso "eran hechos públicos y estaban a su alcance desde el momento en que se realizaron las actividades (...) todas referidas a los años 2014 y 2015", añade.

"No puede apoyarse el partido recusante en que no tuvo conocimiento [de esos supuestos vínculos con los socialistas] hasta las tertulias de determinados medios de television durante el mes de agosto", mantiene Freire. "Sostener esto sería tanto como dejar en manos de Eduardo Inda, que mediante su oficio de tertuliano habitual, opinando lo que le parece, pudiera determinar el dies a quo [es decir, cuando empieza a contar el plazo] para el ejercicio de la acción de recusación", añade. "Esto no sería serio ni riguroso".

Para la instructora, el PP acudió a esta estrategia mediática una vez que conoció su procesamiento y el rechazo de su solicitud de archivo del caso. Según Freire, lo demostraría el hecho de que la noticia de Ok diario, el medio que dirige Inda, sobre la supuesta causa de recusación de la juez, citaba "fuentes del PP y en particular de sus servicios jurídicos" que se estarían planteando recusar a la magistrada por considerarla contaminada. "Es decir, que la fuente de la información es el PP, y no al revés, como pretende", concluye la magistrada.